Una cosa está clara, la crisis de Carabineros es de tal intensidad que requiere de definiciones urgentes por parte del Estado, antes de que ésta provoque una onda expansiva, que destruya su institucionalidad, incluso en otros ámbitos de la sociedad chilena.
Le crisis es gravísima. Vamos por partes.
Desde que se destapó el fraude en Carabineros, la institución se ha sumido en una profunda crisis, la cual ha afectado los índices de cercanía con la gente, las serias dudas de la transparencia en el uso de los recursos, y lo que es peor, la gestión policial, como se demostró hace algunos días en la persecución y prevención de delitos notablemente flagrantes.
Días atrás, en la comuna de La Granja, los narcotraficantes hicieron a sus anchas un rito violento con motivos de un velorio de uno de los suyos, al disparar en altas horas en la madrugada material bélico de inusitadas características.
El reclamo del Alcalde Felipe Delpin, respecto a la actitud pasiva y permisiva de la policía, deja entrever una serie de falencias que hoy afectan en lo más profundo a la institución.
El alcalde tiene razón. Él ve la temática delictual desde la perspectiva de la gente, como tienen que ser hoy los gobiernos comunales.
Entonces surgen las primeras interrogantes. ¿De dónde sacan las sofisticadas armas de gran poder de fuego los narcotraficantes? ¿Por qué existe una nebulosa de protección soterrada y por qué las bandas operan a plena luz del día sembrando terror en los sectores más vulnerables? Simplemente extraño y sospechoso, y muchas veces los reportajes de televisión son los primeros denunciantes ante muchas acciones ilícitas.
Guste o no, el narcotráfico se ha tomado amplias zonas del país, sobre todo las de menores recursos, ante la pasividad e inacción de la policía uniformada.
En contraposición, en el día del joven combatiente, la violencia también se hizo presente en algunas zonas de la capital y también con acciones de parte de grupos aislados, que para quienes sólo somos testigos de estos hechos por la prensa, son de extremas características.
Aparecieron con destacada cobertura mediática implementos de represión, tales como tanquetas y carros blindados, materiales de disuasión de alta sofisticación, que sólo se ven en la región de la Araucanía, para enfrentarse a los grupos violentistas, premunidos también de armas de fuego. La cobertura fue tal que incluso participó de dichos operativos el General Director Mario Rosas.
Segunda interrogante, ¿por qué Carabineros reprime distintamente en un velorio de un delincuente en vez de intervenir activamente en su represión, pero sí lo hace vehementemente en el día del joven combatiente? Esto también despierta suspicacias, ¿qué se esconde detrás?
La represión en Chile tiene profundos matices clasistas y discriminatorios.
¿Porque no se utilizaron los mismos materiales y recursos en una u otra operación? Creo que la respuesta es una, los narcotraficantes se han tomado las comunas más vulnerables, y la policía uniformada prefiere aislar que intervenir, y si lo hacen, es después de la denuncia de los medios.
Carabineros no está cumpliendo con su rol esencial: el orden público y la prevención del delito.
Darles más atribuciones, como el control de identidad a menores de 18 y mayores de 14 años, francamente (y no sólo mirado desde la aberración jurídica) es una práctica que resultaría un error del porte de un catedral.
Por otra parte, el problema no son los recursos, pues están equipados con materiales de última generación: cada radio patrulla tiene un costo superior a los 30 millones; las motos que vemos en las principales calles no bajan de los 15 millones cada una. Los recursos son abundantes y así podríamos nombrar muchos ejemplos.
Desde el caso Cartrillanca y la extraña renuncia del General Soto, sumado a las irregularidades financieras, la institución claramente se ha deslegitimado a sí misma, generando una crisis de tal precedente y como nunca en su historia. Crisis sólo comparable con la violación de los derechos humanos a lo largo de los oscuros años de la dictadura.
Desde el retorno a la democracia, la policía uniformada sigue respondiendo más a criterios militarizados que a una institución colaborativa en los temas más urgentes que es la seguridad de la población.
Por definición, y los autores así lo destacan, en la visión del Estado moderno, este tiene el monopolio de las armas, pero en este caso, una parte las tienen los propios carabineros como institución aislada y no inmersos la sociedad civil.
Ya no es novedad ver carabineros desfilando en los tribunales por estar concertados con narcos, por malos tratos y prácticas ilegales, pues la institución se manda a si misma, careciendo la sociedad civil del propio control estatal. Eso debe urgentemente cambiar.
¿Qué soluciones se vislumbran? En primer lugar, como se señaló en un artículo anterior, es indispensable la intervención del poder civil sobre la policía, la dirección institucional hoy debe ser ejercida por civiles. Hay que desterrar las viejas prácticas y reintegrar la institución a la sociedad en su conjunto. Sí, es hora de la civilidad.
En segundo lugar, transparentar su gestión operativa y administrativa, dejando atrás el secretismo que hoy impera en la institución. La ciudadanía tiene el derecho de conocer la gestión propia de los recursos de la institución.
En tercer lugar, redefinir su rol. No es razonable que carabineros abarque una infinidad de labores que pudiesen ser privativas de otras instituciones del Estado (servicios de rescate, por ejemplo).
En cuarto lugar, construir su institucionalidad a partir de los desafíos propios y necesidades que tiene la propia comunidad, sobre todo en las comunas más vulnerables.
No puede ser que los índices de carabineros por cada mil habitantes muestren signos de tremendas desigualdades entre comunas de mayores y menores recursos. Dichas desigualdades resultan francamente irracionales.
Por otra parte, y mirado del punto de vista inverso, la Policía de Investigaciones, desde el retorno a la democracia, fue quizás, una de las instituciones que gozaba de un prestigio cercano a cero, caracterizándose por la nula transparencia, malas prácticas y una profunda corrupción, que la hacían casi prescindible dentro del aparato del Estado.
Sin embargo, con la formulación de estrategias de largo plazo, profundos cambios institucionales y apoyo del poder ejecutivo, la convirtieron en una institución que hoy goza de un prestigio no sólo nacional, sino también en ámbitos internacionales.
Ha logrado forjar una excelente percepción ciudadana y posee una planta profesional de gran nivel y niveles crecientes de eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen.
El camino no fue fácil, pero si fructificó gracias a un férreo control civil, imprescindible para revertir el actual destino de Carabineros.
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