¿Dónde está la responsabilidad política?

No cabe duda que la lucha contra el narcotráfico es una tarea de Estado y que, en consecuencia, Chile debe recurrir a sus mejores recursos tras el objetivo de derrotar su creciente y nefasta intromisión en la vida del país.

Sin embargo, deberá ser con la ciudadanía debidamente informada y además advertida de los efectos negativos que se generan con estas decisiones de Estado. En especial, ello se refiere a las instituciones castrenses.

En democracia, la Defensa Nacional es una misión de Estado que debe involucrar, interesar y cumplirse con la incorporación en las decisiones, del conjunto de las fuerzas que forman parte del sistema político del país.

Las nefastas experiencias de países como México y Colombia, que incorporaron a las instituciones castrenses, obligan a prestar atención a los riesgos del aumento de la violencia y de la corrupción, precisamente por el gigantesco volumen de dinero involucrado en el narcotráfico que conlleva graves delitos como el lavado de activos, cuya acción corroe las instituciones y luego a los países, a través de la compra de conciencias y voluntades que parecen insobornables.

Pero también se presenta otro peligro para la democracia, la participación de fuerzas militares en operaciones que son propias de las policías debilita el régimen democrático y a la institucionalidad política al reinstalar una cruenta militarización del orden público, como ocurrió bajo la dictadura y reabrirá un foso de violencia entre civiles y militares.

Al gobierno parece no preocuparle, tal vez, no le interesa el peligro de reabrir heridas que repongan como contendientes prestos a enfrentarse entre si, a los ciudadanos civiles de los uniformados, ese es el mayor estrago que puede provocarse en nuestra patria. El fascismo, en los años 70, fue el principal beneficiado con el odio que confrontó a civiles versus militares.

Ello obedece a que, en el fondo, en la mirada a largo plazo, hay dos formas de entender la paz, la derecha económica pide paz para incrementar las fortunas de unos cuantos, la izquierda ve en la paz un instrumento para labrar una vida más justa, libre, fraterna.

Probablemente, a la ultraderecha populista le gustaría que se retome el encono de una época de agudo enfrentamiento, pero no es bueno para Chile.

Esa extrema polarización servía al plan de perpetuación pinochetista, cuya meta era suprimir la izquierda y borrar las conquistas sociales del movimiento popular. Ese tiempo ya pasó y ese siniestro plan fracasó.

Así como, por una parte, es bueno para Chile una conciencia democrática fuerte, ampliamente mayoritaria, que deplora las violaciones a los Derechos Humanos, por otra, es malo que la derecha civil - en cuanto tal - nunca haya reconocido su propia responsabilidad y la condena recae sólo en los ejecutores materiales, mientras los autores intelectuales que instigaron las atrocidades no han asumido la culpabilidad decisiva que les corresponde. Hasta ahora escabullen lo que les toca asumir.

Entonces viene la pregunta clave, ¿quién asume, en el caso del narcotráfico, la responsabilidad política ante eventuales hechos lamentables que involucren vidas inocentes?

Ya ocurrió en la Operación Jungla, cuyo efecto práctico fue militarizar la Araucanía provocando una cadena de hechos que llevaron al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca; en esa situación, ya pasó que el principal promotor de esa intervención policial, el Presidente de la República, no asumió nada de nada.

En consecuencia, en esta política que promueve la autoridad, ¿quién asumirá la responsabilidad política por lo que pase?

Si como en otros países se desata una espiral de violencia, en particular, ¿qué ocurre si el enorme volumen de dinero del narcotráfico gira hacia los uniformados para corromper a esos efectivos y esas unidades, sobretodo si tienen la ventaja de operar desde países vecinos?, como dijo el mismo gobernante, esta semana.

Esta es una cuestión esencial a responder oportunamente, porque volver al periodo de una dura confrontación, entre civiles y uniformados, por operaciones contra el narcotráfico no está en la orden del día del interés nacional.

Nadie puede dejar de evaluar lo que significarían balaceras con armamento de guerra al involucrar a los institutos castrenses. En realidad, lo qué hay que hacer es fortalecer a Carabineros e Investigaciones, eso será lo más eficaz.

Por ello, decisiones de Estado cómo está requieren amplias consultas y deben ser serenamente sopesadas, si el mismo ministro del Interior declaró, el 5 de Junio recién pasado, que la opción que ahora se anuncia estaba descartada, no pida el gobierno que no haya discrepancias con la oposición.

Es mucho lo que está de por medio. No hay que jugar con fuego.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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