Democracia a cara descubierta

Jorge Pizarro

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A raíz de lo ocurrido luego de la Cuenta pública presidencial, un grupo de diputados propuso una ley especial para combatir la acción de encapuchados en las manifestaciones públicas, iniciativa que no es nueva pero que se reflotó a raíz del atroz asesinato de Eduardo Lara.

De inmediato han surgido algunas voces, las del Instituto Chileno de Derechos Humanos entre ellas, que han manifestado su rechazo a una legislación como ésta.

Hechos como los ocurridos en Valparaíso, no son aislados como muchas veces tratamos de creer. Nos estamos acostumbrando a que una convocatoria a movilización sea sinónimo de enfrentamientos con carabineros, muchas veces con escenas de violencia gravísima y con ello ya es parte del paisaje contar las personas heridas y a las afectadas por daños de gran magnitud a su propiedad.¿Quién se hace cargo de esto? No hay caras visibles.

Entonces, parece razonable concebir medidas que perfeccionen la actual legislación referida a disturbios y atentados contra la seguridad de las personas y la propiedad en manifestaciones cajelleras. Actualmente, carabineros sólo puede actuar contra los encapuchados en casos de delito flagrante, lo que resta efectividad a la acción preventiva.

¿Qué razones atendibles y aceptables hay para cubrirse la cara en una manifestación? Es muy probable que una persona que se dispone a cometer algún ilícito en el marco de una manifestación, parta por cubrirse el rostro con una capucha, por lo que es también razonable que la ley entregue herramientas a la policía para actuar de forma preventiva.

Por supuesto que toda nueva reglamentación debe resguardar el respeto a las garantías constitucionales, de modo de evitar abusos o malas interpretaciones, pero lo central es comenzar a enfrentar este fenómeno de los encapuchados,  actuando antes de que se produzcan hechos graves.

La misión del Estado es resguardar los derechos humanos y ello implica además prevenir la destrucción del libre derecho a manifestarse a mano de antisociales que no tienen ningún tipo de apoyo político ni social. Son una minoría de desadaptados que deben ser controlados a tiempo. En tal sentido, ninguna institución tiene espacio para justificarse de no hacer lo que le corresponda para poner fin a este tipo de vandalismo.

Esto no es legislar en caliente, es legislar a la vista de una enorme cantidad de evidencia flagrante de que los encapuchados aprovechan estas marchas para destruir todo a su paso.

Creo que como país, como Gobierno y como Congreso, podemos hacer mucho más para evitar que manifestaciones que son legítimas, terminen en campos de batalla que afectan al comercio, las casas o incluso con la muerte de un compatriota.