Inclusión laboral: la clave es flexibilizar la Ley de Inclusión
Las cifras no solo hablan de economía, hablan de dignidad. De acuerdo con la encuesta ENDIDE 2022, casi el 80% de los adultos con discapacidad intelectual en Chile no cuenta con un empleo. Hablamos de más de 173 mil personas que hoy están al margen del desarrollo. Más preocupante aún es que el 90% de ellas ni siquiera busca trabajo, principalmente por la percepción de que su propia condición de salud se lo impide. Este desánimo estructural es el reflejo de un sistema que, si bien ha avanzado en lo legislativo, aún no logra derribar las barreras de la exclusión.
A siete años de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, el balance es agridulce. Aunque la normativa exige que el 1% de la dotación de las grandes empresas corresponda a personas con discapacidad, la realidad es que apenas verificamos 25% de cumplimiento. Si queremos alcanzar el horizonte del 2%, como se pretende, no basta con fiscalizar más; necesitamos repensar los incentivos y, sobre todo, flexibilizar las herramientas que ya tenemos.
El grupo de personas con discapacidad intelectual enfrenta desafíos específicos dentro del mundo laboral: brechas de productividad, necesidad de mayores apoyos en los procesos productivos y barreras en la comunicación o autonomía. Frente a esto, la respuesta no puede ser solo una cuota obligatoria. Se requieren incentivos a la contratación de carácter permanente, similares a los subsidios de empleo para jóvenes o mujeres, pero con la profundidad que requiere una condición que acompaña a la persona durante toda su vida.
Sin embargo, el cambio de paradigma más urgente reside en flexibilizar el uso de los recursos recaudados por la propia Ley de Inclusión. Actualmente, las empresas que no pueden cumplir con la cuota realizan donaciones como cumplimiento alternativo. Es imperativo que esos recursos se utilicen para financiar un proceso de intermediación de largo aliento.
La inserción exitosa no termina con la firma de un contrato. Es un ciclo que requiere identificar competencias, adaptar puestos de trabajo mediante ajustes razonables y, fundamentalmente, brindar un acompañamiento continuo. La trayectoria laboral de una persona con discapacidad intelectual puede tener avances y retrocesos; por ello, el servicio de apoyo debe ser permanente y decreciente solo en la medida que el éxito se consolide.
Es clave, entonces, que la normativa permita a las empresas y fundaciones utilizar estos fondos con mayor libertad para cubrir todas las fases del ciclo: desde la formación previa y la búsqueda de vocación, hasta el seguimiento en el puesto de trabajo. Al flexibilizar estos recursos, transformamos una obligación legal en una inversión en capital humano.
Fortalecer la inserción de las personas con discapacidad intelectual no es solo un acto de justicia social o cumplimiento de tratados internacionales; es reconocer que su aporte es valioso y necesario. Incentivar a las empresas mediante la flexibilización de recursos y subsidios permanentes es el camino para que ese 80% de desempleo deje de ser una estadística de exclusión y se convierta en una oportunidad de independencia y desarrollo. Chile no puede seguir esperando mientras miles de sus ciudadanos permanecen en la inactividad por falta de apoyos adecuados.