Corrupción en compras públicas: Una enfermedad endémica
Una enfermedad endémica es aquella que está todo el tiempo presente en una comunidad, sin que se logre erradicarla. La corrupción en Chile, al igual que el coronavirus, ya tiene esa característica: es endémica. Convive con nosotros, y lo que es peor, se ha normalizado. Ya nada nos sorprende y cada caso de corrupción supera en descaro y cuantía al anterior.
Por supuesto, de nada de esto nos enteramos por la autoridad encargada de fiscalizar. Usualmente los robos son descubiertos por azar: por un soldado que apostó de más en el casino, con recursos fiscales; por una denuncia anónima, como en el caso luminarias; o por un grupo de esforzados periodistas realizando investigación. Algunas veces, las menos, se descubren producto de la fiscalización de la autoridad.
Recientemente, un trabajo investigativo publicado en Ciper reveló, entre otras cosas, que en el Hospital de La Florida se compraron mascarillas con 30% de sobreprecio por un monto de 1.300 millones de pesos. Lo más grave, sin embargo, no es esto, sino el hecho de que fueron compradas a una empresa que tenía menos de un día de existencia legal y cuyo dueño (vaya casualidad) era cuñado del encargado de asignar las licitaciones en el hospital. Es decir, un caso manifiesto de tráfico de influencias.
¿Cómo puede suceder esto? Hoy en día es imposible para una persona sin conocimientos informáticos avanzados, muchos recursos económicos y excesivo tiempo libre, saber qué licitaciones fueron asignadas demasiado rápido, o a empresas que tenían menos de un mes de existencia. Ambos son indicadores que plantean una elevada sospecha de corrupción. Del mismo modo, tampoco existe un registro único de dueños finales de empresas (como si lo hay en otros países OCDE) ni un registro público que contenga la lista de todos los funcionarios del Estado. Todo esto impide a un ciudadano (y a la misma autoridad fiscalizadora) saber si existen relaciones de parentesco entre quienes obtienen un contrato y quienes lo asignan desde elaparato público.
Cabe presumir, entonces, que la existencia de este tipo de prácticas de corrupción, como la detectadas en La Florida, es mucho más frecuente de lo que se pudiera imaginar: nuestro sistema de compras públicas pareciera estar diseñado más para ocultar los robos que para sacarlos a la luz, al carecer de mecanismos efectivos y públicos para detectar operaciones sospechosas.
Las grandes reformas que el país necesita en salud y pensiones requieren más recursos o una mejor administración de ellos. De este modo, la corrupción se ha convertido en un obstáculo al desarrollo, al privarnos del capital necesario para crecer.
La buena noticia es que este saqueo del Estado, tiene un antídoto: mayor transparencia que permita empoderar efectivamente a la ciudadanía y a la misma autoridad fiscalizadora (Contraloría), creando un registro de sociedades que contenga los dueños finales de todas las empresas y estableciendo un portal público de licitaciones, que permita efectivamente detectar la corrupción (en vez de esconderla), identificando patrones de compras sospechosos de corrupción.
Finalmente, el robo producido en el Hospital de La Florida afectó a la zona sur oriente de Santiago, una de las más pobres y golpeadas por la pandemia. Poner fin a estos delitos, usando modernas herramientas de transparencia, es un imperativo ético y de eficiencia. No hacerlo es pavimentar el camino de nuevos estallidos sociales, de personas que sienten que el Estado es sólo una entidad secuestrada por unos pocos, para su propio beneficio.
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