Cuando las instituciones se usan contra sus propios fines
En las últimas semanas, el debate público ha vuelto a poner de relieve una de las anomalías más persistentes de nuestra práctica política. Me refiero al uso creciente y estratégico de la acusación constitucional. Su abuso puede rastrearse con claridad desde la destitución de la entonces ministra de Educación Yasna Provoste. A partir de ese episodio, un mecanismo concebido para circunstancias excepcionales comenzó a transformarse en un instrumento habitual de la confrontación política.
Sin embargo, este fenómeno está lejos de constituir un hecho aislado. Es la manifestación más visible de un problema más profundo que afecta transversalmente el funcionamiento de la República. Herramientas diseñadas para legislar, fiscalizar o gobernar terminan subordinadas a la lógica del desgaste mutuo y del cálculo político inmediato.
La desviación de las instituciones respecto de los fines para los cuales fueron concebidas se ha extendido a otras esferas del sistema político. Resulta especialmente preocupante en el ámbito del control constitucional. Los requerimientos ante el Tribunal Constitucional han llegado a situaciones paradójicas. Incluso parlamentarios pertenecientes a las fuerzas que respaldan al gobierno recurren contra iniciativas impulsadas por el propio Ejecutivo. Más allá de la legitimidad de las discrepancias internas, esta conducta revela una erosión de las disciplinas mínimas que exige el régimen presidencial.
Algo semejante ocurre con la reiterada presentación de mociones parlamentarias en materias que la Constitución reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Mario Marcel lo advirtió reiteradamente durante su gestión en Hacienda. La insistencia en esta práctica refleja una tendencia cada vez más extendida a tensionar los límites institucionales con fines políticos inmediatos.
La expresión más significativa de esta deriva fue el persistente intento de alterar el funcionamiento del régimen político por la vía de los hechos mediante la promoción de una suerte de parlamentarismo informal. Su episodio más visible fueron los sucesivos retiros de fondos previsionales. Aquellas decisiones debilitaron el ahorro de los trabajadores, introdujeron distorsiones en el mercado de capitales y complicaron la conducción de la política fiscal bajo el argumento de la urgencia. En todos estos casos se observa un mismo patrón: se respetan formalmente los procedimientos, pero se altera el propósito para el cual las instituciones fueron creadas.
Sería un error atribuir este fenómeno únicamente a defectos del diseño electoral. Sin duda, parte de la explicación se encuentra en la profunda transformación experimentada por el sistema de partidos durante las últimas décadas. Chile transitó desde un esquema de pluralismo extendido, en los términos descritos por Steven Wolinetz, caracterizado por la existencia de varias fuerzas relevantes, bajos niveles de polarización y una apreciable capacidad para alcanzar acuerdos, hacia un escenario de atomización polarizada. Lo decisivo en esta nueva etapa es la consolidación de una lógica adversarial que dificulta la deliberación y los acuerdos, y convierte al Congreso en un espacio dominado por la confrontación permanente.
Con todo, lo anterior solo explica una parte del problema. En el trasfondo se encuentra el deterioro profundo de la política y de sus liderazgos. Una proporción significativa de las élites políticas parece más interesada en derrotar al adversario que en gobernar o legislar con sentido de Estado. El cambio de lenguaje utilizado por los propios actores políticos resulta revelador. Las coaliciones prácticamente han desaparecido del vocabulario público. En su lugar proliferan expresiones como "anillos de apoyo" o "pactos de colaboración", fórmulas que reflejan la fragilidad de los proyectos colectivos y la dificultad para construir compromisos duraderos.
La competencia principal ya no se desarrolla únicamente entre gobierno y oposición. Con frecuencia se libra al interior de cada sector, donde distintos grupos disputan encarnizadamente la hegemonía política y electoral del respectivo bloque. Bajo esas condiciones, el éxito inmediato suele imponerse sobre cualquier consideración estratégica de largo plazo.
La estabilidad de una República depende no solo de sus normas, sino también de las virtudes cívicas de quienes las administran. Ningún diseño institucional puede reemplazar la prudencia, la responsabilidad o la disposición a subordinar el interés propio al bien común. Cuando esas disposiciones se debilitan, las instituciones quedan cada vez más expuestas a ser utilizadas con fines distintos de aquellos para los cuales fueron concebidas.
Cuando la política pierde su vocación de futuro, proliferan el cortoplacismo, la demagogia y la progresiva desnaturalización de las instituciones republicanas. Estas dejan de actuar como resguardos de la estabilidad política democrática y pasan a convertirse en instrumentos de combate. La República conserva entonces sus formas, pero comienza a vaciarse de contenido. Cuando las instituciones son utilizadas de manera sistemática contra el propósito para el cual fueron concebidas, la erosión deja de ser un problema jurídico o reglamentario. Se transforma en una amenaza para la calidad de la democracia y para la vigencia misma del orden constitucional. Recuperar una política orientada por principios y no simplemente por la conquista de posiciones de poder constituye una condición indispensable para revertir esa tendencia.