Carta abierta a los/as presidentes/as de partidos políticos de Chile

Rodrigo Bustos Bottai

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Junto con saludarle, nos dirigimos a usted para recordarle que, a partir del 18 de octubre de 2019, Chile comenzó a vivir uno de los episodios más transformadores de su historia reciente. Las multitudinarias protestas que reclamaban mejores condiciones de vida e igualdad social dieron paso a un proceso constituyente inédito. Si bien la ciudadanía de manera amplia decidió que el texto propuesto por la Convención Constitucional no debía convertirse en la nueva Constitución del país, se ha comprobado en innumerables ocasiones que la actual Constitución dictada en tiempos de Augusto Pinochet, obstaculiza los cambios necesarios para conseguir un Chile más justo.

Por consiguiente, dejar atrás la Constitución actual es indiscutiblemente un imperativo en estos momentos y el proceso que nos lleve a un nuevo texto constitucional debe poner en el centro las causas que desencadenaron el llamado estallido social. Las demandas ciudadanas deben ser consideradas porque son legítimas, van en consonancia con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y porque sin ellas no estaríamos viviendo este nuevo proceso histórico que hoy está en manos de los partidos políticos.

Respecto a los diálogos entre los distintos partidos con representación parlamentaria, Amnistía Internacional reitera que es imprescindible que todo el proceso se dé de cara a la ciudadanía y sea ampliamente participativo e inclusivo.

Por último, es importante recordar que cambiar la Constitución que ha beneficiado a unas personas por sobre otras, debe ser el motor que guíe los pasos de este nuevo camino que estamos transitando. Está en sus manos velar para que el proceso que nació en el corazón de la ciudadanía, continúe en esta nueva etapa incluyéndola, a fin de que el proceso represente cabalmente la necesidad de mayor justicia y dignidad para todas y todos.

Desde Amnistía Internacional estaremos observando con especial atención el proceso e instamos a garantizar que los derechos humanos tomen un rol protagónico en cada una de las etapas que abrirán paso a la nueva Constitución que Chile necesita, incluyendo el derecho a la información y a la participación.