Apagón constituyente

Eduardo Saavedra

Ultimos publicados:

• La revolución imposible y el pasillo estrecho de la libertad
• El antipluralismo de la propuesta constitucional
• La fisura del Golpe

Este domingo 7 de mayo los chilenos estamos llamados a elegir con voto obligatorio, sistema electoral proporcional y paridad de género, a los 50 miembros del Consejo Constitucional, organismo encargado de deliberar sobre el proyecto de la nueva Constitución Política, elaborado por una comisión de 24 expertos designados por los partidos políticos que suscribieron el "Acuerdo por Chile", el pasado 12 de diciembre de 2022.

A diferencia de la Convención Constitucional, este consejo no contará con escaños reservados para los pueblos originarios, sino indexados al resultado de la elección. Además, atendido el menor número de miembros de este consejo, sus escaños serán elegidos por circunscripción senatorial, sin listas de independientes y sus decisiones estarán limitadas por un comité técnico de admisibilidad, que velará porque la propuesta se ajuste a los 12 puntos mínimos establecidos en el artículo 154 del Decreto 100. Para después ser nuevamente revisado por la comisión experta y, finalmente, someterse a un plebiscito de salida el próximo 17 de diciembre.

Este nuevo mecanismo constituyente contó con el acuerdo de la gran mayoría de los partidos políticos, desde la UDI al Partido Comunista, con miras a cumplir el mandato ciudadano, que por 78% aprobó la idea de cambiar la Constitución en el plebiscito de entrada de 25 de octubre de 2020. Sólo se restaron la extrema derecha, representada por el Partido Republicano, y una centroderecha populista llamada Partido de la Gente.

El impacto que produjo en la ciudadanía el arrollador triunfo de la opción Rechazo, por 62% en contra del proyecto de la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de 4 de septiembre de 2022, hizo que la gran mayoría de la clase política se viera obligada a acordar otro mecanismo, que evitara el maximalismo rechazado por la mayoría ciudadana.

¿Significa esto que el proceso constituyente, iniciado la madrugada del 15 de noviembre de 2019, con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas en respuesta al denominado "estallido social", ha degenerado en una ofensiva "deconstituyente" y "desdemocratizadora" -como la denomina Gerardo Pisarello-, tendiente a proteger los intereses mezquinos de las elites? No al menos desde la óptica del mecanismo formal.

Porque cuatro de los 12 puntos que conforman las Bases Institucionales y Fundamentales de la Propuesta de Nueva Constitución son aspectos que no forman parte de la Constitución vigente y fueron puntos pacíficos del proyecto de la Convención Constitucional. Tales son la soberanía popular, el reconocimiento de los pueblos originarios, el Estado social democrático de Derecho y la protección de la naturaleza y la biodiversidad.

Mientras que los ocho puntos restantes no son privativos del texto impuesto por la dictadura en 1980. Son normas y principios que representan los grandes acuerdos arribados en los distintos periodos democráticos de nuestra historia política, como son el sufragio universal, la representatividad de los actores políticos, las libertades y los derechos fundamentales, la separación de poderes del Estado, la autonomía de ciertos órganos públicos (Fiscalía, Contraloría, Banco Central), entre otros.

Por ende, mal podría interpretarse a este mecanismo como un "termidor" u "ofensiva contrarrevolucionaria" en contra de una fallida "revolución constitucional" promovida por la otrora Convención.

Sin embargo, la falta de entusiasmo ciudadano por el proceso constituyente ha producido un verdadero "apagón", el que se ha visto claramente reflejado en las encuestas de opinión pública.

Así, Pulso Ciudadano, en su estudio de 30 de abril pasado, indica que sólo el 26,3% de los encuestados declara estar interesado o muy interesado con el proceso constituyente, en contraposición al 60% que lo respaldaba en 2021 en víspera de la elección de los convencionales. Y, según Criteria, sin que se haya siquiera celebrado la elección de consejeros, la opción Rechazo ya alcanza al 28% de los consultados.

Esto se debe, como acertadamente señala Eugenio Tironi, a los problemas emergentes que el país ha enfrentado en los últimos tres años y que han cambiado las prioridades. La severa desaceleración económica como efecto de la crisis del Covid-19 y la mayor visibilidad e intensificación de la violencia del crimen organizado son problemas que la terquedad "octubrista" de la Convención desoyó completamente, y le costaron la derrota de su propuesta.

Ello explica por qué las campañas electorales de los candidatos a consejeros han incurrido en el absurdo de poner énfasis en la seguridad pública y el crecimiento económico. Dos materias que de ningún modo una Constitución puede garantizar. Pero este apagón se debe también, como han dicho otros analistas, a la circunstancia de que esta próxima elección forma parte de un acuerdo promovido por la clase política civil, cuya indolencia hasta hoy la mantiene desprestigiada.

A esto se suma el peligro inminente de que la extrema derecha del Partido Republicano alcance la primera mayoría electoral y que, en consecuencia, la derecha tradicional termine acoplándose a él. Lo que podría convertir al Consejo Constitucional en la antesala de un nuevo ciclo de polarización política, que termine colapsando al proceso constituyente y democratizador, facilitándose una ofensiva "deconstituyente" y "desdemocratizadora", que debilite a la democracia dentro de sus propios mecanismos formales.

Y aunque la extrema derecha, liderada por José Antonio Kast, no sea conceptualmente un partido fascista, sabemos que pertenece -como bien apunta Heraldo Muñoz- a una "derecha populista y contestataria", que al igual que los Trump, los Orbán, los Bolsonaro o los Bukele, "apela a los temores de la clase media-baja que teme caer de nuevo en la pobreza y a la defensa de los intereses individuales, supuestamente ignorados por el Estado frente a problemas como la inflación, la delincuencia y la inmigración incontrolada".

Por ello, no debemos desaprovechar nuevamente la gran oportunidad que el proceso constituyente nos brinda para robustecer nuestra democracia, entendida no como una simple forma de vivir juntos, sino -en palabras de Manuel Cruz- como una cultura democrática basada en los valores de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad.

En tal sentido, los partidos políticos comprometidos con la cultura democrática tienen el deber de superar ese formalismo puramente defensivo, tecnicista y mojigato, que Octavio Paz califica de "mentira oficial y constitucional", y sustituirlo por la promoción de aquellas condiciones objetivas que posibilitan la democracia, partiendo por un debate público de calidad y al alcance de todos.

Lo que todavía está en juego es la legitimación de una democracia deliberativa, cuya ciudadanía sea consciente del sacrificio. Nuestras legítimas demandas de autonomía, dignidad e inviolabilidad requieren del mismo esfuerzo que exige el amor a nuestros hijos.

El etiquetamiento identitario, especialmente a través de las redes sociales, nos ha mantenido anquilosados en el apagón de la victimización y su correlato populista. Y para superarlo es necesario sacrificar el confort de nuestro ensimismamiento y volcar nuestra mirada hacia el otro, si lo que realmente queremos es conquistar, a plena luz, una sociedad libre de dominación y servilismo.