De un tiempo a esta parte, la comuna de Colbún, ubicada en la precordillera de la provincia de Linares, en mi querido Maule Sur, se ha constituido lamentablemente en un símbolo de la corrupción municipal en la región, siendo uno de los casos más escandalosos dentro de diversas irregularidades a nivel nacional.
El largo historial parte de un hecho noticioso que causó conmoción pública: cuando un reportaje periodístico reveló que el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, en los años 2015 y 2016 viajó junto a varios concejales a Francia, Colombia, México y Brasil, para supuestos seminarios de capacitación que resultaron en vacaciones pagadas con viáticos, los que no fueron aprobados por el concejo municipal. Todo comprobado por Contraloría. Peor aún, cuando Muñoz fue requerido en el mismo municipio tuvo un trato amenazante con el periodista, el que incluso fue golpeado por adherentes del alcalde.
Pues bien, en junio de 2022 la Contraloría ordenó que el alcalde y los concejales debían reintegrar los dineros mal usados en el extranjero, los que ascendían a más de 40 millones de pesos. A esto último, se suma el despido por motivos políticos de cuatro funcionarios municipales, efectuado por Muñoz a fines de 2021, irregularidad que oficiamos a Controlaría y al propio municipio en septiembre pasado, la que fue confirmada por el ente fiscalizador ordenando el reintegro de los trabajadores.
En la misma línea, en marzo también oficiamos a la Contraloría debido a variadas reclamaciones realizadas por concejales y funcionarios municipales desde junio de 2021, no resueltas por el propio ente contralor regional, como los dos requerimientos de remoción contra el alcalde presentados ante el Tribunal Electoral Regional y admitidos a trámite el 31 de enero y 14 de marzo recién pasados. Lo anterior, en virtud de acusaciones por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad.
Las irregularidades continúan: en sesión del concejo municipal del 3 de febrero se impidió efectuar la votación por la destitución del administrador municipal; que el 14 de marzo modificó las funciones de su cónyuge dentro del municipio, pasando de directora de Dideco a asistente social, siguiendo al edil en orden jerárquico, o el que se mantenga en funcionamiento el balneario municipal, cuya licitación fue rechazada por los concejales.
La "guinda de la torta" vino en febrero pasado, con la realización del festival comunal que tuvo a números como Los Vásquez, Dino Gordillo, Noche de Brujas y Bombo Fica. El evento funcionó con normalidad, pero las irregularidades vinieron por pagos inflados efectuados desde el municipio a los artistas invitados, lo que fue denunciado por los concejales a la Contraloría, por lo que también remitimos oficios.
Es más, fue el mismo humorista Dino Gordillo quien se contactó con los concejales mostrando su molestia debido a que en la orden de compra de su contratación ($5 millones) aparecía por un monto superior (casi $12 millones) al que efectivamente se le había cancelado por su show. Además, se contrató una productora que pagó de forma fragmentada a los artistas, situación que está penada por la ley de compras públicas. En consecuencia, de los $107 millones estipulados para el festival se terminaron gastando $193 millones, diferencia que nunca pasó por el concejo municipal, según indicaron concejales.
Finalmente, en marzo pasado, la Contraloría detectó nuevas irregularidades en la Municipalidad de Colbún, esta vez por los ingresos recibidos por concepto de permisos de circulación. Entre las anomalías se encontró que durante 2021 el municipio otorgó 197 permisos a vehículos que mantenían multas impagas por un monto total de más de $20 millones; se advirtieron 28 pagos recibidos por permisos emitidos de manera presencial -que suman $15 millones- y sobre los cuales no fue posible identificar el medio de pago utilizado por el contribuyente; o que funcionarios de la Dirección de Tránsito mantenían perfiles en el sistema en línea para eximir de pago de multas a individuos sin la aprobación de alguna jefatura.
No da la extensión de este espacio para seguir, pero en lo que sí estamos aportando desde el Congreso Nacional es en propuestas y proyectos de ley para terminar con la corrupción en los municipios, en casos bullados como el de Colbún con Muñoz, Vitacura con Torrealba o Viña del Mar con Reginato, por nombrar algunos. En ese espíritu corre la iniciativa legal presentada por el Frente Amplio y parlamentarios de diversos sectores, llamada "Municipios Transparentes", que consta de 30 medidas que buscan incorporar normas para la prevención de la corrupción, ampliar los mecanismos de participación ciudadana, y elevar los niveles de probidad y transparencia en la gestión municipal, de corporaciones y fundaciones de participación municipal.
Y tal como lo han dicho concejales de Colbún, necesitamos mayor celeridad en las investigaciones y definiciones de la Contraloría Regional del Maule en casos de flagrante corrupción, así como impulsar nuevas ideas para poner coto a este tipo de hechos, que solo producen perjuicio a las y los vecinos, en especial a los de comunas rurales, lamentablemente alejadas y aisladas del ojo público y de la probidad de algunas de sus autoridades.
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