Combatir la delincuencia a través de la educación y el respeto de los DD.HH.
Se ha puesto nuevamente en el tapete de la discusión política el que las Fuerzas Armadas deben involucrarse directamente en el combate del delito. El alcalde Vodanovic planteo el tema hace un par de semanas, y se podría perfectamente pensar que fue pauteado, nada menos y nada más que por la ministra del Interior, quien se ha caracterizado por centrar la persecución del delito y sus mafias en la represión.
Son muchas las razones para decir que ¡no! a la acción militar en el combate del delito, entre otras, porque las FF.AA. están diseñadas y entrenadas para proteger y defender al país de amenazas externas. Su principal enfoque es la defensa militar de estados agresores.
El combate del delito y el mantenimiento del orden público son funciones que recaen en las fuerzas policiales. La seguridad interna debe ser abordada por una policía debidamente capacitada para abordar situaciones delictivas, con un trabajo muy riguroso en cuanto a la inteligencia y supervisadas para mantener la confianza y el respeto de la comunidad y así mantener la paz en el ámbito interno.
Las Fuerzas Armadas y las policías tienen enfoques y objetivos diferentes. Las FF.AA. están entrenadas para utilizar la fuerza letal en la guerra. La aplicación de tácticas militares en situaciones delictivas puede resultar desproporcionada y poner en riesgo la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. Mientras que las policías, teóricamente al menos, se centran en la aplicación de la ley y la protección de los derechos civiles.
Las Fuerzas Armadas están equipadas con armamento y tecnología diseñados para la guerra, lo que implica un mayor potencial destructivo. El uso de tales recursos en situaciones delictivas puede llevar a consecuencias graves, como daños colaterales o violaciones de los derechos humanos.
La presencia de las FF.AA. en operaciones de aplicación de la ley penal puede generar una sensación de falsa seguridad, mientras se militariza la sociedad con los peligros que ello implica para la democracia, adicionalmente esto puede erosionar aún más la ya dañada confianza en las instituciones civiles encargadas de hacer cumplir la ley.
Adicionalmente las Fuerzas Armadas van a perseguir al pequeño delincuente, de poca monta, al último eslabón de la cadena, no a los verdaderos causantes del fenómeno social de la delincuencia. Perseguir, enjuiciar y encarcelar al que trafica gramos de cocaína, hay que hacerlo por supuesto, pero no es la solución. Hay que perseguir a quienes trafican toneladas y que no guardan las multimillonarias ganancias debajo de su colchón.
Por todo ello, en la lucha contra la delincuencia es fundamental adoptar enfoques integrales que aborden las causas profundas de este problema social, es que no puede considerarse la intervención de las FF.AA. en la prevención y lucha contra el delito.
Para combatir la delincuencia una de las formas más efectivas y sostenibles se basa en la educación y el respeto a los derechos humanos.
Este enfoque busca no solo prevenir la delincuencia, sino también promover una sociedad justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana. Ello supone repensar y transformar el modelo de desarrollo que nos propone el capitalismo. La cultura del tener y el fetichismo del consumo es un factor de esta ola de criminalidad.
El respeto a los derechos humanos no solo es un fin en sí mismo, sino también un medio, cuando se respetan los derechos fundamentales de todas las personas y los pueblos se promueve la igualdad, la justicia y la inclusión social. Esto reduce las disparidades socioeconómicas y las brechas de desigualdad que a menudo están asociadas con la delincuencia.
Un aspecto fundamental de este enfoque es la promoción de valores como la solidaridad, el pensamiento crítico, la no discriminación, el respeto, la tolerancia y la empatía. Al fomentar el respeto por los demás y por los derechos humanos, se crea una cultura de convivencia pacífica. En este sentido hay que incorporar la educación en derechos humanos como parte integral de los currículos escolares, con el objetivo de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades.
En este sentido, es esencial fortalecer los sistemas educativos, desde la educación preescolar hasta la educación superior, para garantizar que todos/as tengan acceso a una educación gratuita y de calidad.
Por ello se debe crear las más amplias posibilidades de educación y cultura para el pueblo. Hay que llenar el país con museos, bibliotecas, casas de cultura, grupos de teatro y danza, artistas plásticos, músicos, cantantes, orquestas, murgas, fotógrafos, cineastas, instructores de arte, etc. Ello implica invertir en infraestructuras educativas, capacitación docente, programas de apoyo socioemocional y actividades extracurriculares que promuevan el desarrollo integral de los/las jóvenes.
El combate a la delincuencia basado en la educación y el respeto a los derechos humanos es una estrategia sólida y sostenible. Al empoderar a las personas a través de la educación y promover una cultura de respeto por los derechos humanos, se puede prevenir la delincuencia y construir una sociedad más justa y segura.
Este enfoque no es una solución instantánea. Requiere un compromiso a largo plazo, una inversión continua y un esfuerzo coordinado por parte de todos los sectores de la sociedad.
Solo a través de la educación y el respeto a los derechos humanos, y tomándonos muy en serio que el sistema que pone la centralidad en las cosas y el dinero necesariamente debe cambiar, nos permitirá construir un futuro en el que la delincuencia sea cada vez más marginal y la dignidad humana sea protegida y valorada.
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