El gran teatro del Presupuesto

Esta semana fuimos testigos, una vez más, del acalorado debate parlamentario sobre una de las leyes de mayor importancia en el calendario anual del Congreso Nacional: La Ley de Presupuestos del Sector Público. Más allá de lo que parece, la discusión se ciñe a un guión pre establecido, con resultado conocido y lo que es peor, con mecanismos legales que la convertirán apenas en una referencia para la gestión del gobierno.

Es indudable que la Ley de Presupuestos tiene una enorme importancia. En ella se materializan las prioridades económicas y sociales del Estado, y particularmente del gobierno, dado el rol esencial que la Constitución le asigna a éste a la hora de elaborar y tramitar la ley.

Sin embargo, aún cuando escuchemos discutir con entusiasmo sobre “partidas, capítulos y programas”, o sobre conceptos misteriosos como el de las “glosas” que contiene el proyecto de presupuesto, y aún cuando el debate se amplifique a través de puntos de prensa del ministro de Hacienda o de distintos parlamentarios, nada nuevo ocurrirá bajo el sol.

La aprobación de la ley sigue una ruta pre definida y que se repite año a año. Cambian los actores y el director de la obra, pero se mantiene incólume el protocolo que conducirá a un acto final conocido y similar al de cada ejercicio anterior.

Pocas serán las sorpresas en “el tira y afloja” de los parlamentarios y la incombustible y pétrea Dirección de Presupuestos, por lo que finalmente el resultado será una ley que se ajustará a los énfasis y prioridades del Gobierno de turno, más algunas enmiendas que “consiguió” incorporar la oposición, como fue este año en recursos para cultura.

Puede que eso sea razonable. No lo es, en cambio, la ausencia de organismos técnicos capacitados para auditar no sólo los contenidos formales, sino además los supuestos económico-financieros y el detalle de la ejecución, todos elementos indispensables para que el Congreso adquiera una efectiva capacidad de contrapesar los planteamientos del Poder Ejecutivo.

Peor aún, la “obra presupuestaria” quedará, a partir del 1 de enero de 2019, a disposición absoluta del “gran director” que no es otro que el Ministerio de Hacienda. Los actores, que se creían principales pasarán al olvido, y el “Director” pondrá a los verdaderos “interpretes”, la Dirección de Presupuestos, a modificar por decretos los montos y recursos aprobados en la ley por los actores electos para, supuestamente, cumplir ese rol.

Para comprobar aquello basta observar la ejecución presupuestaria de cualquier Partida que se encuentra en la página Web de la Dirección de Presupuestos.  Veremos entonces como el presupuesto inicial aprobado por los parlamentarios ha tenido modificaciones, rebajas o incrementos que se han efectuado – legalmente - sin necesidad del Congreso, a través de Decretos expedidos por el ministerio de Hacienda. 

La ausencia de una Oficina de Presupuesto del Congreso que permita un análisis técnico independiente; la escasa participación de la mayoría de los parlamentarios en la Comisión Mixta; las dificultades prácticas para fiscalizar el uso eficiente de cada peso aprobado y, las posteriores modificaciones por decreto al presupuesto, dan cuenta de la absoluta asimetría que define las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en este proceso.

Se requieren modificaciones profundas. Mientras ello no ocurra, los gobiernos continuarán actuando sin contrapesos efectivos y los parlamentarios seguirán “jugando a aprobar el presupuesto”.

Co-autor, Sergio Espejo, ex diputado, abogado y columnista de cooperativa.cl

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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