Abandono forestal

Julio Torres

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En los últimos días ha recrudecido la violencia en la macrozona sur, una violencia que no se ha detenido desde hace años y que cada cierto tiempo presenta momentos de inusitada alza. Sólo hace unos días falleció Hellmuth Grollmus, de 86 años, debido a las complicaciones del atentado en el que perdió una de sus piernas. Hace unos días también un bus con escolares fue atacado a balazos. ¿Dónde? ¿En El Salvador de Bukele? ¿En Ucrania? ¿En México? No, fue en Chile. El Gobierno informó que lo perseguiría como un acto puramente delictual y no terrorista. Al parecer tienen antecedentes de que los asaltantes iban por las loncheras de los infantes (disculpen la ironía).

Ya nada conmueve a la autoridad. Tampoco los 26 fallecidos en la temporada de incendios, cuyos familiares, con toda seguridad, no encontrarán justicia para su pérdida. Tampoco encontrarán justicia los miles de damnificados, así como las decenas de pymes forestales que han debido cerrar por la sucesión de incendios y la ausencia de ayuda del Estado.

El denominador común para todos estos actos de barbarie es la actividad forestal. Actividad que, como las víctimas antes mencionadas, se encuentra completamente abandonada desde el punto de vista de las políticas públicas del Estado. En los planes de recuperación post incendios los pequeños propietarios han sido escasamente considerados y sin ningún tipo de priorización. Sólo son apuntados por el Ministro de Agricultura como sujetos de futuras regulaciones. El mundo al revés. Hace sólo unas semanas Conaf presentó su Plan de Recuperación y Restauración Forestal por más de 15 mil millones de pesos y que considera 8.500 hectáreas de bosque nativo. El plan es enfático en señalar que no se apoyará financieramente la reforestación de plantaciones. Esas víctimas no serán sujetas de ayuda, pese a que en muchos casos perdieron todo el patrimonio familiar de toda una vida. ¿La razón? Privilegiar la heterogeneidad del paisaje como medida que permita que la propagación de futuros incendios no sea tan rápida y explosiva. Faltó añadir que se trata de la propagación de incendios iniciados por terceras personas distintas de los propietarios que pierden sus plantaciones. No es trivial la aclaración.

De acuerdo con la autoridad, los pequeños propietarios sólo serán sujetos de ayuda si se acogen a plantar especies nativas en sus terrenos quemados. ¿Para qué? ¿Para qué no se quemen? ¿Para abastecer a una industria que no existe? ¿Para cubrir suelos en los que no sobreviven o escasamente crecen dichas especies? ¿Pensando en un horizonte de planificación de 40 o 50 años en el que la gran mayoría de los propietarios no estarán vivos? Nada de eso importa.

Lo nativo es un verdadero culto para la autoridad y por lo tanto exige un salto de fe a quienes ellos desean "salvar" en vez de "servir". Por que la función del Estado y sus representantes es servir a la población, no salvarla de una supuesta ceguera o error que solo ellos son capaces de identificar. Cuando entiendan esto, cuando se dediquen a servir y no a tratar de iluminar, habrán dado un salto hacia la madurez política.

Con una violencia barbárica desatada por la incompetencia del Estado y con políticas públicas ausentes o, en el mejor de los casos, discrecionales y arbitrarias, simplemente estamos asistiendo al desmantelamiento de la actividad forestal de pequeños y medianos propietarios, al agravamiento de la concentración forestal en grandes actores y a la agudización de la pobreza rural. No es el mejor legado para quienes vinieron a mejorarlo todo.

Como si esto no fuera suficiente, también asistimos a un retroceso de lo poco que había logrado la gestión forestal pública en estos últimos 10 años, que no era mucho. Los compromisos de carbono neutralidad al 2050 establecidos en la Ley Marco de Cambio Climático fueron boicoteados por la misma ley (¡vaya paradoja!) al excluir los monocultivos forestales de la estrategia climática. Sin el aporte del sector forestal el cumplimiento es inviable. No hay retórica o discurso de la autoridad que pueda maquillar esta triste verdad.

La actual gestión forestal y ambiental pública, que en esta administración se confunde de manera poco sinérgica, reniega de la actividad forestal. No nos engañemos al respecto. Por el lado ambiental, no le reconoce aporte a la estrategia climática, basados en una mirada reduccionista del rol de los bosques plantados; y por otra parte no reconoce ni le interesa el rol productivo de los bosques. No lo hace suyo como objeto de gestión. Las pymes madereras y todos los actores de la cadena forestal deberán buscar otro domicilio dentro de la administración del Estado para plantear sus demandas, ya que no es el servicio forestal quien los escuchará. Eso ya lo tenemos bastante claro.

Estamos abandonados a nuestra propia suerte.