¿Cómo mitigar el clientelismo político?
Es un proceso inherente al ejercicio de la política, pero no es patrimonio de un país, de un partido, de un líder o de un territorio, se puede observar en varios niveles de gobierno y en distintas latitudes del mundo. Por cierto, es una expresión “distorsionada” de la relación entre gobernante y gobernado.
Es un fenómeno que da cuenta de una relación entre gobernantes (a veces funcionarios de gobierno) y personas o grupos y que se basa en un intercambio de favores dentro de una relación de mutuo beneficio “yo te doy y tú me das”.
En concreto, las personas y grupos obtienen del gobernante tratamientos excepcionales como favores, proyectos, concesiones, privilegios que les representan un provecho propio.
El gobernante por su lado, obtiene un beneficio recíproco a cambio del favor concedido, que se expresa fundamentalmente en apoyo a través de votos en tiempos electorales.
Incluso se puede manifestar en otro tipo de apoyos para mantenerse en el poder, como por ejemplo, censura o autocensura de opiniones públicas de personas o grupos, que bajo otras circunstancias, expresarían públicamente malestar hacia aquellos gobernantes.
¿Qué hacer para mitigarlo? Plantear eliminar el clientelismo político es tan irreal como pretender naturalizar su existencia y no hacer nada para reducirlo o enfrentarlo.
Sin desmedro del necesario fortalecimiento de leyes que promuevan la transparencia y la probidad en los asuntos públicos, el camino más largo es el fortalecimiento de la sociedad civil para que a través de sus líderes sociales, se transforme en un contrapeso social efectivo a este tipo de prácticas. En esta línea, tres son las alternativas que veo viables para mitigar este fenómeno.
El primero es formar y/o empoderar ciudadanos, líderes sociales para que se transformen en un contrapeso “informado” del - a veces incontrarrestable - ejercicio del poder político.
Una sociedad civil desinformada y desapegada de “lo público”, es más fácil cooptarla y ejercer prácticas de clientelismo político. La captura y el intercambio de favores, encuentra tierra fértil en sociedades desinformadas y apáticas.
Segundo, democratizar la decisión de recursos públicos. Experiencias donde la decisión de una parte de los recursos públicos se transfiere a ciudadanos, especialmente aquellos que financian obras susceptibles de clientelismo político, contribuyen notablemente a transparentar la gestión pública y a mitigar este fenómeno.
La democratización de la inversión pública es un camino poco explorado en niveles nacionales y regionales de gobierno, la práctica a escala local ha demostrado que puede contribuir a transparentar la gestión pública, siempre y cuando la sociedad civil cumpla un rol protagónico en su implementación.
En casos donde esto no sucede, la experiencia termina siendo usada como una estrategia de renovación del clientelismo del gobernante con el gobernado.
Tercero, fortalecimiento de la educación cívica en colegios y universidades. Preparar ciudadanos democráticos, que ejerzan una ciudadanía activa (derechos y deberes), resulta esencial para contar con una sociedad civil empoderada, informada, crítica y propositiva de los temas “públicos”.
Enfrentar este fenómeno es tarea de todos, es cierto, pero existen instituciones que pueden asumir un protagonismo mayor, al menos en el fortalecimiento de la sociedad civil. Las universidades pueden y deben fortalecer el capital cívico y social, capacitando, transfiriendo herramientas y empoderando a la sociedad civil, saliendo del tradicional rol de sólo formar profesionales y ciudadanos para el futuro.
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