Codelco y la donación de la CPC

Eduardo Ramírez

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Con curiosa pomposidad, las redes sociales de Codelco celebraron la donación de 117 ventiladores mecánicos de emergencia por parte de la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio). Curioso, no sólo por apalancar las relaciones públicas de un gremio privado, sino también porque la empresa declaró ser parte de dicha donación.

¿Qué detalles justifican, en un contexto de pandemia, mirar con cuidado esta asociación público-privada? Al respecto, hay consideraciones jurídicas y políticas.

Corría el año 2008, y los trabajadores de Chuquicamata realizaban su habitual donación a la Teletón, un día de sueldo, el cual era descontado por planilla desde la empresa, que operaba como facilitador. No obstante, no todo era miel sobre hojuelas.

La presión de los sindicatos del norte para construir un centro de rehabilitación en la ciudad de Calama iba en ascenso, lo que llevó a Codelco a donar a la institución USD 1 millón para materializar la obra.

Todo bien hasta ahí. Sin embargo, la otrora senadora Evelyn Matthei, solicitó a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la procedencia y facultades de la empresa Estatal al respecto. El oficio de Contraloría fue categórico y señaló que “la minera no tiene atribuciones para donar bienes o recursos que forman parte del patrimonio de la empresa”, citando la normativa legal vigente. El ente regulador añadió que “la empresa sólo podría realizar donaciones o contribuciones a través de una norma legal expresa que la autorice”. Fue así como Codelco tuvo que echar pie atrás a la donación efectuada.

Bien vale preguntarse entonces de qué manera Codelco contribuyó a la donación de la CPC.

Por otra parte, no se puede desvincular el propósito de la empresa del contexto político que la creó: un amplio acuerdo nacional que buscaba la soberanía nacional sobre sus recursos naturales. Vale decir, un esfuerzo por construir una sociedad que se valga a si misma, y que no dependa de voluntades particulares.

Es aquí cuando urge comprender las iniciativas de caridad privada dentro de un marco político. Vale decir, las correlaciones de fuerza que se desprenden al contribuir al bien común desde la absoluta voluntad, o bien desde un acuerdo social y legal que lo regule.

No podemos olvidar que Juan Sutil, el actual Presidente de la CPC, no trepidó en quitar los auspicios de sus empresas a un canal que cubrió el Estallido social en una línea diferente a los juicios que él libremente profesa.

Bien por el aporte de la CPC, pero no podemos depender solamente de la volatilidad de sus voluntades, ni mucho menos secuestrar las herramientas estatales para apalancar arbitrariamente sus iniciativas privadas.