Hay mucho que corregir todavía

El tema que ha impactado tanto en el país, el del financiamiento ilegal de la política, tiene el mismo punto de inicio y de final, la intervención del dinero de intereses privados en las decisiones del Estado, por la vía del soborno o del cohecho, u otras técnicas o variantes parientes de las anteriores, con el propósito de someter al interés privado la función de la autoridad pública.

Ante la repercusión que estos hechos han generado en la institucionalidad democrática, la lección es clara: las empresas no deben participar en el financiamiento de la política, ni de manera secreta, ni reservada, tampoco de forma abierta ni de otra cualquiera, directa o indirecta.

Esta conclusión también es válida en la actividad empresarial de carácter individual, cuando los inversionistas cuya iniciativa genera conflictos de interés no deben interferir en la toma de decisiones en  el Estado. Tomar otra opción socava o lesiona las bases del régimen democrático.

No cabe la doble y simultánea condición de político y empresario. Al respecto el ex Presidente Piñera no debe buscar subterfugios, como lo hiciera en declaraciones sostenidas en Buenos Aires, tampoco puede presentar como normal una conducta promiscua en problema tan sensible.

De modo especial ahora, la política para restablecer su plena legitimidad, debe garantizar el bien común y cada empresario actúa y ópera en su propia esfera individual. La tarea pública tiene que cumplir su rol y el esfuerzo privado el suyo; ambos deben confluir, desde su espacio, sin mezclarse confusamente, en el interés general del país.

Se demostró negativa la autorización, en ley que ya dejó de estar vigente, de aportes en dinero desde empresas a candidaturas en etapas electorales, reservados en cuanto se depositaban sin conocimiento público en una cuenta del servicio electoral. Estos depósitos en periodos de campañas políticas por parte de intereses corporativos, que pretendían intervenir o manipular decisiones estatales, como el manejo de las concesiones de la minería no metálica, provocó a la postre un efecto perverso sobre la legitimidad del sistema político en su conjunto.

Así también, esa autorización a las empresas, ahora derogada, sirvió como una palanca que propició vías ilegales de intervención electoral, como la emisión de boletas fraudulentas para eludir impuestos, lo que devino en un grave tumor que ha afectado severamente la ascendencia y autoridad del régimen democrático.

Pero, por mucho que existiesen factores legales que favorecieren las malas prácticas, ello no excusa ni el soborno ni el cohecho, es decir, el pago en dinero por prestaciones favorables a intereses económicos corporativos, como facilitar la redacción de indicaciones en una ley, o de disposiciones de potestad reglamentaria, realizadas durante el trámite de aprobación de una de ellas, o durante el ejercicio de sus atribuciones en el cargo, en el caso de una autoridad determinada.

Hay que ser categóricos, el pago en dinero a particulares por acciones legales tendientes a favorecer, en forma directa intereses privados, resulta obvio que no puede ser considerado un aporte de campaña.

Al Estado, y a los ciudadanos individualmente, es a quienes corresponde aportar a las campañas y a los Partidos, dentro de los límites que la ley señale y cada cual en su área de competencia. No puede ser de otra manera, pues de lo contrario, se abre la puerta para la injerencia indebida y corruptora del dinero en las decisiones del sector público, con el riesgo evidente de permear toda la institucionalidad democrática.

Ante esta situación, el curso sin interferencias de las investigaciones judiciales es lo fundamental; además resulta clave que no haya ningún tipo de defensa corporativa del mundo político y que cada persona o autoridad, sepa que ante la justicia, hay que asumir las responsabilidades que le competen a cada cual. Lo contrario, eludir esa obligación, haría crecer la desafección y la nociva idea que en política, todos roban y se cuidan las espaldas entre sí.

En esa relación que anuda o articula perversamente intereses divergentes, en que se borra la frontera que separa lo público de lo privado, radica el yerro esencial en la actitud de algún ministro o parlamentario al recibir, traspasar y circular informes legales reservados, incluyendo las indicaciones de la contraparte privada, parte monetariamente interesada de modo directo, en momentos en que se redactaban los textos a resolver en las respectivas comisiones legislativas.

En tal caso, los representantes de la voluntad popular debiesen ser por su naturaleza, representantes del interés público y no reflejo de gestiones de carácter pecuniario de ejecutivos anónimos. Menos aún su trabajo puede transformarse en un canal para el enriquecimiento indebido e ilegal de sus miembros.

Además de favorecerse las utilidades de uno u otro grupo corporativo involucrado,  con ello se burlaba expresamente la reserva y sigilo que se jura mantener, ante Dios y la patria, precisamente en el trámite legislativo, como primer compromiso solemne al inicio de cada periodo parlamentario.

Al entregar tales Informes secretos o reservados, al comprometer y/o someter reservadamente el trámite legislativo al interés privado, es decir, al poner en riesgo el sentido mismo de la institucionalidad democrática, ese rol no era normal ni legítimo, ni el que corresponde a lo que se define como una conducta de Estado.

En suma, si el régimen democrático vive una etapa de duras críticas, ello obedece a que han fallado conductas y controles en los Partidos políticos que, por el contrario, están llamados a hacer cuanto de ellos dependa para robustecer la democracia y no debilitarla.

Tan menoscabados en el discurso populista de muchos actores, los partidos son esenciales para que se vitalice y fortalezca la democracia. De modo que hay mucho que corregir todavía. Esa es la tarea a concretar en el periodo próximo.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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