El rol de las FF.AA. para la seguridad pública: ¿De qué estamos hablando?

Luis Ruz

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_{Coescrita con Pablo Ortiz, investigador asociado del CDC}

En un año de elección presidencial se debate intensamente. Y es evidente que uno de los ejes de confrontación estará dado por las propuestas programáticas en materia de seguridad pública. Por su complejidad, esperamos que los liderazgos que se disputan el gobierno promuevan un debate con perspectiva de Estado.

Dicho lo anterior, en el marco de la crisis de seguridad que vive nuestro país, donde la lucha contra el crimen organizado es la principal prioridad, uno de los aspectos que ya se observa en las primeras propuestas se relaciona con la utilización de las fuerzas armadas como uno de los ejes centrales de la seguridad interna, sobre todo en lo referente al control fronterizo, labores de orden público y, eventualmente, en otras tareas no precisadas vinculadas a la lucha contra las bandas criminales.

Al respecto, la evidencia no es para nada auspiciosa y, más bien, indica que la solución a la crisis de seguridad que se extiende por América Latina es mucho más compleja que la sola utilización de la fuerza disponible en el instrumento militar. Así se desprende de experiencias recientes en Perú, Ecuador y Guatemala. Veamos.

En Perú, en el marco de la declaración de emergencia decretada por ese gobierno en marzo pasado, se dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas en Lima y el Callao, por un periodo de 30 días, con el mandato de recuperar la seguridad y orden público. Sin embargo, habiéndose cumplido una parte importante del plazo establecido, aún persiste el problema de los homicidios asociados al crimen organizado y las extorsiones. Hoy el debate en el país vecino se centra en cual será el paso siguiente para abordar la crisis de seguridad.

Por su parte, en el caso de Ecuador, a propósito de la crisis de seguridad que ha vivido ese país y que se manifestó de forma dramática el año pasado, cuando las bandas criminales trataron de tomar el control de los centros penitenciarios, el gobierno respondió declarando terroristas a los miembros de dichas bandas y movilizando a las fuerzas armadas en el marco de un estado de excepción. Sin embargo, transcurrido el tiempo, el impacto de la medida está lejos de ser el esperado. Por ello, el presidente Noboa generó sorpresa al plantear, hace algunas semanas, la posibilidad de recurrir al apoyo militar de Estados Unidos, Brasil y Europa para la lucha contra el crimen organizado.

En el caso de Guatemala, en el marco del plan "Cinturón de Fuego", se instruyó el despliegue de unidades de fuerzas especiales con el objeto de reforzar la labor de las fuerzas regulares ya desplegadas para "sellar" la frontera con México. Esta medida pretende detener las migraciones irregulares y el tránsito de drogas y armas. Sin embargo, la historia nos recuerda que los problemas de migración irregular, narcotráfico y tráfico de armas no son nuevos y han persistido a pesar de la presencia militar regular, lo que sugiere que un incremento de la fuerza podría ser solo una medida paliativa.

En suma, ¿es conveniente la militarización de la seguridad pública? La evidencia acumulada apunta a que la militarización de la seguridad pública, si bien puede ofrecer una sensación inmediata de control, no necesariamente resuelve el problema de fondo. Más bien, tiende a mitigar los síntomas sin atacar las causas estructurales que alimentan la inseguridad.

Si se utiliza a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, debe desarrollarse en un marco institucional razonable y apropiado como, por ejemplo, es el caso de la protección de la infraestructura crítica ante un peligro grave o inminente, en referencia a aquellos servicios e instalaciones que, en caso de ser interrumpidos o destruidos, afectarían de forma severa la economía, la seguridad pública, el bienestar social y el ejercicio de las tareas de gobierno.

Surge entonces la interrogante fundamental: si una estrategia que prioriza la vía militar no representa el camino más eficiente, ¿cuál es la alternativa adecuada?

Existen otros modelos que, sin desconocer la importancia que puede tener el instrumento militar y manteniendo un firme compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, han optado por el fortalecimiento y la optimización de los recursos estatales en un sentido más amplio. Estas estrategias, basadas en una coordinación interagencial, han demostrado generar un impacto significativo. Tal es el caso del Reino Unido, que, por ejemplo, en materia de control fronterizo, dispone de una serie de medios que operan de forma conjunta para ejercer un estricto control fronterizo en puertos y aeropuertos, y que incluyen a la policía, el servicio de aduanas, la agencia contra el crimen organizado (NCA), unidades de inteligencia (MI5) y otras agencias estatales.

Dado el énfasis que ha asignado el gobierno británico a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, se está elaborando un plan de modernización de la policía nacional del Reino Unido, cuyo alcance sería el mayor desde 1960. Esta reforma será presentada a fines de este año y se expondrá a través de un libro blanco de la seguridad pública, replicando la experiencia de los libros blancos de la defensa que se hicieron conocidos después de la Guerra Fría. Se anticipa que la modernización enfatizará la mejora de la capacidad de mando y control, el aumento de la dotación de personal, la retención de policías experimentados y el robustecimiento de las capacidades de inteligencia.

Mientras que, en el ámbito diplomático, el Reino Unido está desarrollando instancias de trabajo permanente con naciones clave como Francia, Alemania, España e Italia, con el propósito de perseguir a los líderes de las organizaciones criminales, empleando capacidades avanzadas (intercambio de datos biométricos, ADN, huellas dactilares, análisis de inteligencia, etc.). Colaboración que, en términos de resultados, durante el año 2024 permitió identificar y detener a más de 50 líderes de bandas criminales e incautar importantes cargamentos de drogas cuyo destino era el Reino Unido.

En este año electoral, resulta fundamental que el debate sobre seguridad pública trascienda solo a la idea básica de "más militares igual a menos crimen". Es esperable que las propuestas en esta área se fundamenten en una lógica integral, basada en evidencia y no meramente en el impacto mediático. Ese camino tiene huellas de populismo.

Insistimos en la idea que asumir los desafíos de seguridad sin complejos implica -además de aprovechar algunas capacidades disponibles en las fuerzas armadas- el fortalecer las instituciones policiales, robustecer el sistema de inteligencia y fomentar el trabajo coordinado con otras agencias estatales. De igual modo, la promoción de la colaboración internacional y el abordaje de las causas profundas de la inseguridad son elementos esenciales de una estrategia amplia y efectiva.

La tentación de un atajo militar como único recurso puede resultar seductora, pero la experiencia regional nos advierte que el camino hacia una seguridad duradera y efectiva requiere soluciones más complejas, inteligentes y sostenibles.