Franja electoral gratuita, un derecho que no transaremos

Hay batallas en las cuales no se puede transar; una de ellas es la que dice relación con los derechos de los ciudadanos. Y, en este caso, me refiero al derecho a la información para poder ejercer a cabalidad otro de los derechos claves: el sufragio, eligiendo a quienes nos representarán en el Congreso y en la Presidencia de la República.Un mandato del pueblo que se entrega en la confianza de que los elegidos cumplirán con sus promesas.

Por ello, el debate surgido en torno a la franja electoral para las próximas primarias del mes de junio no es menor. Muy por el contrario.

Pero hagamos algo de memoria. Como es sabido, el proyecto del gobierno en Televisión Digital plantea licitaciones sin contraprestación o royalty alguno a unas pocas empresas privadas de capitales nacionales y extranjeros y con duraciones excesivamente largas, en la práctica perpetuas, concesiones que se plantean como definidas en la norma.

Públicamente, y en sostenidas columnas, he defendido que para los consumidores de nuestro país la televisión pública debe ser gratuita, más allá de la forma en cómo esta llega a cada región y comuna.

Lo mismo dije en su oportunidad en la discusión de la Ley de Pesca en la cual denunciamos la ausencia de obligaciones que establezcan verdaderas exigencias, y no eufemismos regulatorios, que legitimen a las grandes empresas en el lucro de un recurso que es de todos los chilenos y no un botín de disputa y compensaciones entre industrias.

Pertenezco al grupo de parlamentarios que planteó esto de manera fuerte y sin complejos, ya que se trataba de defender principios idénticos frente a mercados regulados, distintos pero donde la síntesis nos llevaba a lo mismo: defender gratuitad, no rivalidad y no exclusión.

En definitiva, reivindicar los bienes públicos de todos los chilenos, así de sencillo, así de claro, sin sofismas en las batallas de las empresas, sin enarbolar banderas de intereses colectivos so pretexto de motivaciones individuales.

Pues bien, a meses de las primeras elecciones primarias verdaderamente universales que tendrá Chile volvemos a reeditar una discusión similar, alertando a tiempo el riesgo de que millones de compatriotas sean precariamente informados sobre un hecho tan relevante como lo es la oferta programática de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Sus propuestas y sus mensajes no deben tener precio en el único espacio en el que pueden realmente compartir en igualdad de condiciones, la Televisión Abierta.

Logramos aprobar en la Ley N° 20.568, sobre Inscripción Automática y votaciones, una norma que establecía una franja completamente gratuita para las próximas primarias del mes de junio. Sin embargo, después del lobby efectuado por Anatel, el Gobierno decidió enviar un veto para suprimir dicha disposición. Envió un proyecto a cambio, que reduce el tiempo para la franja y que tendremos que ver contra el tiempo, en una jugada que no corresponde.

Impresentable que cuatro familias, dueñas de los canales de televisión abierta en Chile y a los que les fue entregado un espectro para ejercer una función pública sobre el cual han gozado de un derecho prácticamente ilimitado, con millonarias ganancias, pretendan ahora poner cortapisas limitando gravosamente la libertad de informar y traicionando la razón de ser del espectro que utilizan.

Para que este proceso sea exitoso, el de las próximas primarias, no sólo necesitamos la suficiente pedagogía para los votantes, sino acceso a la información y, en este sentido, la franja gratuita para todos los candidatos es un derecho de los votantes y un deber de quienes tienen en su propiedad los medios de información. Un derecho que no transaremos.