Los órganos intermedios de la sociedad, aquellos que se conforman no como un partido político ni tampoco son parte del Estado, tienen un rol importante que jugar de cara a la ciudadanía en el proceso constituyente que se está llevando a cabo y, frente al cual nadie se puede restar para hacer los aportes que configuren o abran la esperanza de un mejor país para todos.
Los Controladores de Tránsito Aéreo, quienes ejercemos una función -principalmente- como funcionarios del Estado en la Dirección General de aeronáutica CIVIL (DGAC), conformamos un gremio profesional desde el que nos organizamos para velar tanto por nuestra profesión como por un mejor sistema aeronáutico para el país: el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile A.G.
Desde esta instancia hemos representado ante las autoridades de diversos gobiernos la necesidad de sacar la DGAC de la tutela del Ministerio de Defensa, planteamiento que también han expuesto las principales organizaciones de profesionales y funcionarios de la Dirección de Aeronáutica. Sólo así podremos avanzar en una ley orgánica que refleje los tiempos, en el sentido en que sea una entidad completamente civil.
En este contexto, la nueva plataforma que definirá el campo de juego para los chilenos debiese contener una clara conceptualización del rol de las Fuerzas Armadas en el quehacer del país y circunscribirlo a las actividades que le son propias. Ello haría posible contar con cuadros profesionales a cargo de las actividades que así lo ameritan y que se acaben de una vez las prebendas, que son parte de las desigualdades, privilegios y la puerta ancha para aquellos que por el solo hecho de tener una cercanía acceden a puestos donde hay profesionales mejor calificados y con una experiencia real en las tareas que se acometen.
La Dirección General de Aeronáutica Civil y varias otras entidades públicas ha sido por ley una extensión de las instituciones de la Defensa que cumplieron un rol estratégico y preponderante en su desarrollo y que justificó con creces una orgánica que data de 1968; pero que, desde hace bastante tiempo, según nuestro punto de vista, se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de la aviación.
También, en nuestra opinión la Carta Fundamental debiera definir con claridad el rol de las empresas públicas y su papel en el desarrollo de la sociedad, asegurando su profesionalismo y alejándolas del clientelismo que hoy provoca tanto rechazo en una ciudadanía que se manifiesta con malestar y frustración.
La tarea comienza y nos convoca, de una u otra manera, a todos. Por ello, nuestro interés es contribuir desde nuestro ámbito, con una mirada de servicio país, no solo por el bienestar de nuestro gremio, sino por el sector aeronáutico y desde allí a la nación entera.
Nadie debería restarse ante esta oportunidad de aportar con ideas más claras y concretas que puedan ser recogidas en la esperanzadora Constitución que rija los destinos de un país que aspira a ser más justo, solidario, igualitario y a la altura de los enormes desafíos que tenemos por delante.
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