El caso Piñera

Ramón Briones

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Los últimos acontecimientos que se han  conocido sobre las inversiones de don Sebastian Piñera, merecen algunas precisiones que nos permitan situar el problema en una óptica que se avenga con la realidad de los hechos y no con conclusiones basadas principalmente en su personalidad.            

Durante los muchos años en que actuamos en materias de interés público u opinado sobre ella, hemos hecho un esfuerzo por no entrar al terreno de juzgar las personalidades; lo humanista, democrático y cristiano es analizar los hechos. Ellos dan pistas.                      

En el caso Piñera, hemos notado un intento por un juzgamiento que correspondería más al nivel psicológico que a la importancia de los hechos, que bien precisados, permiten que el país se forme un juicio sobre una conducta externa, políticamente concreta, relevante y fácilmente perceptible por toda la ciudadanía.

Los hechos se reducen a las siguientes cuestiones.

1.- Sebastián Piñera es dueño de una de las más grandes fortunas del país y en un porcentaje muy alto, probablemente alrededor del 80%, se encuentra invertidas través de una sociedad constituida en un lugar donde existen facilidades fiscales, se permite un manejo reservado o secreto de las inversiones a sus propietarios. Una resolución del Estado de Chile de hace 15 años los califica de paraísos fiscales.

2.- Esa empresa tiene un directorio familiar en el que no participa el ex  Presidente, pero si sus familiares directos y sus principales asesores. No sabemos aún si las acciones de esas sociedades en el paraíso fiscal están en poder del ex Presidente y en Chile, porque suelen ser al portador.

3.- Se desconoce la cartera efectiva de inversiones;

4.- Se sabe de  una inversión  en una empresa pesquera peruana  se realizó mientras se desarrollaba un litigio pendiente con ese país. El litigio se inició por Perú en el año 2007 y si bien se dictó una sentencia en enero de 2014, aún hay cuestiones pendientes sobre el fallo.

5.- La empresa peruana, tiene como uno de sus principales accionistas a la empresa de Piñera y se desconocen en detalle sus estados financieros, aunque se ha informado que sus acciones han estado a la baja, lo que no indica mayor cosa.

De los hechos expuestos se infiere, evidentes y simples conclusiones: que Piñera sería el más grande inversionista nacional en los llamados paraísos fiscales y que ello ha restado recursos para el desarrollo nacional, yendo aún más lejos que las propias AFP que pueden invertir dineros en el extranjero, pero no en porcentajes tan altos del patrimonio o fondos que administran.

Este primer punto nos merece un juicio crítico por tratarse de un político del cual deberíamos esperar otra conducta, aún a riesgo de ganar menos, siga la suerte de su país, que gobernó y aspira volvera a hacerlo.

La cantidad de dinero que se encuentra invertida fuera de Chile, fue administrada sin la figura del fideicomiso ciego que el ex Presidente comprometió para con el país sobre sus bienes. Nosotros estábamos convencidos sinceramente por los hechos informados a  la opinión pública, que el fideicomiso abarcaba todos los bienes. Esta información incompleta es grave, porque se produce un engaño a la opinión pública nacional e internacional, lo que es más grave para un político. Aún no se da una explicación sensata sobre ello.

La defensa de los intereses externos de Chile, que comenzó en el primer gobierno de Bachelet, se ve  por estos hechos desgraciadamente enturbiada y resulta evidente lo anterior, cuando se afirma que la defensa fue esencialmente jurídica y no consideró esencialmente el interés económico del mar exterior.

Lo que recién expresamos se ve agravado porque el gobierno de Piñera, aceptó sin más ni más el fallo de la Haya, en circunstancias, que ese fallo era completamente nulo, por cuanto la solución que propuso para el diferendo no fue nunca debatida en el juicio y de esa forma se resolvió un tema en que no hubo debate dentro del proceso. Nos referimos a reconocernos solo jurisdicción para el mar territorial hasta las 80 millas a continuación del deslinde terrestre. Ello no sería posible ni siquiera en un arbitraje en equidad, que no era el caso.

Como notará el lector, lo expuesto se refiere a los hechos conocidos y podría haber otros desconocidos que se conocerán en alguna medida en las investigaciones, como el origen de los fondos, su real tributación en los diversos países en que están invertidos y sus efectos sobre Chile y otras cuestiones.

Resulta penoso que exista una defensa corporativa frente a estos hechos de parte de algunos partidos políticos o que tan livianamente se hable de una guerra sucia. Sobre lo primero, la derecha y particularmente la UDI fueron notablemente duros, y en buena hora, en relación con las operaciones que realizó Codelco con una empresa china en Bermuda y que originó una investigación de Impuestos Internos en Chile, la que ha derivado en liquidaciones y giros que Codelco ha debido pagar.

A propósito del conocimiento de los llamados papeles de Panamá, filtrados a organizaciones periodísticas, se ha sabido que muchos hombres de negocios, tienen sociedades y muchos son connotados en Chile, pero más allá del cuestionamiento comercial y tributario que se haga a esas conductas concretas, ellas están ajenas a todo cuestionamiento político.

Se ha dicho, que en estas materias no existe delito, que tener dineros en el extranjero no es grave y que tampoco lo es operar en paraísos fiscales o lugares muy parecidos a ellos. No sabemos por cierto si en estos casos hay o no delitos.

De lo que se trata ahora es saber si estas conductas son correctas a la luz del principio de probidad, un principio incorporado a nivel Constitucional que más allá de especulaciones teóricas importa reconocer la importancia de que toda función pública debe hacerse en el terreno del más completo desinterés privado y que esa conducta pública esté ajena incluso a toda duda y que la transparencia se aplique con el más estricto rigor como lo intentan hacer las nuevas leyes que han ido configurando un exigente estatuto para los servidores públicos, pero que solo se aplica a nivel nacional.

Por último, es necesario exigir que un hombre de negocios, que busca poder político para servir a sus conciudadanos, al menos corra la suerte de su país con sus bienes.