Búsqueda de acuerdos, ¿para qué?

Durante las últimas semanas se ha instalado una interesante discusión acerca del funcionamiento de un buen conjunto de instituciones del Estado. 

Las fuerzas armadas, con gastos reservados discutibles en su finalidad; dolo en la compra de pasajes aéreos, elevadísimos gastos en ceremonias institucionales y fraudes de alto costo. 

Carabineros, no solo cuestionado por sus procedimientos, innecesariamente violentos, más una falta de autoridad que impida la destrucción de pruebas, imputaciones falsas o fraudes millonarios. 

El funcionamiento de la institucionalidad que acoge a los niños que no encuentran acogida en sus familias. 

Permanentes pérdidas financieras, en la administración de la televisión pública. 

Cuestionamientos legítimos al incremento de los peajes por el uso de las carreteras y vías concesionadas. 

Y, por cierto, polémica por las remuneraciones que perciben las autoridades del Estado, incluyendo la administración de las empresas estatales. 

Esta lista puede ser incrementada con muchos otros ejemplos. 

La pregunta es, entonces, ¿cuándo discutimos, con voluntad de solución real, la manera en que se está administrando el Estado, en sus diferentes estamentos? 

Ello resulta particularmente válido, en un período en que, mas allá de los ritmos, Chile se precia de ser una de las economías de mayor desarrollo en las últimas décadas pero que, sin embargo, mantiene inaceptables diferencias en la apropiación de los beneficios del crecimiento, impidiendo que el salario mínimo permita llegar a la cifra que determina la “línea de la pobreza”. Es decir, una persona puede trabajar todo el mes, con contrato de trabajo, cumplir todas sus obligaciones y, recibir una renta que la mantiene, indefinidamente, en condición de pobreza, a él o ella y su familia. 

Desde cualquier perspectiva ética, vale preguntarse, ¿es posible mantener esta situación, por un largo plazo, habiendo condiciones para una construcción social basada en criterios de justicia social mínimos? 

Parece evidente que existe una asimetría muy elevada entre las condiciones en que funcionan las instituciones rectoras del Estado y aquellas que acompañan a la mayoría de la población. 

Tal vez esta condición debiera motivar a todos los sectores políticos para, más allá de sus legítimas diferencias, intentar acordar “mínimos y máximos”, en la administración de las instituciones y empresas del Estado y, las condiciones en que se debate la inmensa mayoría de la población, especialmente en lo que dice relación con la renta proveniente del trabajo, que es lo que reciben casi todos los chilenos. 

Desde diferentes sectores se ha empezado a hablar de “la necesidad de los acuerdos”, pero para que aquello sea, no sólo posible, sino útil, pareciera ser necesario, primero, acordar que hay circunstancias  que nunca deben permitirse.

Ni un manejo discrecional, que permite todo tipo de excesos, sino delitos, en las instituciones del Estado, ni condiciones salariales que no se compadecen, ni con el desarrollo de nuestra economía, ni con elementos mínimos de Justicia social, que permitan pensar en la construcción de una sociedad que avance en criterios de equidad básicos, como respuesta a cualquier concepción humanista, sea esta cristiana o laica.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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