Del Huracán a la Tormenta Perfecta
La noticia tenía todos los elementos para evidenciar el logro institucional: espionaje, escuchas, la cúpula de un grupo considerado terrorista vinculado con hechos de alta violencia, incluso vinculación internacional para el tráfico de armas y por supuesto el uso de las redes sociales. No estamos hablando de un capítulo de CSI Temuco sino de uno de los hechos de investigación criminal más extraños de los últimos años.
La llamada operación Huracán confirmaba en septiembre del año pasado que existía una asociación ilícita de corte terrorista para el desarrollo de incendios intencionales en el sur del país.
Operación que mostró acción rápida y coordinada entre el Ministerio Público y carabineros para la detención y posteriores declaraciones en medios sobre las múltiples aristas del caso. El gobierno no quedó mudo, por el contrario, reconoció los logros del trabajo investigativo y hasta avanzó en cerrar pasos no habilitados con Argentina basados en la percepción que existía una organización transnacional.
Pero el capítulo tenía también de intrigas, de vacaciones fallidas, de evidencia poco sólida, de peleas institucionales; así cada día se fue alejando del huracán y se convirtió en una tormenta perfecta. Una de esas que conjugan múltiples elementos que la tornan devastadora y cuyas consecuencias se verán en lo inmediato pero también en el mediano plazo.
La realidad supera a la ficción. La operación Huracán ha desnudado al menos cuatro situaciones que se habían invisibilizado.
Primero, la autonomía policial basada en la confianza ciudadana ha llegado a extremos que deben ser reformados de urgencia. No sólo Carabineros, al menos, habría desarrollado software intrusivo con profesionales civiles que podrían incluir números telefónicos no necesariamente vinculados con casos judiciales, sino que su mando decide irse de vacaciones sin avisar.
Es verdad que al General Villalobos le ordenaron volver, pero al parecer regresó para tener una amigable reunión con el ministro del Interior más que una centrada en la preocupación por la posible adulteración de evidencia.
Segundo, la relación entre las policías y el Ministerio Público no está basada en el trabajo colaborativo y la confianza sino en la competencia. Las señales mediáticas de trabajo conjunto, no son suficientes. Se requiere un programa de capacitación, un reconocimiento claro de las culpas y responsabilidades en este y otros muchos casos donde la solución judicial no ha sido efectiva.
Tercero, la inteligencia policial no es la generación de un software intrusivo por parte de un experto sino el desarrollo de un esquema de trabajo que requiere ser integral, riguroso, basado en la legalidad y con controles externos.
¿Dónde está la ANI? ¿No debería haber alertado de muchas de las aristas extrañas de este caso? La ley de inteligencia fue analizada en detalle hace menos de 4 años, las propuestas fueron puestas sobre la mesa, al parecer siguen ahí.
Cuarto, y tal vez más relevante que todo lo anterior, la violencia en el sur de Chile en algunos casos tiene vinculaciones con la criminalidad y debe ser perseguida con todas las herramientas de la ley.
Pero lo que se requiere es una salida política para avanzar en resolver las reivindicaciones de los pueblos originarios, la consolidación de una estrategia de desarrollo regional que ponga en el centro el reconocimiento de una larga historia de violencia institucional contra los mapuche. Violencia que hoy tiene el rostro de la pobreza, la estigmatización y el maltrato cotidiano. Criminalizar los problemas políticos nunca tiene resultados positivos, solo aumenta la frustración de todas las partes, la sensación de maltrato e impunidad y la profundización del estereotipo. Parte central de una tormenta perfecta que hoy parecemos no querer reconocer.
El gobierno ha quedado callado, en realidad se ha dedicado a desarrollar una estrategia jurídica que hoy incluye un reclamo formal al Fiscal Nacional. Queda por ver si esta queja puede ser entendida como un ejercicio de presión.
La gravedad de la situación requiere de responsabilidades políticas e institucionales, de iniciativas de política pública que enfrenten los problemas planteados y de cambios institucionales en la gestión y el control. También la agenda legislativa es urgente no sólo para reformar la ley de inteligencia sino también diversos espacios de autonomía institucional.
Así, para no perder 4 años más en un tema clave para la calidad de la democracia en Chile, se torna necesario un acuerdo político para las reformas institucionales aún pendientes.
No tener resultados en casos tan violentos como los incendios que ocurrieron en el sur de Chile, consolida mayores espacios de impunidad y frustración en la población, pero tampoco la solución es buscar culpables a cualquier costo.
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