Acusación contra Beyer: fuera de foco

¿Qué propósitos tuvieron en mente los diputados que presentaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, por eventual incumplimiento de deberes respecto de la fiscalización de la Universidad del Mar?

En realidad, cuesta identificar una motivación que se sostenga constitucionalmente y que favorezca el proceso de crear los instrumentos de fiscalización de los planteles de educación superior. Los vacíos legales en esta materia son responsabilidad tanto de los gobiernos anteriores como del Congreso, y difícilmente se pueden achacar al ministro Beyer, quien lleva un año y tres meses en el cargo y se ha esforzado por poner las bases de una institucionalidad que castigue ilegalidades como las de la Universidad del Mar. La creación de la Superintendencia de Educación Superior es, por cierto, un gran avance.

Quizás la acusación haya sido una forma de congraciarse con las organizaciones estudiantiles que están preparando sus primeros desfiles del año. Está bien que los estudiantes desfilen si lo desean, pero no lo está que los parlamentarios hagan política para la galería sin medir las consecuencias.

En los hechos, la acusación distrae a la Cámara de Diputados de los debates esenciales sobre el futuro de la educación y provoca una confrontación innecesaria. ¿Por qué no se usó el mecanismo de interpelar al ministro Beyer? Nadie lo sabe. Pudo ser una forma adecuada de debatir sobre cómo avanzar en materia de regulaciones de la educación superior y poner coto al lucro al margen de la ley.

Se ha dicho que la acusación podría provocar una situación inconfortable a los ex ministros de Educación de los gobiernos de la Concertación.No es lo más importante. En una sociedad democrática, la gestión de las autoridades siempre está abierta al escrutinio público.

La acusación es errada en primer término porque abusa de una facultad de la Cámara que debe ser usada con rigor. Por supuesto que si un ministro viola la Constitución o las leyes, debe responder por ello, pero no debe ser acusado por motivos subalternos, por ejemplo los cálculos partidistas en un año electoral.

Las acusaciones constitucionales deben formularse con apego a lo indicado expresamente por la Constitución, y no usarse como instrumento para la guerrilla política.Si ocurre esto último, el Congreso seguirá perdiendo autoridad ante el país.

Todo esto solo refuerza los recelos de la mayoría de los ciudadanos hacia las malas prácticas políticas que han hecho escuela en el Parlamento.Si hoy se acusa injustamente a un ministro de centroderecha, se puede esperar que mañana sufra igual trato un ministro de centroizquierda. ¿Esa es la dinámica que se quiere crear?

El gobierno de Sebastián Piñera debe ser criticado por todo aquello que lo merece, pero de ningún modo porque el “manual del opositor empedernido” aconseja crearle problemas a cualquier precio. La buena política, o sea aquella que mira por los intereses del país, implica reconocer los logros del actual gobierno, lo que incluye los progresos en educación.

Jorge Pizarro, que acaba de volver a la presidencia del Senado, declaró que Beyer debe responder por su gestión. Es obvio que debe ser así, pero lo que se discute hoy es una acusación constitucional que, como él sabe, debe cumplir requisitos específicos y puede conducir a la remoción del ministro imputado.

Dijo también que la actual coalición oficialista no actuó correctamente cuando acusó y removió de su cargo a la ex ministra Yasna Provoste, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Efectivamente, la derecha no actuó correctamente, pero de ello no se concluye que hay que imitar su manera de proceder. Si RN y la UDI actuaron con mezquindad frente a los gobiernos concertacionistas, y a veces dieron la impresión de que solo les interesaba obstaculizar su labor, lo que corresponde es diferenciarse en la forma y en el fondo.

Sería útil que los diputados y senadores reflexionaran seriamente sobre las causas del descrédito del Congreso. Es algo que debe preocuparnos a todos porque afecta la salud del régimen democrático. ¿Qué hacer al respecto?

Este año, adoptaremos decisiones que gravitarán en el rumbo del país. Si la centroizquierda aspira a volver a gobernar, tiene que demostrarles a los chilenos que es una fuerza confiable, que actúa con altura de miras y no es esclava del partidismo.

Elevar la calidad de la política es un asunto crucial para que Chile tenga mejores instituciones, que protejan eficazmente el interés nacional y los derechos de los ciudadanos. Ese es el camino del progreso. Para ello, la centroizquierda debe resistir la tentación populista y comprometerse con una forma de hacer política que tenga firmes cimientos éticos.