El derecho a la Información ciudadana, ahora

Giacomo Marasso

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Las recientes arremetidas en defensa del secretismo y su hermana menor, la opacidad, están creando una situación que amerita una respuesta rápida y contundente de parte de quienes queremos que la ciudadanía esté bien informada, con veracidad y oportunidad.

Tenemos que reformar ahora la actual Constitución, sí, ahora, consagrando como bien social el Derecho a la Información y obligando al Estado a garantizarlo al igual que el Derecho a la Salud.

No podemos esperar el término del proceso constituyente porque es ahora cuando están en curso los procesos judiciales, políticos y comunicacionales que están develando en nuestro país la asociación ilegítima y, en la mayoría de los casos, ilegal de intereses políticos y comerciales de una elite que se mostraba falsamente como disociada e incluso confrontada.

Es ahora que se están investigando y persiguiendo delitos de alta gravedad en contra del bien común.

Y es también ahora que, como reacción, se despliegan potentes iniciativas tendientes a impedir la transparencia en los ámbitos público y privado bajo el pretexto de prohibir filtraciones.

Se pretende sobreponer los procedimientos judiciales a la norma universal, consagrada en tratados y convenciones internacionales suscritas por el Estado Chileno, que cautela la libertad de expresión y el derecho a informarse de toda persona.

Advirtiendo este conflicto, el Congreso Nacional Ordinario del Colegio de Periodistas de Chile, realizado en Valparaíso los días 8 y 9 de julio del 2005, bajo el título “Periodismo para el Bicentenario”, acordó por unanimidad otorgar su respaldo al Proyecto de Reforma Constitucional que consagra el valor fundamental del Derecho a la Información de los ciudadanos, presentado a la consideración de nuestro Congreso Nacional (ndr: por el autor de este artículo y el abogado Juan Carlos Canepa Foppiano), y que deja el número 12 del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado como sigue:

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, debiendo el Estado garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y oportuna, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, pero siempre teniendo presente que prima el sentido de la responsabilidad de quien emite la opinión por encima de la censura”. 

En los últimos dos años, los periodistas hemos asociado, creo que honestamente, el proceso constituyente al propósito de democratizar las comunicaciones. Pero “los cielos están llorando ahora” y no podemos poner en riesgo los presentes procesos de “sinceración” social, política y económica que están en curso en Chile y en el mundo.

Será tarea de la flamante Bancada Transversal por la Democratización de las Comunicaciones reflexionar y actuar con oportunidad. Ahí le queda una propuesta concreta y urgente.