Injuv: una decisión que no se puede seguir postergando
El Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) tiene dos líneas de trabajo claramente establecidas: una de asesor y de incidencia en la política pública hacia los demás servicios públicos para la búsqueda de soluciones a los problemas de la juventud; y, por otra parte, desarrollar programas y servicios directos a las y los jóvenes, especialmente en aquellos ámbitos que no abordan otros entes públicos.
A finales de 1997, en medio de una crisis profunda, este servicio tuvo que cerrar la mayoría de sus programas, que nos obligó a preguntarnos por dónde priorizar y dónde agregar valor. Casi 30 años después, estamos volviendo a esta misma conversación, pero con el agravante de que hoy ya no se discute cómo hacer mejor el trabajo del Instituto Nacional de la Juventud o cuál debiera ser su foco central, sino si vale la pena que siga existiendo.
En este escenario, el gobierno anunció un recorte para este año del 47,7% al presupuesto del Injuv -cerca de 3.860 millones de pesos- y deben presentar, antes de junio, una propuesta de rediseño institucional. La autoridad adelantó un "reordenamiento hacia un organismo técnico, enfocado en diseñar políticas públicas, mientras que su implementación quedaría en manos del propio ministerio" de Desarrollo Social y Familia.
Esta situación actual del Injuv no es nueva. Es una definición que se viene postergando hace muchos años, tal vez desde la crisis de 1997. El resultado ha sido el constante y sistemático debilitamiento de esta institucionalidad, sin una conversación profunda respecto al rol de este servicio y a una revisión de la ley que lo crea. Por ello, considero que este no es un problema del instituto: es un problema del Estado, que nunca terminó de definir qué quería de esta institucionalidad.
Conviene recordar lo que el Injuv efectivamente aportó a las políticas públicas. Antes de que existieran el Senda o las primeras políticas en sexualidad juvenil, fue el Injuv el que diseñó esos programas y los traspasó cuando hubo institucionalidad adecuada; así como los programas nacionales de alfabetización digital a través de la instalación de Infocentros, las casas de la juventud como espacios de desarrollo y encuentro, entre otros. En el ámbito de las políticas públicas existió la Política Nacional de Juventud y un comité interministerial y, en el ámbito de la generación de conocimiento, la Encuesta Nacional de Juventud, aplicada por primera vez en 1994, transformó a Chile en uno de los primeros países de América Latina con una radiografía sistemática de su mundo juvenil, que junto a la realización de estudios cualitativos permitió comprender e interpretar las distintas realidades de la juventud chilena. Resultados que eran compartidos con los servicios públicos relacionados y algunos incluso realizados de manera conjunta.
En su momento, propuse que el Injuv debiera ser un órgano asesor y coordinador de una política nacional de juventudes, con un comité interministerial donde Educación, Trabajo, Salud, Deporte, Desarrollo Social y otros sectores para su desarrollo. Para ello, es preciso fortalecer su área de articulación interinstitucional y estudios, para que los datos y el conocimiento que genera se transformen en orientaciones de política y en decisiones efectivas.
Por otra parte, en el ámbito programático, que no puede eliminarse, ser un laboratorio de innovación que diseñe y desarrolle programas que después se traspasan al sector público correspondiente, tal como ocurrió en su momento; pero en base a las características y realidades actuales de la juventud.
Esta es la decisión que toca tomar. Y no se puede seguir postergando otros 30 años.