El rostro de la indolencia
En menos de un mes de gobierno, José Antonio Kast y su equipo han tomado decisiones que no solo tensionan el rol del Estado, sino que afectan directamente la vida de millones de personas. El alza de los combustibles, el intento de recorte del 3% del presupuesto público -que impacta áreas tan sensibles como salud y educación- y señales contradictorias en materia de protección social configuran un patrón que no puede pasar desapercibido: la indolencia como forma de gobernar.
No se trata solo de cifras. En Chile, más de 15 millones de personas dependen del sistema público de salud y millones de familias sostienen sus proyectos de vida en la educación pública. Cualquier ajuste presupuestario en estos sectores no es neutral, y se traduce en listas de espera más largas, servicios más precarizados y una sobrecarga aún mayor para trabajadoras y trabajadores que ya operan al límite.
A esto se suma un hecho particularmente grave: la solicitud de renuncia -posteriormente revertida- de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, en medio de su tratamiento contra el cáncer de mama. Más allá del desenlace, el gesto político es claro y profundamente preocupante. No solo evidencia una falta de empatía, sino que instala una señal peligrosa respecto del trato hacia las mujeres trabajadoras en el país.
El Gobierno ha intentado justificar estas decisiones bajo el concepto de "emergencia" o "buena gestión". Sin embargo, lo que observamos no es una respuesta responsable a una crisis, sino la instalación apresurada de un modelo que pone por delante criterios económicos por sobre las personas. Se gobierna como si la vida cotidiana pudiera reducirse a ingresar datos a una planilla de Excel, donde no existen diferencias entre realidades, territorios ni condiciones laborales.
Se nos habla de moderación y diálogo, pero las medidas concretas apuntan en la dirección contraria. No hay conciliación posible cuando se debilitan los pilares de la protección social, cuando se tensionan los derechos laborales y cuando se envían señales que afectan especialmente a las mujeres, quienes históricamente han sostenido -muchas veces en condiciones de precariedad- el funcionamiento de estos mismos sistemas.
Este no es solo un debate técnico ni presupuestario. Es una discusión profundamente política sobre el tipo de país que queremos construir. Y hoy lo que vemos es un proyecto que no escucha, que no recoge las alertas de distintos sectores -incluyendo los propios- y que insiste en avanzar pese a las evidentes consecuencias sociales de sus decisiones.
Desde la vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la CUT hemos planteado con claridad que la organización sindical es hoy más necesaria que nunca. En nuestro reciente Congreso de Mujeres Trabajadoras quedó en evidencia que existe conciencia, fuerza y voluntad para enfrentar este escenario. Pero también urgencia.
En ese contexto, el próximo Día Internacional de los Trabajadores no será una conmemoración más. Será el primer gran hito de las mujeres trabajadoras frente a estas medidas. Un espacio de encuentro, pero también de expresión colectiva frente a decisiones que no son abstractas ni ideológicas: afectan la vida concreta de nuestro pueblo, de nuestras familias, de quienes sostienen día a día el país desde el trabajo.
Porque cuando la indolencia se instala como práctica de gobierno, la respuesta hoy no puede ser la resignación, todo lo contrario, debe ser organización, movilización y acción colectiva.