Se busca practicante
Un hecho conocido durante la semana resume mejor que cualquier discurso o anuncio presidencial los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast. El estudiante de primer año de periodismo Cristóbal Soto (19 años), contratado en el Ministerio del Interior para "redes sociales y apoyo comunicacional", con un sueldo de $1,9 millones de pesos.
No es un caso aislado. A esa lista se sumaron Camila Pérez (26 años), abogada recién egresada y militante de Renovación Nacional, incorporada como "experta" en el Servicio Nacional de Migraciones con una renta de $2,7 millones; Trinidad Zegers (27 años), recién egresada de derecho, ocupa el cargo de Coordinadora de la Reforma Procesal Civil en el Ministerio de Justicia con una renta $2,7 millones aunque en junio alcanzó los $4,3 millones por concepto de bonificaciones; Sofía Shea (24 años), recién egresada de periodismo, asumió el cargo de jefa digital de la Secretaría de Comunicaciones con un sueldo de $2,1 millones en mayo, con un alza a $3,5 millones en junio; y más recientemente Emilio Court (22 años), estudiante de cuarto año de derecho vinculado a "la avanzada presidencial" con pagos por $3,7 millones. Todos estos episodios en menos de medio año, todos con el mismo patrón: jóvenes estudiantes y/o recién egresados, cercanía política, familiares y/o amigos de autoridades del Gobierno y nivel de sueldos que un funcionario de carrera con años de trayectoria en el Estado difícilmente alcanza a percibir.
El diputado socialista Daniel Manouchehri lo llamó "la primera chamba millonaria del país". Y no le faltó puntería. Es difícil imaginar una síntesis más precisa de la distancia entre el relato de campaña: meritocracia, austeridad, un Estado "eficiente" que había que ordenar en contraste con la práctica de gobierno, que ha preferido evidentemente la lealtad política y el nepotismo por sobre la trayectoria y la idoneidad técnica.
En este punto conviene una precisión de manual de la administración pública, porque no es un detalle menor. Existe una diferencia elemental entre un Estado weberiano racional-normativo que selecciona a sus funcionarios por mérito y procedimiento de aquel Estado clientelar, que reparte cargos como botín de guerra electoral. En el año 2003, en Chile se creó -tras una fuerte crisis institucional- la institucionalidad del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) estableciendo que el Estado utilizará concursos públicos, perfiles de cargo, escalafones de carrera y concursabilidad para cargos de primer, segundo (ambos por ADP) y tercer nivel jerárquico (carrera funcionaria) para el ingreso a la Administración Pública. No fue un capricho progresista sino una respuesta institucional a la evidencia de que gobernar con los amigos y la familia, sin más credencial que la cercanía, termina costándole carísimo a la ciudadanía y al Estado. En coherencia con las ideas centrales del politólogo sueco Bo Rothstein, la legitimidad democrática de un gobierno no basta ni garantiza el correcto desempeño de la gestión pública, sino que una buena (o deficiente) gobernanza y la calidad de sus instituciones se evidencia una vez que el presidente se instala y ejerce su poder.
El Gobierno está dañando las propias instituciones que gestiona. El propio Servicio Civil creó en el año 2015 el programa llamado Prácticas Chile. En consecuencia, bajo gobiernos de distinto signo político, el mismo Estado pone a disposición anualmente miles de cupos, más de 8.800 sólo en 2024 según fuentes oficiales, para que estudiantes universitarios y técnicos de todo el país postulen mediante currículum y motivación que les permita acceder a una práctica profesional en los ministerios y servicios públicos en Santiago y regiones. Las prácticas no son remuneradas, la compensación -cuando existe- suele limitarse a colación y movilización. Este programa constituye literalmente, la puerta de entrada institucional, transparente y meritocrática que el Estado chileno diseñó para que los y las jóvenes conozcan la administración pública antes de trabajar en ella. Mientras miles de estudiantes hacen fila, entregan sus certificados de notas y compiten por una práctica, el gobierno de Kast decidió saltarse esa fila entera y sentar directamente en el sillón de "experto" a compañeros de campaña con sueldos de siete dígitos. Prácticas Chile pide mérito. La Moneda solo pidió cercanía.
El problema de fondo no es la juventud, ya que cualquier sociedad necesita renovar sus cuadros y entregar oportunidades, sino la incoherencia que se evidencia: un Gobierno que hizo de la crítica pontificando sobre lo que denominó "la grasa del Estado" y a la politización de la función pública como sus banderas de campaña, y que en la práctica ha mostrado no creer ni conocer al Estado como institución sino como una caja de favores para saldar deudas de campaña. Este es el tema de fondo: ¿Se puede desconfiar de la administración pública y, al mismo tiempo, desconocer por completo cómo funciona su columna vertebral: la carrera funcionaria, los concursos públicos y la experiencia acumulada. Ambas en conjunto no representan austeridad sino improvisación con maquillaje de eficiencia.
Los números en estos seis meses sólo refuerzan esta mala praxis. Las últimas encuestas ubican la aprobación presidencial que oscila entre 30% y 34% según la consultora; una desaprobación que roza el 60%; un desempleo en el 9,5%, una economía que no despega pese a la megarreforma tributaria recién aprobada y un gabinete ministerial con la rotación más rápida desde el retorno a la democracia. Ninguno de estos indicadores se explica únicamente por las contrataciones cuestionadas, por cierto, pero todos comparten un mismo síntoma: la brecha entre lo prometido y lo gestionado, entre el discurso de la eficiencia y la evidencia de la impericia.
La confianza institucional no se construye con anuncios ni con relatos de campaña: se construye -o se destruye- con señales concretas sobre a quién se le entrega el poder de administrar lo público. Cuando esas señales dicen que la experiencia y el mérito importan bastante menos que la cercanía política y los vínculos familiares, la ciudadanía no necesita una encuesta para entenderlo: lo intuye y con claridad. Si la puerta de entrada al Estado está diseñada institucionalmente de manera competitiva y transparente con dichos fines, la elección de saltársela deja de ser un error de comunicación -como lo calificó el Gobierno- se convierte en una declaración de principios sobre qué clase de Estado se quiere construir. Uno que tiene nombre y apellido. Un Estado nepotista que comienza por debilitar y termina por destruir la confianza pública.