Magallanes, una tensión latente
Las últimas semanas han vuelto a recordarnos una realidad que Chile no debiera perder de vista. En política internacional, que una frontera esté jurídicamente resuelta no significa necesariamente que todas las tensiones estratégicas a su alrededor hayan desaparecido. Ese es precisamente el caso del Estrecho de Magallanes.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es clara. Los Tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984 establecen un régimen definitivo. Además, el pasado 3 de septiembre, los presidentes de Chile y Argentina reafirmaron expresamente la plena vigencia de esos instrumentos y el reconocimiento de la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. No existe, por tanto, una controversia jurídica abierta sobre su soberanía. Pero sería un error concluir que, solo por eso, la tensión reciente puede darse por superada.
En un período muy breve se acumularon episodios protagonizados por autoridades e instituciones argentinas que, considerados de manera aislada, podrían atribuirse a errores o formulaciones desafortunadas. Vistos en conjunto, sin embargo, producen un efecto distinto. El jefe de la Fuerza Aérea Argentina formuló referencias equívocas sobre Magallanes y el paso Drake; el canciller Pablo Quirno habló de Argentina como país bicontinental y bioceánico; Patricia Bullrich hizo referencia al eventual control del Estrecho; y una publicación oficial de la Armada Argentina difundió imágenes de unidades navegando por canales chilenos acompañadas de una redacción que luego debió ser corregida.
Todos estos episodios fueron aclarados o rectificados. Sin embargo, las rectificaciones no restituyen automáticamente la confianza ni vuelven irrelevante su reiteración. Nada de esto demuestra la existencia de una estrategia argentina coordinada para cuestionar la soberanía chilena sobre Magallanes, pero tampoco parece razonable interpretar cada episodio como un hecho completamente desconectado de los demás. Desde la perspectiva chilena, la situación se describe mejor como una tensión contenida, pero todavía no superada.
Existe, además, un elemento institucional pendiente bastante más importante que cualquier disculpa. El Decreto argentino 457 de 2021, que aprobó la Directiva de la Política de Defensa Nacional e incorporó al Estrecho de Magallanes dentro de una controvertida formulación sobre espacios compartidos, continúa formalmente vigente. El Gobierno argentino habría comprometido su modificación, pero mientras eso no se materialice seguirá existiendo una contradicción entre la declaración presidencial y un documento oficial de defensa.
Nuestra soberanía sobre Magallanes no necesita un nuevo reconocimiento argentino, porque deriva de tratados definitivos. Lo que Chile debe exigir es algo distinto y más concreto. La normativa, las comunicaciones institucionales y el discurso de las autoridades del país vecino deben ser sostenidamente coherentes con esos mismos tratados.
La controversia también ha dejado en evidencia un fenómeno menos visible, aunque estratégicamente importante. Existe hoy un alto nivel de desconfianza hacia Argentina en una parte significativa de la opinión pública chilena. Según Cadem, 71% de los chilenos considera que Argentina no respeta nuestra soberanía y mantiene pretensiones sobre el Estrecho de Magallanes, mientras 40% llegó a caracterizar a Argentina como un país enemigo.
Esas percepciones no constituyen evidencia de una intención argentina, pero sí condicionan el espacio político en el que se desarrolla la relación bilateral. Una vez que la desconfianza se instala, cada nueva declaración ambigua es interpretada sobre un terreno más sensible y cada rectificación posterior tiene menos capacidad para cerrar el episodio. En relaciones internacionales, la confianza también es un activo estratégico y fortalecerla requiere consistencia observable en el tiempo.
A este escenario se suma la reactivación argentina de su reivindicación sobre las Islas Malvinas. Aquí es fundamental no confundir ambas cuestiones. Malvinas y Magallanes son situaciones jurídicas diferentes y deben seguir siéndolo. La primera corresponde a una controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido; la segunda está resuelta por tratados entre Chile y Argentina. Separarlas jurídicamente, sin embargo, no obliga a ignorar su relación geopolítica.
El gobierno de Javier Milei ha llevado la cuestión de las Islas Malvinas a una dimensión más amplia de seguridad nacional, incorporando a esa agenda recursos naturales, capacidades militares, infraestructura en Tierra del Fuego y proyección antártica. La prioridad otorgada a la Base Naval Integrada de Ushuaia es una expresión concreta de esa creciente valorización del espacio austral.
En las últimas horas, el propio ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, agregó un antecedente especialmente relevante para Chile. Al explicar el sentido estratégico de la futura base de Ushuaia, sostuvo que numerosos países despliegan actualmente sus campañas antárticas desde Punta Arenas y que Argentina está dejando pasar la oportunidad de ofrecer desde su territorio servicios navales, combustible, abastecimiento, turismo y apoyo logístico.
Más que abrir una nueva controversia territorial, sus palabras hacen visible una dimensión competitiva que merece atención. Presti reconoce que Punta Arenas posee hoy una ventaja relativa como plataforma internacional hacia la Antártica y plantea que Ushuaia debe cerrar esa brecha. Desde la perspectiva chilena, esto permite advertir que la competencia austral ya no se expresa solamente en discursos sobre soberanía o presencia, sino también en infraestructura, logística, conectividad y capacidad para atraer programas antárticos de terceros países.
Para nuestro país, Magallanes articula el Pacífico Sur, los pasos interoceánicos, Cabo de Hornos, el paso Drake y la proyección antártica. Las visiones australes de Chile y Argentina no son necesariamente incompatibles y existe un amplio espacio para la cooperación. Pero su despliegue sobre un mismo espacio estratégico genera áreas de competencia por presencia, infraestructura, conectividad y capacidad logística. Esa competencia no debe dramatizarse como una amenaza militar, pero tampoco puede ser ignorada.
Aquí aparece, quizás, la principal enseñanza de las últimas semanas. Chile no necesita responder con más retórica, sino con más Estado. La mejor política de soberanía consiste en transformar la ventaja jurídica y geográfica en presencia efectiva y capacidades permanentes. Punta Arenas y Puerto Williams deben ser entendidos como activos estratégicos nacionales, no únicamente como ciudades periféricas. Eso implica fortalecer infraestructura portuaria y aeroportuaria, capacidades navales y aéreas, vigilancia marítima, conectividad, ciencia antártica y servicios logísticos hacia el continente blanco.
Si Argentina ha identificado públicamente la ventaja de Punta Arenas y ha decidido fortalecer desde Ushuaia su propia oferta de servicios antárticos, la respuesta chilena no debiera ser defensiva ni declamatoria. Debiera consistir en consolidar y ampliar esa ventaja mediante una política sostenida que integre infraestructura, presencia estatal, conocimiento científico y cooperación internacional.
Una política exterior madura debe ser capaz de sostener al mismo tiempo la cooperación y el resguardo de intereses permanentes. Argentina continúa siendo un vecino con el cual Chile comparte una extensa agenda económica, fronteriza, energética, de seguridad y antártica. Esa cooperación es valiosa y debe preservarse. Pero cooperación no significa ingenuidad ni renunciar a exigir coherencia institucional. La confianza debe descansar en conductas verificables y no solamente en aclaraciones posteriores a cada incidente.
Dar por completamente superada la tensión sería prematuro, del mismo modo que sería irresponsable transformar a Argentina en un adversario estructural. Chile necesita firmeza jurídica, coherencia diplomática, presencia efectiva y autonomía estratégica.
La cuestión de fondo ya no es solamente quién posee jurídicamente el Estrecho de Magallanes, porque eso está resuelto. La pregunta verdaderamente estratégica es quién será capaz, durante las próximas décadas, de transformar su geografía austral en infraestructura, conocimiento, conectividad, servicios, presencia y capacidad de decisión.
Las recientes declaraciones de Presti muestran que Argentina ya está pensando esa competencia en términos concretos. Chile debiera hacer lo mismo. No para escalar la relación, sino para asegurar que una ventaja histórica y geográfica pueda traducirse en capacidades duraderas. La geografía le entregó a Chile una ventaja. Conservarla como ventaja estratégica dependerá de nuestras decisiones.