Donantes y donatarios

De acuerdo a publicaciones en ciertos medios de prensa la universidad que recibió la mayor cantidad de dinero por concepto de donaciones particulares fue la muy privada universidad de los Andes, persona jurídica efectivamente sin fines de lucro en su calidad de corporación de derecho privado, institución que a través de sus profesores de excelencia, entrega enseñanza de calidad a sus selectos alumnos.

Esta casa de estudios superiores en la práctica le pertenece a la católica Prelatura del Opus Dei y sus pudientes 95 donantes le entregaron el año pasado a sus administradores la suma de, en números redondos, $ 10.500.000.000. El resto de las otras universidades del país, incluyendo la UCH y la Pontificia UC, por lo tanto el conjunto de 52 de ellas que son públicas como privadas, también en números redondos, recibieron la suma de $ 13.500.000.000 por parte de 1.322 donantes.

Por pudor y para que en esta columna no se aprecien las cuantiosas diferencias entre ambos tipos de donantes, sugerimos a los lectores utilizar una calculadora para dividir estas cantidades en ambos casos con el propósito de que se constaten las diferencias abismantes que hay entre los pocos (95) actores filántropos de la cota 1.000, versus los otros (1.322) comunes aportantes.

Esta universidad está localizada en el sector San Carlos de Apoquindo, en la zona más alta de la comuna de Las Condes, y para que se construyera una estupenda clínica y su Escuela de Medicina fue necesario que el Concejo Municipal de Las Condes, en el año 2008, modificara su Plan Regulador Comunal (PRC) para el nuevo terreno de 8 hectáreas en donde se emplazan esos equipamientos : son 4 edificios.

Sus devotos controladores invirtieron 36 millones de dólares en esas edificaciones configurándose así un campus universitario del más alto nivel.

Como observamos, aparte de las donaciones que le entregan ciertos escogidos privados a la universidad de Los Andes, también la Municipalidad de Las Condes, cuyas autoridades siempre han sido afines a posiciones políticas e ideológicas de derecha, le entregó graciosamente una forma de donación al Opus Dei al cambiar en el PRC los usos de suelo, mejorando sustancialmente las normas de edificación, para ese exclusivo terreno.

Ahora bien, a raíz del episodio de la diputada Isasi, quien habría recibido aportes económicos por parte de una empresa pesquera interesada en que se aprobara la Ley de Pesca en los términos decididos por el gobierno, saltó al debate público la inconveniencia de que se mantenga en la Ley electoral la norma de reserva para las donaciones que reciben los candidatos, ya sea para los cargos de concejales, alcaldes, diputados, senadores y presidente de la República, que compiten cada 4 años en las elecciones populares.

Su ex asesor parlamentario la acusó de haber recibido de esa empresa un pago por un “estudio” determinado y ella argumenta que se trataría de una donación anónima, por un monto determinado recibido en un período electoral, tal como lo manda la ley, y que desconoce su cifra exacta, asunto que se está viendo en el Ministerio Público.

Recordemos que los dadivosos que financian a sus políticos preferidos descuentan de su pago de impuestos una parte de esos obsequios, de tal forma que en la práctica es el Estado quien proporciona una fracción de esos dineros. Este privilegio tributario también se aplica con las donaciones a las universidades.

Independientemente del resultado de esta investigación judicial y con el propósito de evitar futuras malas prácticas con los dineros que las empresas y particulares poderosos les entregan a los candidatos de sus preferencias, es urgente modificar la ley respectiva para transparentar estos financiamientos que sí los consideramos necesarios.

Digámoslo con claridad, siempre los donatarios van a saber quiénes son los donantes y cuando, después de ser elegidos, ejercen sus cargos de poder político sus financistas irremediablemente les van a exigir las adecuadas “contraprestaciones”.

Recordemos que los senadores Navarro, Gómez y Muñoz intentaron derogar los aportes reservados, pero sus colegas consideraron que ello era contrario a los intereses de esos honorables hombres públicos que tanto se sacrifican buscando siempre el bien de todos.

Hay que erradicar el secreto para combatir la corrupción y en tal sentido esperamos que a la brevedad, por expreso pedido de todos los candidatos presidenciales, se modifique la ley para que en las elecciones de noviembre próximo votemos con conocimiento de quienes financian a quien, ya que de esta manera tendremos certeza de que en Chile, dilecto miembro de la conspicua OCDE, opera la democracia de verdad.

Independientemente de lo anterior, sería muy oportuno que en la cuenta a la nación del próximo 21 de mayo, el presidente Piñera anunciara el envío de un proyecto de ley para terminar de frentón con las donaciones anónimas en las elecciones populares, dejando establecido que en ningún caso objetamos las legítimas donaciones que se le hacen, ya sea a las universidades, como a todas las instituciones que no persiguen el lucro.