Magallanes geopolítico: soberanía, interescalaridad y proyección estratégica
Desde la consolidación de los Estados nacionales y la expansión del comercio internacional, el Estrecho de Magallanes ha constituido una forma geográfica de primer orden para la interpretación geopolítica, tanto desde aproximaciones clásicas como críticas. Su relevancia, sin embargo, no deriva exclusivamente de sus características físico-geográficas. El Estrecho debe ser comprendido como parte de un espacio geográfico producido socialmente, que adquiere condición territorial en la medida en que sobre él se proyectan relaciones espaciales de poder, dispositivos institucionales, marcos jurídicos, discursos políticos y estrategias estatales.
Desde esta perspectiva, el espacio geográfico no constituye una realidad neutral ni estática. Es un producto social dinámico y heterogéneo, configurado por las relaciones que establecen las sociedades con su entorno y por las formas institucionales mediante las cuales dichas relaciones son organizadas. La localización y situación geográfica adquieren, de este modo, una dimensión política, puesto que condicionan oportunidades, restricciones y capacidades diferenciadas para los actores que intervienen en su producción y apropiación.
Esta aproximación permite comprender que la dimensión territorial de Magallanes no puede ser separada de las relaciones espaciales de poder que se despliegan sobre ella. La localización del Estrecho, su condición fronteriza, su proximidad con la Antártica y su vinculación con los circuitos marítimos australes (en incremento) le otorgan una significación geopolítica que excede la escala regional. Se configura así un espacio donde convergen intereses nacionales, dinámicas bilaterales, procesos de cooperación transfronteriza y estrategias de proyección internacional.
En este punto adquiere especial relevancia la noción de interescalaridad geográfica. La comprensión de Magallanes exige relacionar las escalas local, regional, nacional e internacional, reconociendo que los procesos que se producen en cada una de ellas se encuentran articulados. Una decisión adoptada en el nivel nacional puede generar consecuencias en las relaciones fronterizas locales; del mismo modo, una dinámica territorial desarrollada en Punta Arenas puede adquirir implicancias para la política exterior o para la proyección antártica del Estado chileno.
El Estrecho de Magallanes representa, precisamente, una expresión paradigmática de esta condición interescalar. Para Chile, constituye una vía de conectividad fundamental con el extremo austral y con la Antártica, contribuyendo a la configuración de una proyección tricontinental del Estado. Esta condición se articula con la presencia soberana en el continente americano, con la proyección hacia Oceanía mediante Rapa Nui y con la presencia chilena en la Antártica, esta última sometida al conocido régimen jurídico derivado del Sistema del Tratado Antártico.
En consecuencia, Magallanes adquiere una dimensión geopolítica que combina soberanía, conectividad, defensa, desarrollo territorial y proyección internacional. El Estrecho forma parte de la frontera austral chilena y constituye, además, un espacio de proyección hacia el Atlántico, no en términos de una pretensión de soberanía oceánica, sino mediante su función estratégica como corredor de conectividad y articulación marítima. Esta condición contribuye a explicar su relevancia permanente en la política exterior y de defensa de Chile.
Desde una perspectiva territorial crítica, esta realidad también debe ser relacionada con los procesos institucionales que han buscado fortalecer la presencia del Estado en los territorios extremos. El Estatuto Chileno Antártico, establecido mediante la ley 21.255, y las reformas asociadas al proceso de descentralización impulsadas durante los años 2017 y 2018, constituyen hitos relevantes en esta materia. La ley 20.990, que estableció la elección por sufragio universal del órgano ejecutivo regional, y las leyes 21.073 y 21.074, relativas a la elección popular del gobernador regional y al fortalecimiento de la regionalización, respectivamente, introducen nuevas condiciones institucionales para comprender la relación entre Estado, territorio y ejercicio del poder.
No se trata de sostener que descentralización y soberanía constituyan fenómenos equivalentes. Más bien, el punto reside en reconocer que una mayor capacidad institucional de los territorios regionales puede contribuir a fortalecer la presencia efectiva del Estado, especialmente en espacios geográficos donde la distancia respecto del centro político nacional constituye históricamente un factor relevante. En Magallanes, esta relación adquiere una dimensión particular debido a la convergencia entre territorio extremo, frontera internacional, conectividad austral y proyección antártica.
En este escenario, las declaraciones y actuaciones provenientes desde Argentina adquieren una relevancia que no puede ser reducida a episodios coyunturales. Las afirmaciones del brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina; del almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina; y del contraalmirante Hernán Montero, jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, respecto de materias vinculadas con la soberanía de Magallanes, el paso Drake y el uso conjunto de la Boca Oriental del Estrecho de Magallanes, respectivamente, deben ser analizadas dentro de una estructura más amplia de relaciones geopolíticas.
La relevancia de estas declaraciones reside menos en su dimensión discursiva individual que en la posibilidad de que expresen determinadas representaciones espaciales y estratégicas. La geopolítica, en este sentido, no opera únicamente mediante el control material del territorio, sino también mediante la producción de discursos que buscan dotar de significado político a determinados espacios geográficos.
Una situación semejante se observó en junio de 2024, cuando fueron detectados paneles solares argentinos instalados en territorio nacional. La reacción del entonces presidente Gabriel Boric, quien exigió su levantamiento, produjo una tensión diplomática que evidenció nuevamente la sensibilidad política y territorial de la frontera austral. El episodio demuestra que incluso actuaciones de naturaleza aparentemente técnica pueden adquirir una dimensión geopolítica cuando se desarrollan en espacios fronterizos de alta sensibilidad.
A esta situación se agrega la Directiva de la Política Nacional Argentina (DPDN), aprobada mediante el Decreto 457/2021, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández el 14 de julio de 2021 y publicado en el Boletín Oficial. La consideración del Estrecho de Magallanes y del Mar de Drake como espacios donde resulta fundamental fortalecer la "exploración, estudio y control conjunto" constituye un antecedente que merece ser incorporado al análisis geopolítico bilateral.
Estas situaciones requieren ser examinadas desde el derecho internacional, los antecedentes históricos, las prácticas estatales y las políticas exteriores de ambos países. El desafío consiste en evitar que la coyuntura política termine sustituyendo el análisis estructural de los intereses nacionales. En este sentido, las materias vinculadas con soberanía, integridad territorial y proyección estratégica deberían ser abordadas como componentes de una política de Estado, independientemente del signo político del gobierno de turno.
Es precisamente en este punto donde adquiere interés la relación entre Javier Milei y José Antonio Kast. La proximidad política entre ambos mandatarios introduce una dimensión adicional en la relación bilateral, puesto que las afinidades políticas no necesariamente coinciden con la totalidad de los intereses nacionales de cada Estado (sin perjuicio de reconocer desde Argentina, la validez de los tratados de límites de los años 1881 y 1984, referidos a la actual coyuntura).
La reunión bilateral entre ambos mandatarios resulta significativa en este sentido. Más allá del contexto político asociado al Foro Madrid, la relación entre coincidencia ideológica e interés nacional constituye una tensión analíticamente relevante para la política exterior chilena. La existencia de afinidades entre gobiernos no elimina las diferencias estructurales que pueden existir en materia territorial, marítima, antártica o geopolítica.
Esta cuestión adquiere particular relevancia al considerar que Argentina no había anulado el Decreto 457/2021 y que, paralelamente, Javier Milei obtuvo de José Antonio Kast un compromiso respecto de la posición chilena sobre la cuestión de las Malvinas.
Según el comunicado entregado por el Gobierno de Chile, el Presidente Kast reiteró el respaldo del Ejecutivo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de reafirmar la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido reanuden las negociaciones destinadas a alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales.
Por su parte, el presidente Milei agradeció el tradicional apoyo de Chile a la posición argentina respecto de las Malvinas y manifestó que se valorarían los esfuerzos del Gobierno chileno para evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, particularmente en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros.
La situación permite identificar una cuestión central para el análisis geopolítico: la cooperación entre Estados no elimina necesariamente la competencia territorial y estratégica. Por el contrario, ambas dimensiones pueden coexistir. Chile puede mantener una posición histórica respecto de las Malvinas y, simultáneamente, defender con firmeza sus propios intereses territoriales y estratégicos en el extremo austral.
Las posteriores afirmaciones de la senadora argentina y exministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto de la soberanía del Estrecho de Magallanes, posteriormente objeto de una excusa, y las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno sobre la condición bioceánica de Argentina, también posteriormente aclaradas, deben ser situadas dentro de este marco. Su importancia analítica no radica exclusivamente en la rectificación posterior, sino en la manera en que determinados discursos políticos producen y reproducen representaciones espaciales con consecuencias potencialmente geopolíticas.
En este sentido, los espacios geográficos no sólo expresan los intereses nacionales de los Estados directamente involucrados. También constituyen ámbitos de proyección de las grandes potencias y de empresas globales, cuyos intereses económicos, logísticos y estratégicos pueden incidir sobre su configuración. El extremo austral sudamericano y su proximidad con la Antártica forman parte de un espacio geopolítico crecientemente relevante en un escenario internacional caracterizado por incertidumbres, reacomodos de poder y transformaciones del orden internacional.
La transición hacia un escenario de mayor competencia geopolítica hace necesario, por tanto, ampliar la mirada sobre Magallanes. La defensa de los intereses nacionales no deber ser interpretada exclusivamente desde una lógica de confrontación. También requiere reconocer las posibilidades de cooperación territorial, especialmente cuando éstas permiten fortalecer la conectividad, el desarrollo regional y la integración de comunidades fronterizas.
El vínculo entre Punta Arenas y Río Gallegos constituye un ejemplo importante. Ambas ciudades pertenecen a Estados diferentes, pero comparten proximidades geográficas, históricas, económicas y sociales que generan dinámicas territoriales que exceden la frontera política. La declaración conjunta suscrita por sus máximas autoridades constituye una expresión concreta de esta interdependencia territorial.
En este escenario, la cooperación entre las comunas y ciudades fronterizas puede constituir una dimensión complementaria de la política exterior (ejercicio de la paradiplomacia). La frontera deja de ser exclusivamente un dispositivo de separación para transformarse también en un espacio de interacción, negociación y producción de intereses comunes.
Una lógica semejante puede observarse en las posibilidades de cooperación entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, particularmente en torno a la eventual reapertura de la ruta Malvinas-Punta Arenas. El alcalde Claudio Radonich ha planteado esta posibilidad en términos de generación de nuevas plazas de trabajo y fortalecimiento de vínculos territoriales (siendo acuerdos entre privados, además consigna). Desde una perspectiva geopolítica, iniciativas de esta naturaleza requieren ser evaluadas considerando simultáneamente sus efectos económicos, territoriales y diplomáticos.
La cooperación territorial, en consecuencia, no debe ser concebida necesariamente como una negación de la soberanía. Bajo determinadas condiciones, constituye un mecanismo para fortalecer la presencia territorial, ampliando las capacidades regionales y generando espacios de interacción que disminuyan las posibilidades de conflicto.
Esta perspectiva permite recuperar una idea fundamental: la soberanía contemporánea no se expresa únicamente mediante la afirmación discursiva de derechos sobre un territorio, sino también mediante la capacidad efectiva de un Estado para habitarlo institucionalmente, conectarlo, desarrollarlo, gobernarlo y proyectarlo estratégicamente.
Magallanes constituye un caso especialmente significativo para esta reflexión. Su condición geográfica, su posición fronteriza, la existencia del Estrecho, su proximidad con la Antártica y su inserción en las dinámicas australes convierten a este territorio en un espacio donde convergen múltiples escalas de poder.
Por ello, Magallanes no debería ser interpretado como una periferia distante del centro político chileno. Desde una perspectiva geopolítica, constituye un espacio estratégico de articulación entre América del Sur, la Antártica, los océanos australes y las dinámicas internacionales contemporáneas.
El desafío para Chile consiste, entonces, en articular una política de Estado capaz de integrar soberanía, desarrollo territorial, descentralización, conectividad, defensa, política exterior y proyección antártica. Esta articulación requiere reconocer que las dinámicas territoriales no son independientes de las relaciones internacionales y que, a su vez, las relaciones internacionales adquieren concreción material en espacios geográficos específicos.
Los espacios geográficos, en definitiva, hablan hacia los 360 grados de la posibilidad humana. También Magallanes. Lo hace desde la frontera, pero también desde la cooperación; desde la soberanía, pero también desde la interdependencia; desde la escala regional, pero también desde la dimensión internacional.
En el extremo sur de Chile, el espacio geográfico se convierte así en una expresión concreta de las relaciones espaciales de poder contemporáneas. Comprenderlo exige superar la mirada periférica y reconocer que Magallanes no se encuentra en el margen de la geopolítica chilena: constituye uno de sus espacios estratégicos fundamentales.