Un fracaso educativo

Kevin Canales García

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"Una gran estafa a la mayoría de los chilenos más pobres". Así calificaba la educación chilena en 2012 el entonces dirigente estudiantil Gabriel Boric. Había transcurrido solo un año desde las masivas movilizaciones estudiantiles que sacudieron al primer gobierno del expresidente Piñera y las reformas propuestas no convencían del todo.

Más allá de acentuar la crítica mordaz (e injusta, en cierto sentido) que hizo el movimiento estudiantil sobre nuestro sistema educativo, recordar estas palabras permite analizar una parte del legado que no se ha subrayado lo suficiente. En materia educativa hubo escasas luces, promesas incumplidas y ausencia de reformas estructurales.

Pocas áreas eran tan decisivas para el proyecto político del presidente Gabriel Boric como la educación. El proyecto generacional de quienes encabezaron su administración -aunque en el camino hizo suyas diversas banderas asociadas a movimiento sociales- nació estrechamente ligado a la agenda educativa. Por ello, el éxito de su proyecto se encuentra indisolublemente asociado a ejecutar los cambios estructurales que exigieron cuando fueron oposición.

Basta leer las páginas del programa de gobierno de Apruebo Dignidad para advertir la magnitud de las promesas. Se buscaba desarticular las bases mercantiles del sistema, incorporar en todos los niveles el enfoque de género y la educación sexual, terminar con el lucro en las instituciones que no fueron incluidas en las reformas de 2015, reemplazar el sistema de evaluación nacional respecto de las pruebas estandarizadas, entre otras medidas incumplidas según el Informe de Seguimiento Gubernamental de IdeaPaís.

La condonación del CAE y la instauración de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior son ejemplos de ello. Como sabemos, ambas políticas fracasaron en el Congreso, dejando como lección que no bastan las buenas intenciones para hacer los cambios que se prometen. Se requiere diálogo, construir mayorías políticas y ponderar el ánimo ciudadano. Lejos de cumplir con las expectativas que tuvieron miles de deudores, el efecto de la promesa de condonación trajo consigo un aumento sustantivo de la morosidad y el cobro de las garantías del Estado. Si el CAE era problemático para el fisco, hoy lo es aún más.

Pero también había objetivos y orientaciones razonables y transversales en el programa de gobierno, que igualmente fueron incumplidas, y no por bloqueo legislativo, sino por falta de gestión y priorización. No se cumplió la generación de 60.000 nuevos cupos en educación parvularia, tampoco se equiparó el financiamiento entre establecimientos que reciben aportes del Estado en educación inicial, no se creó una nueva carrera directiva en salas cunas y jardines infantiles (cuestión imprescindible que debe abordar el próximo gobierno) y también existe una gran deuda con modificar y asegurar el financiamiento a escuelas especiales.

El pasado gobierno destacó como sus principales avances el pago de la deuda histórica a los profesores, el término de la doble evaluación docente y la ley de titularidad. Con toda la relevancia que significan esas medidas, están lejos de constituir avances sustanciales para mejorar la calidad de la educación y resolver los problemas que tiene el sistema. El proceso de instalación de los SLEP continúa muy cuestionado, las familias desconfían del SAE, la convivencia escolar enfrenta grados de conflictividad cada vez más altos, no hemos recuperado del todo la asistencia escolar a niveles pre pandemia, la deserción docente no hace más que aumentar y el Ministerio de Educación enfrenta graves problemas de financiamiento.

El proyecto educativo del Frente Amplio fracasó. Y no por culpa de la oposición ni de bloqueos legislativos, sino porque erraron el diagnóstico; porque construyeron un programa con prioridades distintas a las que tenían las familias chilenas, porque interpretaron el anhelo de movilidad social de las clases medias, por medio de la educación, como meras metas aspiracionales. Despreciaron la experiencia y la herencia de autoridades pasadas y sobreestimaron sus propias capacidades de ejecución. Y es que finalmente, entre denunciar "la gran estafa" y hacerse cargo de cambiarla, hay una distancia que el gobierno saliente nunca logró resolver.