Hace pocos días se conmemoró el Día Internacional de la Familia, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), hace 30 años, para crear conciencia sobre el rol fundamental de las familias en la educación, oportunidades y desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Por esto resulta pertinente reflexionar respecto de cómo desde las políticas públicas, tanto desde la prevención como de la protección, se abordan los derechos de niños y niñas a vivir en familia, ya sea en su familia de origen, extensa o adoptiva, pero siempre en un entorno seguro y protector.
Entre los años 2021 y 2023, más de 422 NNA fueron adoptados en Chile. Sin embargo, no conocemos cuántos niños fueron declarados susceptibles para la adopción, que son precisamente quienes aún están esperando el enlace con su "nueva" familia. El tiempo de espera es uno de los nudos más críticos del sistema actual. Por una parte, tiempos del proceso para que un niño o niña sea declarado susceptible para ser adoptado y, por otra, tiempo de espera para que ocurra el enlace con una familia. En total esto puede tardar entre 2 a 4 años, tiempo crítico en el cuidado y bienestar integral de cualquier NNA.
La primera legislación relativa a los procesos de adopción en el país se instauró hace ya 90 años (1934). Desde entonces, una serie de modificaciones a dicha legislación han permitido que la adopción sea entendida por todos como un proceso cuyo espíritu es poner en el centro el bienestar de NNA y asegurar su derecho a vivir en familia.
Actualmente, y con miras a resolver estos nudos de la legislación vigente en el ámbito de la adopción, es que se encuentra en discusión en el Senado el proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile, tramitación que cuenta con suma urgencia por parte del Ejecutivo.
La adopción es una de las alternativas para la restitución del derecho del niño, niña o adolescente de vivir en familia, y la restitución de este derecho es justamente uno de los principales objetivos de los programas de cuidado alternativo del sistema de protección especializada. Por ello, son indispensables medidas concretas para la disminución de los tiempos de espera, y ciertamente creemos que una de las medidas más importantes es que se establezca que el procedimiento de adoptabilidad esté contenido en el procedimiento de protección judicial, como parte de un mismo circuito y no como causas separadas.
Por eso, como una organización cuyo foco es promover y proteger los derechos de NNAJ y su derecho a crecer en familia, esperamos que este proyecto sea promulgado pronto y se generen todas las condiciones para que su implementación sea efectiva. Creemos que el proyecto pone precisamente al centro los derechos de los NNA, siendo una legislación que está alineada con la ley de Garantías y Protección Integral de Derechos, y que además consagra el derecho a vivir en familia, establece mecanismos que aseguren la participación de los niños en el proceso, y otros aspectos orientados a mejorar del sistema actual, teniendo siempre como consideración primordial el interés superior de los niños y niñas.
En marzo de este año, 125.675 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por el sistema de protección especializada y 4.871 fueron atendidos en programas de cuidado residencial. Este nuevo enfoque, que esperamos pronto sea una realidad, refuerza que la adopción sea vista como parte integral del proceso de protección de NNAJ vulnerados en sus derechos, y como un camino efectivo para la restitución del derecho de los niños y niñas a vivir, crecer y desarrollarse en familia. Cada vez que ocurre una adopción, nace una nueva familia, y las perspectivas de desarrollo y bienestar integral de ese niño o niña mejoran significativamente.
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