Cuenta Pública: mujeres protegidas ¿cuándo?

Ha pasado un año y medio desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia de la República. La campaña electoral se basó en tres compromisos que se basan en recuperar la confianza para volver a generar progreso social y económico, el fortalecimiento de la clase media y acompañar a las familias chilenas en los desafíos que se propongan.

Fueron el pilar para anunciar cinco prioridades: Salud, Empleo, Educación, Seguridad Ciudadana, Adultos Mayores e Infancia. Entre compromisos y prioridades se levantaron los slogan del progreso y crecimiento para Chile, pero su prioridad  no fueron los derechos y las igualdades. 

Las expectativas ciudadanas eran altas, la arrogancia del gobierno por haber ganado las elecciones aún mayor. Sin embargo, la realidad ha golpeado rápido y duramente. Chile no crece, el empleo cada vez se ve más deteriorado, las y los trabajadores sienten cada vez mayor preocupación por el empleo y la calidad del empleo; según la encuesta CERC-MORI, el trabajo pasó a ser la segunda preocupación de las y los chilenos, desplazando salud y educación. 

El gobierno ha tratado de hacer una política comunicacional que impacte en la clase media, incluso ha tenido el atrevimiento de nombrar sus programas como “Clase Media Protegida”, pero no es más que un slogan, cuando los indicadores muestran que en realidad es un proceso regresivo para las familias de clase media y favorecer a los más ricos.

¿Cuántos trabajadores a honorarios están dentro de la clase media y se vieron afectados porque sus impuestos retenidos se fueron directos a las AFP?, siendo que nadie confía que las pensiones administradas por estas instituciones, mejoren la calidad de vida, más bien se tiene la certeza que empobrecen la vida de la gente. 

La encuesta CERC-MORI de mayo señala que el 50% de la clase alta cree que el país va en una dirección positiva; sin embargo, el 68% de los encuestados de clase baja cree que el país va en una dirección errada.

¿Qué nos dice este indicador? Es evidente que la ciudadanía cada día resiente las políticas del actual gobierno, se ancla en el consciente colectivo que hay privilegios para los más ricos y pocos avances para los menos favorecidos, generando polarización social y una profunda frustración frente a los compromisos de los gobernantes.

El llamado a una gestión basada en la meritocracia, se cae a pedazos cuando se dan a conocer  las nominaciones de familiares y amigos en altos cargos públicos, los viajes de negocios de los hijos del presidente o los contratos entre las empresas y el Estado vinculadas a funcionarios de gobierno y sus familiares.

Es un golpe profundo a un sector mayoritario de la población que creyó en los compromisos de este gobierno, pero que ve inalcanzable que cumpla con ellos. 

Hoy es la cuenta pública del segundo año de gobierno de Sebastián Piñera, donde se espera que anuncie como gran logro el proceso de tramitación de la reforma laboral, la reforma a las pensiones, la reforma a salud, incluso la reforma tributaria.

Pero todas y todos sabemos que estas reformas solo tienen un impacto positivo en una cantidad muy minoritaria del país, porque reducirán los ingresos fiscales para programas y políticas públicas, hasta una reforma de pensiones que le asegura a las AFP más utilidades a costa de las jubilaciones de las y los adultos mayores. 

Además, es importante considerar que estas reformas están en tramitación en el congreso, sin embargo, éstas no sólo tienen un impacto regresivo en la mayoría de las familias chilenas, también tienen un impacto perverso en las mujeres.

Según datos del INE, cuando hablamos desde la perspectiva laboral, la remuneración promedio por hora en mujeres es de $4.555 y en hombres es de $5.136, es decir, una brecha del 11,3% y la desocupación en el trimestre enero-marzo para las mujeres fue del 7,9% mientras que en los hombres fue del 6,1% y la pensión promedio de vejez para mujeres es de $189.807 y para hombres $314.839, un 39% de diferencia.

En materia de Salud, un análisis de la Superintendencia del área, revela que las mujeres cotizan un monto más alto que los varones en Isapres y que, con el tiempo, los planes se han encarecido en mayor proporción para ellas que para los hombres. En 2007, una mujer cotizaba $88 mil cada mes, en promedio, pero en 2017 ese monto había subido a $130 mil, es decir, un incremento de 48% real. 

Este gobierno en ningún caso ha priorizado una agenda que ponga el foco en la prevención y protección de las mujeres frente a abusos, maltratos y violencia.

A la fecha, según cifras del gobierno se registran 18 femicidios consumados mientras que por su parte, la Red Chilena contra la Violencia registra 26, esta diferencia se debe a la concepción limitada de lo que se entiende oficial o legalmente por femicidio y su reducción al asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente, dejando fuera un porcentaje significativo de delitos extremos de violencia contra las mujeres basadas en otras modalidades de relación.

Así mismo, las denuncias de mujeres por acoso sexual laboral, según la Dirección del Trabajo durante el primer trimestre del 2018 sumaron 234, lo que significa un aumento del 51%. 

A la fecha, no vemos ningún compromiso real del gobierno para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, o bien, si hablamos de salud.

¿Cual es la agenda del gobierno en garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva si nos niegan el derecho a decidir, si no hay ninguna ley que prohiba el sobre cobro por planes de salud?

Es evidente que este gobierno jamás será un gobierno feminista, ni mucho menos. Sin embargo, la ausencia de políticas que garanticen derechos, que ponga la centralidad en las personas y no en las utilidades de las empresas, es la gran deuda del gobierno de Sebastián Piñera. 

¿Cuántos decepciones más se visualizan? ¿Cuántos compromisos no cumplidos habrá durante este mandato? Se dijo, por un llamado a la unidad nacional, los niños y niñas primero, sobre todo las y los del Sename, pero de enero a marzo van más de 30 fallecidos. ¿Cuánto ha bajado la delincuencia? ¿Qué ha hecho el gobierno para dar paz en la Araucanía, luego de una política fracasada de militarización que golpea tras el asesinato de Camilo Catrillanca? Hay muchas interrogantes frente a las propuestas, compromisos y prioridades del gobierno, tras los anuncios durante este año y medio de mandato y de las políticas públicas implementadas, sobre su impacto, el real beneficio hacia las y los chilenos. 

El gobierno asume que tiene debilidades, ellos las llaman debilidades comunicacionales. Sin embargo, las debilidades no son exclusivamente comunicacionales como los errores en los protocolos de viajes o las constantes frases desafortunadas de una ministra Vocera que solo transmite agresividad e incapacidad de diálogo, sino que también en políticas públicas que fortalecen la generación de pobreza y deterioro de la calidad de vida, como la reforma tributaria que limita la capacidad de ingresos fiscales como política redistributiva, que fortalece la elusión y los mecanismos de rebaja de impuestos a los que más riqueza obtienen en el país o la reforma de pensiones que consolida un sistema de capitalización individual que no logra generar siquiera un retorno del 40% del último salario del pensionado, empobreciendo la vida de las y los adultos mayores.

De aquí al 2020 solo nos cabe preguntar ¿qué es lo que mejorará la vida de la clase media, de las y los adultos mayores, de las y los niños del Sename?

Esperamos que realmente sean una prioridad y un compromiso de política pública efectiva y no de un slogan de campaña o la frases políticamente correctas para una cuenta pública.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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