El Estado y el desafío democrático
La gobernabilidad democrática en las regiones fronterizas del Norte Grande está siendo afectada por una fuerte tensión que no debe agravarse, es urgente un punto de inflexión y retomar la estabilidad perdida. Hay que reponer el Estado, prácticamente inerme por la ausencia del gobierno y de las políticas públicas que configuran la tarea estatal.
La migración, que por su envergadura ha cambiado el escenario de la macro región del Norte Grande, debe ser prontamente encauzada y controlada a fin de evitar, por una parte, el definitivo colapso de los servicios públicos, la entronización de las bandas de narco traficantes, la proliferación de la delincuencia y, por otra parte, un clima de xenofobia y racismo, alentado por la ultraderecha, que afecta muy severamente la gobernabilidad democrática.
Desde mediados del siglo XX, después de la terrible devastación de la II Guerra Mundial, la reestructuración del sistema internacional en la pos guerra reconoció el valor universal, irrenunciable e inalienable de los Derechos Humanos, entre tales valores, el avance de la civilización hizo que el ejercicio del Derecho Humano a la migración pasara a tener una trascendencia fundamental.
Ese fenómeno global llegó a Chile hace ya varios años, pero alcanzó su "peak" con la crisis en Venezuela, estando en el poder un gobernante irresponsable y una burocracia inepta que no tomó medidas eficaces, en los hechos la frontera quedó desguarnecida y el flujo migratorio cobró magnitud insospechada. Así, la migración se convirtió por su volumen y múltiples impactos, en una tensión que remece y conmociona la estabilidad en el Norte del país.
Una nación pequeña como la nuestra no soporta indefinidamente un impacto migratorio como el que se generó hacia Chile desde varios países, en especial Venezuela, por la aplicación de una política que, en los hechos, fue la de un Estado ausente, sin controles fronterizos, de modo que el volumen de migrantes se tornó inmanejable en las regiones afectadas.
Este complejo escenario coincide con la cercana instalación del nuevo gobierno, liderado por Gabriel Boric, la mayoría nacional que lo respalda y sustenta espera el inicio de un proceso de cambios que encamine a Chile hacia otro tipo de Estado, solidario y con firmes y efectivos derechos sociales, he ahí el gran desafío, porque para realizar las reformas tiene que haber Estado sino esas reformas no podrán ser realizadas.
Sin embargo, en grupos de ultra izquierda se desprecia el negativo impacto que tienen propuestas, aparentemente muy radicalizadas que, en los hechos, desbaratan aún más el Estado nacional al pensar que sin un centro articulador de la acción estatal se debilitará el modelo neoliberal, simple e ingenuo modo de pensar que no considera que al diluirse y/o fragmentarse en múltiples unidades "autónomas" el peso institucional de la autoridad pública crecerá todavía más el peso fáctico de los consorcios financieros que, obviamente, tendrán una voluntad y un mando únicos.
En definitiva, al aumentarse la desigualdad entre las regiones no hará más que agravarse el riesgo que el Estado se quiebre o que su rol sea igual a cero, como el gran sueño de los neoliberales.
Para que exista un Estado social y democrático de Derechos tiene que haber Estado. Ese objetivo es determinante para lograr sucesivos avances en justicia social, lo que extensos sectores reclaman. Por eso, hay que robustecer la gobernabilidad democrática, la crisis del Estado que lo lleva a la impotencia no acelera las reformas, muy por el contrario, las retrasa indefinidamente.
La idea "ultra" que mientras mayor sea una crisis institucional más profundas serán las reformas se ha demostrado una y otra vez como un grave error. La postración del Estado produce alternativas extremas en medio de las que surge la ultraderecha.
En consecuencia, ante el Presidente Boric se planteará la enorme tarea de restaurar la gobernabilidad y que la normalidad regrese a las regiones que se han visto afectadas. Chile necesita un antes y un después. Es fundamental que se cree un nuevo clima, retorne la estabilidad y no haya condiciones para la agitación y provocaciones de ultraderecha.
En suma, el deterioro del clima social, político y geoestratégico ha conducido a un período sumamente complejo, de gran tensión, el período del estaticidio piñerista. Paradójicamente, también en los llamados movimientos "antineoliberales" hay una disposición anti Estado, persistente pero encubierta en la crítica a "los 30 años" de la transición democrática. Es un ánimo estaticida desde un sector de izquierda ultra radicalizado.
Se trata de una descalificación muy profunda que cae en la misma voluntad de disolución del Estado que sostiene ideológicamente quien ellos consideran su rival esencial: "el neoliberalismo". En definitiva, la crisis de legitimidad del sistema político activó grupos del más diverso signo político e inspiración para los cuales mientras más se disuelva el Estado más se sentirán representados.
Ante ello, lo decisivo es restablecer la estabilidad, es decir, hay que reponer el Estado hoy inerme y dotar a la institucionalidad democrática de la interacción entre la ciudadanía, la autoridad regional y el gobierno nacional.
Así, con lucida voluntad política, sin estrechez sectaria, hay que abrir la senda del futuro. Las reformas requieren un sólido piso institucional y no el caótico desorden que deja Piñera, el desgobierno en que se imponen grupos corporativos de poder, bandas delincuenciales y/o caudillismos efímeros. Hay que reponer la gobernabilidad democrática. Sin Estado no hay democracia.
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