El neopinochetismo y los augurios del miedo

Como no hay plazo que no se cumpla, el paso del tiempo hizo lo suyo, y estamos de nuevo en marzo. Ahora no es sólo el término de las vacaciones, el regreso a clases, la compra de útiles escolares y el pago de créditos y deudas. Hay algo más, vaticinios y filtraciones, de círculos informados o sólo especulativos, de sectores políticos o comentaristas independientes, en redes sociales o en la prensa, augurios del miedo, que hablan de un marzo embravecido y fuera de control.

Las señales son de ultraderecha, hablan de “un salto al vacío sin paracaídas”, de una situación caótica que conlleva una intervención militar y que el Plebiscito del 26 de abril se “caiga”, que el vandalismo y la violencia en las calles impidan su realización.

Se trata de un “neopinochetismo” que usa imágenes de barricadas y enfrentamientos callejeros para enervar y polarizar el país, de manera de deslegitimar el Plebiscito del 26 de abril, convocado precisamente para decidir democráticamente el dilema nacional que está planteado, mediante el ejercicio de la voluntad ciudadana.

Las manifestaciones multitudinarias, tanto en la plaza de la Dignidad y en las comunas populares de la Región Metropolitana, como en las capitales regionales y provinciales, y en numerosos centros de estudio y de trabajo, constituyen el factor esencial de la nueva situación nacional, su ímpetu y envergadura tuvo tal impacto que hasta el gobierno tomó la decisión de subirse al carro diciendo que Chile “cambió”, queriendo hacer olvidar la declaración de “guerra” que inicialmente había formulado.

Alrededor de la legítima movilización social se expresan propósitos diversos, sectores ciudadanos radicalizados por largos años de espera paciente pero estéril, tanto de jóvenes como de adultos mayores, así como, la reivindicación de los trabajadores por sus derechos postergados y el pujante feminismo que expresa una voz apagada por siglos de dominación patriarcal, pero también hay grupos contestatarios y anarquistas y en ciertos lugares hay bandas de narcotraficantes y patotas dedicadas al saqueo y el vandalismo que desfiguran la demanda social.

La multiplicidad de organizaciones, la amplitud que expresan y la heterogeneidad propia de la diversidad del Chile actual le permite mañosamente a la derecha y al gobierno recurrir a la campaña del miedo con la amenaza del caos o el desgobierno, ahora dicen con un poco más de elegancia que se pone “en jaque” la democracia.

El neopinochetismo del “rechazo” aplica una estrategia dilatoria, de paralizar y contener las transformaciones que anhela la mayoría de la ciudadanía. Es un sector totalmente refractario a los cambios estructurales que Chile necesita y que debiesen definirse en un proceso democrático, participativo e integrador, haciendo uso del miedo que polariza el país genera una confrontación durísima porque a la postre la derecha impidió tanto tiempo las reformas indispensables y evidentes que sembró vientos y cosechó tempestades.

Por eso, resulta inaceptable que tanto el gobierno de derecha, cuyas decisiones impopulares y autoritarias detonaron un desorden, desencuentro y división social nunca antes habida en democracia, como sus partidarios más cerriles, se laven las manos imputando a la movilización social o a la oposición la crisis de gobernabilidad, ante la cual Piñera es completamente impotente.

Ahora reemplazan la torpeza del “big data” a través del cual intentaron hace unas semanas una reedición del engaño del “plan zeta”, usado para desatar la represión en septiembre de 1973, tratando de teñir a toda la oposición de “violentismo”.

Aún más, el propio gobernante llevó esta tensión al extremo al vaticinar un incendio en la Quinta Vergara al cierre del Festival de Viña. Si de irresponsabilidad política se trata ganó la gaviota de oro, y trasluce un encono antipopular tan peligroso como inaceptable.

La derecha repite con calco la táctica de división de la oposición que Pinochet usó en los años 80, cuyo centro es la presión mediática, se trata de una coerción para que una parte de sus adversarios se ponga de rodillas y termine apoyando las decisiones represivas del régimen so pena de motejarlos de “violentistas”.

Se ha puesto de manifiesto que Piñera intenta recuperar el añorado protagonismo perdido y quiere manga ancha, para reponer el “orden público” con el empleo total de la fuerza coercitiva del Estado, es decir, involucrar a las Fuerzas Armadas en una estrategia de dura confrontación con el movimiento social, objetivo que nada tiene que ver con el diálogo político y la paz social que predica pero no práctica. Nada bueno se conseguirá desatando la furia represiva en aras del “orden público”.

Por eso, es penoso que figuras de la “ex-Concertación” avalen al gobierno en circunstancias que Amnesty Internacional y diversos organismos vuelven a insistir que Chile ha vivido la “peor crisis” en materia de Derechos Humanos desde la dictadura.

El valor histórico de la Concertación y la base moral que la sostuvo ante la dictadura y el chantaje del autoritarismo pinochetista fue precisamente su compromiso con los Derechos Humanos. Muchos de los que entonces se llamaban el partido transversal vacilaron cuando el ex Presidente Aylwin fue capaz de constituir la Comisión Rettig y dar un paso histórico en el camino de la verdad, la reparación y una veraz memoria histórica.

Asimismo, el ex Presidente Lagos formó la Comisión Valech que confirmó la práctica de la prisión política y la tortura como instrumento permanente de la dictadura, sostenida por la derecha, durante 17 años. 

No hay contingencia política alguna que valide o justifique abandonar esa posición de principios y no decir palabra sobre la tragedia que significa involucrar a los militares en la represión de manifestantes, cuando en su casi totalidad provienen de las mismas casas, tanto aquellos que van a ser mandados para que apliquen el uso de la fuerza como los que van a recibirla.

Cuando el gobierno se emplea a toda costa en que las fuerzas castrenses salgan a las calles a reprimir sin reparar en el costo social que inevitablemente ocurrirá en el país, la mínima responsabilidad de una oposición democrática es rechazar esa ceguera insensata y exigir que ese plan se detenga. Reabrir un foso entre las fuerzas sociales y los militares es un crimen histórico.

Al iniciarse el Festival de Viña, el gobierno diseñó un plan de seguridad que fracasó estrepitosamente, de esa ineptitud no hay mención alguna y eluden sus causas que parten del abandono a su suerte del hotel O’Higgins y de una parte del mismo centro de Viña del Mar, pero el colmo del abuso de poder llega cuando se hace uso de ese grave y costoso error para la comunidad y se relanza el objetivo de involucrar a los militares y hacerlos parte de la represión, no importando el costo que ello signifique.

En síntesis, el neopinochetismo se propone que los militares repriman y que la cúpula de la derecha política y empresarial gobierne, en ese esquema el régimen democrático es un mero recurso decorativo. Esa tragedia sí que lleva a poner en riesgo la democracia.

Por otra parte, problema no resuelto en las fuerzas políticas de oposición es una situación que registra más dispersión que coherencia y en que la opción de Apruebo una nueva Constitución no genera el necesario entendimiento que aúne los esfuerzos hacia el objetivo compartido, por el contrario, se generan conflictos subalternos y contradicciones evitables, en lugar de cooperación y convergencia.

Así, la reconocida “épica” unitaria de la campaña del NO, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, no se logra reproducir. Es cierto que se trataba de la perpetuación del dictador, pero ahora se trata del hueso más duro que esté dejó instalado, ni más ni menos, que su herencia institucional. De pronto parece que se espera que la mayoría social por el cambio se imponga por si sola, espontáneamente, sin la coordinación política que es indispensable.

Ahora bien, dejándose provocar en pugnas retóricas con la derecha no se gana el Plebiscito, tampoco con saqueos y vandalismo que aíslan y debilitan la demanda social contra los abusos y la desigualdad, en particular, que dañan la tarea fundamental de este periodo, sumar fuerzas y asegurar una amplia mayoría por una nueva Constitución, en el ya cercano Plebiscito del 26 de abril.

La fuerza y proyección del movimiento social está en la unidad social y política del pueblo de Chile, en la lucha multitudinaria y en la diversidad de quienes comparten la necesidad de superar la desigualdad y los abusos y que suman sus energías en pos de la justicia social y de una nueva Constitución que les permita participar plenamente en las decisiones del Estado.

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