(In)Seguridad Nacional
El secuestro del Teniente (r) del Ejército de Venezuela Ronald Ojeda, un exiliado y refugiado en Chile de la dictadura de Nicolás Maduro, no solo es un acto deplorable que priva criminalmente de libertad a un individuo, sino que también pone de manifiesto preocupantes fallos en la protección de la soberanía nacional y la seguridad de personas en especial riesgo, como los perseguidos políticos y refugiados.
La pregunta que surge es si las autoridades civiles y militares están cumpliendo efectivamente la labor preventiva de inteligencia y evitar atentados contra la soberanía. La pregunta es quizás aún más profunda, ¿Chile cuenta con elementos de inteligencia y contrainteligencia capaces de detectar vulneraciones a la soberanía nacional por Estados o posibles asociaciones criminales y narco Estados? ¿Se cuenta con los protocolos necesarios para proteger la seguridad de personas en situación de vulnerabilidad, como los exiliados políticos? Y si existen, ¿funcionaron?
El hecho de que el Sr. Ojeda, quien se encontraba en calidad de refugiado en Chile, haya sido secuestrado plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de protección por parte de las autoridades chilenas. ¿Se están empleando todos los medios necesarios para investigar este crimen, identificar a los responsables y aplicar las penas correspondientes?
Si se determina que el secuestro fue ejecutado por agentes venezolanos en territorio chileno, ¿qué medidas se tomarán para salvaguardar la soberanía nacional? ¿Cómo se garantizará que este tipo de violaciones no se repitan en el futuro? ¿Qué medida de inmediata protesta diplomática se tomará frente a un hecho de esta gravedad? ¿Existe algún informe de la DGAC ingreso y egreso de aviones o tráfico aéreo que pueda estar relacionado al secuestro?
La defensa de la soberanía no puede estar sujeta a consideraciones políticas, menos aun cuando partidos que sostienen al gobierno apoyan dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba por solo mencionar algunas. ¿Está el gobierno asumiendo plenamente su responsabilidad al respecto?¿Dejaremos de lado alguna vez los tabúes del pasado y asumiremos la necesidad de tener mecanismos de inteligencia y control del crimen organizado, democráticos como los de cualquier país del mundo, que signifique presupuesto y agentes en terreno para la toma de decisiones rápidas para conservar el Estado, su integridad y seguridad?
Es fundamental una exhaustiva investigación para determinar cualquier falla en los controles e inteligencia que hubiere permitido este atentado. ¿Se llevará a cabo una reforma integral del sistema nacional de inteligencia para prevenir futuros incidentes? ¿De una vez, el gobierno convencerá a sus partidos de trabajar por la modernización del Sistema de Inteligencia que duerme en el Congreso y que es potestad del Ejecutivo para que se haga realidad?
La exigencia recae en las autoridades pertinentes, desde el Presidente hasta los ministros de Interior y Seguridad Pública, Defensa y Relaciones Exteriores. ¿Qué medidas inmediatas se tomarán para identificar fallas y vulneraciones ante esta eventual afrenta a la soberanía chilena?
Además de las interrogantes sobre el desempeño de las autoridades civiles y militares, también surge la preocupación sobre ciertos jueces que deberían funcionar como contrapeso en defensa de los ciudadanos y la seguridad. Casos como el del juez Urrutia, quien autorizó videollamadas a reos de alta peligrosidad, o situaciones previas donde jueces han permitido el levantamiento del anonimato de testigos clave, plantean serias dudas sobre la integridad de componentes del sistema. ¿Están realmente a salvo las instituciones y quienes detentan cargos en ellas del crimen organizado y el terrorismo, cuyas raíces está ganando fuerza en Chile? ¿Debatiremos el nivel de implicación que puede existir en diversos órganos del Estado precisamente de aquellos grupos del crimen organizado ligados, relacionados o propiciados por narco Estados que expulsan criminales fuera de sus fronteras?
Finalmente, surgen interrogantes sobre si estamos cerca de detener el crimen organizado y la delincuencia importada a través de nuestras fronteras. El hecho de que el director del Servicio de Migraciones haya declarado que "las fronteras ya estaban perdidas y que están trabajando para recuperarlas", plantea serias dudas sobre la efectividad de los esfuerzos del gobierno en este sentido. ¿Con qué fuerza y rapidez está actuando el gobierno y las instituciones para frenar el deterioro de las fronteras? ¿Por qué no se avanza más rápidamente en la implementación de iniciativas, como la propuesta por Demócratas en el Senado, para implementar permanentemente el control terrestre de las fuerzas militares y así reducir la permeabilidad de las fronteras? ¿Por qué no se avanza pese a que muchas fuerzas políticas estamos de acuerdo en avanzar en las reglas de uso de fuerza (RUF) mientras el gobierno titubea?
Estas incógnitas ponen de relieve la urgencia de tomar medidas concretas para proteger la seguridad nacional y combatir eficazmente el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.
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