El fracaso del gobierno ultra personalista de Piñera

Camilo Escalona

Ultimos publicados:

• Convicciones antidemocráticas
• La unidad se siembra, cuida y protege
• El derecho de asilo

Hace dos años asumió el gobierno Sebastián Piñera, liderando un bloque político de derecha con el objetivo de revertir la reforma tributaria que se aprobó el año 2014 y los logros en gratuidad de la Educación Superior avanzados en el período de Bachelet (2), lo hizo fiel a su retórica rimbombante y con una autocomplacencia mediática incontrolable, tan fuerte que algunas fuerzas o figuras del mundo democrático no se atrevían a definirse o identificarse como de oposición.

En corto tiempo la experiencia demostró que los tiempos mejores eran una ficción y que el país tenía un gobierno conservador en lo institucional, regresivo en lo económico y social, duro represor del pueblo mapuche y de los movimientos sociales, en especial, del estudiantil y que ante las demandas de justicia social no tuvo más respuesta que la coacción policial y la permanente violación de los Derechos Humanos, como no había ocurrido en democracia en Chile.

La represión gubernamental recrudeció desde octubre y ha significado decenas de muertes en diferentes hechos desatados por fuerzas policiales o castrenses, miles de detenidos y centenares de manifestantes que denuncian golpizas, vejámenes, abusos sexuales, heridas graves con secuelas irreparables, como la ceguera de por vida por la acción incalificable de disparos de perdigones a los ojos de los jóvenes que hacen uso legítimo de su derecho a manifestarse.

La gestión ultra personalista de Piñera es el fruto de su propia autocomplacencia y de un desprecio tecnocratico de sus obsecuentes ministros a las fuerzas sociales y políticas, personeros que nunca ocultaron en sus artículos y folletos un visceral rechazo a las múltiples formas en que se organiza y expresa una sociedad pluralista y diversa.

En ese criterio se incluía el menoscabo a los propios partidos políticos de la derecha. De ese modo, Piñera formó un gobierno a su gusto y medida, en apariencia con las organizaciones partidarias, pero en realidad con un grupo de poder hermético, al servicio personal del gobernante, no por nada fue estructurado durante años con la excusa de la “precampaña” en la ONG de un Piñera, ensoberbecido por sus propios diagnósticos de auto grandeza.

En la derecha oficial, la de los Partidos con directiva formal, hacían como que influían o creían hacerlo, pero no dejaron de ser el apéndice de una estrategia personalista que tenía como fin agradar y engrandecer a Piñera y este a su vez no tuvo ni quiso tener freno alguno para el auto bombo y los halagos por impropios que fueran.

En voz baja, los más informados reconocían que ahora “el Presidente no escucha a nadie”. O sea, no hubo carácter impersonal del ejercicio de la autoridad ni sentido republicano del mismo. En ese enfoque los partidos políticos existen sólo como apéndices del gobernante. Es lamentable que ese desconocimiento de la función esencial de las fuerzas políticas no se haya revertido en democracia, porque comenzó hace rato, fue el ejercicio discursivo preferido de Pinochet y Jaime Guzmán para instalar y perpetuar la dictadura.

Con Gabinete ministerial y Comité Político a la medida, el Estado quedó a merced de las obsesiones presidenciales, estas se podrían ordenar en torno a dos “nudos” centrales: la regresión económica y social para anular los avances de políticas públicas dirigidas a reducir el ultra mercantilismo generador de la desigualdad, el caso más importante en la gratuidad de la educación universitaria, y segundo, también esencial en la evolución ultra conservadora del criterio piñerista, el orden público, darle duro a todo lo que se manifestara fuera de la permisividad oficial.

La poderosa presión empresarial se movía con Piñera, tras sus propios intereses, con el viejo argumento que si se mantiene o reduce el gasto en Educación y hay crecimiento económico, se bajan los impuestos. Eso se intentó en la fracasada “reintegración tributaria” proyecto “estrella” del primer año y medio de gobierno, ese artilugio legal entregaba más de mil millones de dólares anuales a los grandes intereses oligárquicos.

Así mismo, el gobierno pretende reforzar el sistema de AFPs, manteniendo y ampliando la masa de recursos que estas controlan directa o indirectamente en el mercado de capitales al proponer una contribución del empleador de 6%, en una fórmula que incorpora la mitad de ese incremento al sistema de capitalización individual y mejorando el pilar solidario con más gasto fiscal. En ese aspecto no se ha movido ni un centímetro de su fidelidad a los núcleos financieros controladores del sistema que serán más fuertes con la reforma de Piñera.

Luego, como parte fundamental del plan de acción gubernamental se insertó una ofensiva de “pacificación” de la Araucanía, así lo exigían los intereses de la industria forestal que son parte del núcleo rector del poder oligárquico financiero, por eso, con el desparpajo que va junto a la inconsciencia, Piñera tomó el liderazgo en la política de agresión del Estado a las comunidades mapuche y fue a la Región a lanzar el “comando jungla”.

La derecha y medios afines no le regatearon aplausos y el gobernante no cabía en sí, rodeado de Carabineros irreconocibles en sus equipos de contra insurgencia, seguro que reprimir lo haría un gran estadista.

Esa conducta confrontacional le costó caro, perdió la mayoría ciudadana que lo eligió, la que de inmediato se alejó de esa conducta aventurera. Poco después su gobierno tendría el activo repudio de la mayoría del país. La gota rebalsó el vaso al declarar la “guerra” a las movilizaciones sociales que emergieron al calor del 18 de octubre. Lejos de asustar a los manifestantes brotó una ira incontrolable.

El apoyo político de Piñera al dispositivo represivo, formado dentro de Carabineros pero rebasando incluso sus funciones de orden público al ámbito propiamente militar, hizo entender a sus efectivos que tenían “manga ancha” y actuaron como si estuvieran “en guerra”, así se precipitó la tragedia del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Ese fue el resultado de manipular la demanda de pueblo mapuche desfigurándole como una fuerza insurgente, de carácter militar.

La estrategia de militarizar la Araucanía fue un error garrafal y una tragedia nacional. Piñera tomó esa ruta y se equivocó totalmente, lo que se aplicó fue una acción de frenética agresión policial y debe asumir la responsabilidad política por ese crimen terrible, en que la violencia del Estado se desató irracionalmente. En suma, fracasó la receta de la contra insurgencia contra el pueblo mapuche que ejerce una legítima demanda territorial y social.

Ante las dificultades, Piñera tuvo que hacer sucesivos cambios de gabinete e intensificó su agenda en el exterior para salvar su imagen de gran estadista, pero la esencia regresiva y represiva del gobierno no tuvo ningún cambio. Llegó livianamente a pensar que podría “pesar” más que Bolsonaro en el juego de las fuerzas políticas globales. Una pretensión sin base ni sentido.

Sus ministros sólo fueron comunicadores con las reparticiones públicas. Su obsecuencia en nada ayudó al gobernante, porque la interpretación que dieron a la “mano firme” pregonada por la figura presidencial llevó a ciertos ministerios a exacerbar las diferencias con los actores sociales hasta un conflicto sin solución, tanto con el movimiento estudiantil como con el magisterio y agravó la represión al pueblo mapuche. La situación no podía aguantar mucho y así ocurrió.

Lo sorprendente es la legitimación mediática de estos despropósitos. La prensa oficialista aplaudió incondicionalmente el personalismo de Piñera. Se dio el caso de entrevistas o rondas de preguntas en que la sumisión periodística a la autoridad fue chocante.

En el caso del crimen de Camilo Catrillanca fue la abrumadora evidencia de los hechos lo que detuvo el siniestro montaje que de inmediato se intentó instalar para presentar el caso como una acción operativa inevitable en contra de “grupos violentistas”. En tal sentido, en las primeras horas posteriores al crimen, el rol del INDH fue valiente y determinante.

En el debate de la reintegración tributaria la descalificación de los opositores fue violenta y grosera, presentando el rechazo al enorme beneficio patrimonial proyectado hacia los grupos financieros como un boicot al “sano objetivo reactivador” de Su Excelencia.

A la postre, la rebelión social del 18 de octubre echó abajo esos planes impresentables de hacer más ricos a los que ya lo son con abundante dinero fiscal. Ante abusos ilimitados la protesta social surgió como auténtica erupción volcánica.

Asimismo, el menoscabo de la demanda feminista generó la acumulación de energías en la movilización de las mujeres chilenas por sus derechos y la igualdad de género.

El 2019 ya hubo una movilización multitudinaria que este 8 de marzo del 2020 fue superada por una manifestación feminista sin precedentes que exige realizar acciones efectivas contra la feminización de la pobreza, la discriminación en los ingresos, los derechos reproductivos y la violencia criminal en contra de la mujer, así como, materializar los cambios legales que hagan realidad la paridad de género en la participación en las instituciones políticas que el gobernante ha eludido sistemáticamente.

La atención deslavada y de salón que Piñera entrega a la demanda feminista ya no da más. Sin embargo, no tiene como saltar los límites estrechos y rígidos del paternalismo oligárquico que es habitual en un gobierno tan conservador como el que ha terminado encabezando. Una gestión cuyo instrumento esencial han pasado a ser las Fuerzas Especiales de Carabineros.

La movilización feminista anterior y posterior al estallido social ha demostrado una persistencia que otros grandes hitos sociales no lograron en la envergadura que si consiguieron ahora las impresionantes multitudes de mujeres que se activaron con una tenacidad y amplitud histórica. Así, la democracia chilena no podrá seguir tratando los derechos de la mujer como tema de segunda clase ni tampoco en el Estado su presencia podrá seguir siendo ocasional, disminuida y subalterna.

Al día siguiente del viernes 18 de octubre el resultado político era definitivo, el gobierno aún existía, los escritorios de la alta jerarquía seguían igual, sin que sus ocupantes se sintieran aludidos con la crisis que golpeaba la puerta de sus despachos, pero en cuanto gobierno propiamente tal se acabó esa madrugada, lo que quedó fue la inercia de estar en el poder y no querer dejarlo, pero proyecto político destinado al cumplimiento de metas, objetivos y programas ya no lo había, ahora su propósito es subsistir y para conseguirlo tiene que reprimir, “aplicar la autoridad”, para que se diga que decide y hacer como que gobierna cuando sólo sobrevive.

Por eso, es un gobierno conservador, bajo el control de una élite autoritaria que en los próximos meses, carente del más mínimo apoyo social tratará de meter de lleno en la represión al Ejército.

De aprobarse esta obsesión de Piñera, de insertar directamente a las Fuerzas Armadas en la represión, mediante la ley engañosamente llamada de “instalaciones críticas”, se crearán las bases legales para concretar otra tragedia: el uso de las fuerzas castrenses contra la población, cuando lo diga el gobernante.

Además, Piñera está dispuesto a las contorsiones discursivas más increíbles si con ello cree conseguir alguna simpatía o apoyo, así ocurrió el 11 de marzo en el acto oficial en La Moneda, allí el gobernante se cobijó, como pollo en corral ajeno, bajo el aura de los Presidentes de la Concertación y la Nueva Mayoría los que en su momento criticara ácidamente y a los que más de una vez acusó de sepultar el futuro del país.

Al mismo tiempo, a pocos metros, en las calles adyacentes, los balines, perdigones y las lacrimógenas que saturaban el ambiente volvían a flagelar, golpear y ahogar a miles de manifestantes, asimismo, en el Parlamento el gobierno volvía a “blindar” al general Rozas, presentado en su momento como el “modernizador” de Carabineros reconvertido en el encubridor institucional de los efectivos que han hecho uso de la represión más brutal, violando reiteradas veces los Derechos Humanos.

Es el mismo general con el que, según sus propios dichos, Piñera evaluó el 18 de octubre, que no había suficientes Carabineros para resguardar las instalaciones del Metro en un caso de notorio y notable abandono de deberes.

Ante tanto error e ineptitud, lo fundamental sigue siendo asegurar la realización del Plebiscito del próximo 26 de abril, con ello se afianzará el camino hacia una nueva Constitución y se podrán tener los cambios institucionales que se requieren para reponer la estabilidad que Chile necesita. La paz requiere la justicia.