¿De qué les sirve la política a los chilenos?
La representación en la política como un ejercicio de depuración del pueblo, de infantilización de quienes no pudiendo supuestamente gobernarse a sí mismo se gobiernan mediante otros, hace crisis.
Hace crisis la elitización de los espacios de poder mientras la crisis social y económica es vivida y relatada por quienes no forman parte de la toma de decisiones.
La democracia tutelada de los 90, la creación de la idea de clase media sostenida en la deuda y el progreso amparado en el consumo hacen agua cuando la línea de la pobreza es tan fina que una familia la atraviesa ante una inesperada enfermedad o tras apenas tres meses de pandemia.
Más allá de los avances en algunas áreas (obligatoriedad y gratuidad universitaria, pilar básico solidario) no hay un modelo de seguridad social en Chile que sostenga permanentemente el acceso sistémico y suficiente a derechos humanos básicos como salud, vivienda, empleo o pensiones.
Entonces, ¿de qué les ha servido la política a los chilenos? La crisis de la democracia amparada en la defensa irrestricta del modelo económico pactado, las trabas constitucionales sumadas a la ya mencionada elitización de la política hacen agua junto con la economía de miles de familias.
En medio de este contexto, en el Gobierno de Sebastián Piñera triunfa el sector conservador y a pocas horas de la Cuenta Pública Presidencial observamos con preocupación un desgobierno donde el presidente no tiene control de su coalición, carece de apoyo ciudadano, pero mantiene una agenda neoliberal en lo económico, y autoritaria en lo democrático. Muy mala receta. Con dos terremotos como el estallido y la pandemia, con un pueblo más vivo que nunca, parece razonable aceptar la urgencia de virar el rumbo. Pero mientras lo nuevo no termina de nacer, lo viejo siempre se resiste a morir.
Nos preocupa el manejo social y económico que el Presidente Piñera ha realizado durante la pandemia. Seguimos escuchando promesas para la clase media, pero vemos que tras cuatro meses sus ingresos han caído por debajo de la línea de la pobreza, realidad aún más dramática en las mujeres que hemos visto disminuida en un 40% la ocupación laboral.
El camino al progreso de los últimos 30 años ha estado cimentado sobre privatización y deuda, y las soluciones para una población que vive agobiada y endeudada para poder comer y estudiar, no pueden ser las mismas.
Hoy hay cerca de 700 mil trabajadores que están viviendo con la mitad o el 30% de su sueldo porque sus empleadores se acogieron a la ley de protección del empleo del Gobierno, hasta ahora las Pymes no han podido acceder al FOGAPE y el IFE no llegó al bolsillo de todos los hogares que lo requerían.
Planteamos en marzo la necesidad de una Renta Básica de Emergencia para el 80% de los hogares, la suspensión del cobro de créditos, el subsidio al arriendo y a las Pymes y la respuesta que recibimos fue que queríamos hipotecar la estabilidad financiera del Estado. ¡Queremos salvar la estabilidad financiera de las familias! La plata siempre estuvo y apareció meses después, cuando ya la economía y la estabilidad social tambalean.
Debemos avanzar en la construcción de una política de Estado que ofrezca seguridad económica, estabilidad democrática y bienestar, lo que este Gobierno no ha podido entregar, con medidas de corto plazo en empleo, que avancen hacia una reactivación verde que proporcione fuentes de trabajo a la población y que comience la ruta de transformación de los cimientos del sistema económico nacional y en particular el rol del Estado en él.
Múltiples estudios, indicadores y la experiencia del día a día de millones de chilenos nos demuestran el agotamiento que nuestro modelo presenta hoy.
En la definición de nuevos principios que conduzcan la actividad económica, un primer aspecto fundamental corresponde a resituar el rol del Estado como conductor de los sectores estratégicos que permitirán la recuperación sostenible.
Debemos dejar de lado la visión que ha limitado el papel económico para pasar a un rol subsidiario y neutral frente a las necesidades de nuestro aparato productivo. En esta línea, resulta trascendental optar por medidas que apunten a la doble tarea de avanzar en una rápida transformación ecológica, así como promover la creación de empleos de calidad para las personas.
Así como la pandemia ha dejado al desnudo la desigualdad, la crisis de representación y enmarca el desafío de la reactivación, el proceso constituyente emerge como una luz de esperanza y oportunidad para quienes aún creemos que las cosas se pueden hacer y ser diferentes.
El pueblo chileno ganó en las calles el derecho a decidir su futuro con un nuevo pacto constitucional y debemos garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, civiles y políticos en este proceso. Eso requiere un balance entre las medidas sanitarias necesarias para combatir la pandemia y el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, de tener acceso a una campaña electoral donde el bolsillo no condicione la capacidad de despliegue y de participar con seguridad el día de la votación.
Chile necesita un plebiscito masivo que dé inicio al proceso institucional de cambio mediante el Apruebo y la Convención Constitucional. Así, como el retiro del 10% de los fondos de pensiones, ese será el siguiente triunfo del pueblo contra el gabinete (y el gobierno) del rechazo.
Por último, si algo ha dejado el proceso de politización y movilización sin precedentes que hemos experimentado desde octubre es la revalorización del concepto “pueblo”.
Ese pueblo constituido por las mayorías abandonadas, precarizadas y empobrecidas por esta forma de pensar la política, de repartir la riqueza, de no cesar la mercantilización de nuestros bienes comunes naturales y de nuestras vidas, sin consideraciones ambientales y sociales.
¿De qué les sirve la política a los chilenos? Asistimos a la oportunidad histórica de recuperar la política para su gente, ese pueblo movilizado y consciente que hoy sufre es el actor que debe protagonizar el proceso constituyente de un nuevo Chile.
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