La crisis de la ecuación mérito-confianza política
Coescrita con María Pía Martin Munchmeyer, Ph.D en Políticas Púbicas, magíster en Ciencia Política y consejera ADP
El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) vive hoy días de tensión. La remoción de la directora del Hospital de San Antonio ha generado una intensa polémica respecto de los actuales mecanismos de desvinculación de altos directivos públicos. El sistema de selección de postulantes a altos cargos públicos logra resguardar el mérito, la confidencialidad del proceso, el principio de no discriminación y la transparencia. Quienes postulan quedan, en su gran mayoría, conformes con el proceso aun cuando no hayan sido seleccionados. La bajísima tasa de reclamos, inferior al 1%, así lo demuestra.
No obstante, el problema está en los mecanismos de remoción. La herramienta que la ley dispuso para ello es el despido aduciendo falta de confianza. ¿Tiene sentido un sistema con exigentes mecanismos de mérito a la entrada, pero amplias atribuciones de la autoridad política para el despido?
La reforma introducida por la ley 20.955, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 2016, mantuvo esta regla, aunque la matizó respecto de los cargos de segundo nivel jerárquico, al establecer que, en estos casos, la autoridad debe expresar el motivo de la solicitud de renuncia, el que puede basarse en razones de desempeño o confianza.
El sistema de Alta Dirección Pública fue diseñado para profesionalizar la gestión del Estado, asegurando que los cargos directivos se provean sobre la base del mérito, la idoneidad y la experiencia, resguardando al mismo tiempo un espacio acotado de confianza para la autoridad democrática. El mal uso o el abuso del mecanismo de la confianza deja al descubierto la necesidad de generar nuevas reglas, de manera que, en cargos principalmente ejecutivos y técnicos, la gestión y el desempeño debiesen ser el elemento principal para medir y remover a un directivo público.
Ciertamente, existen cargos que -por definición- son de exclusiva confianza y nombramiento directo, cuya legitimidad descansa precisamente en esa naturaleza, porque diseñan políticas públicas, pero no tienen como eje central la ejecución de las mismas.
Los cuestionamientos al funcionamiento de las reglas institucionales del sistema ADP están llegando a un punto crítico, fundamentalmente porque se está mermando la confianza en un sistema que ha generado logros destacados.
Existen múltiples estudios que muestran mejores resultados de gestión cuando un directivo es seleccionado por ADP, con evidencia clara en áreas como salud y educación. Sin embargo, si los profesionales elegidos mediante este sistema no cuentan con reglas claras para medir su desempeño ni certeza en la forma de desvinculación, se pierde la confianza en el sistema. Con ello, pierde Chile y se ralentiza el proceso de modernización del Estado.
La necesidad de perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública, ha sido abordada por el propio consejo. Este ha recogido los proyectos de ley impulsados durante los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, del presidente Sebastián Piñera y la última presentada al presidente Gabriel Boric y al Congreso, elaborando una propuesta integral con ocasión de los 20 años del sistema, tras un extenso trabajo con académicos, ciudadanía y centros de estudios. Entre sus principales ejes se encuentra la conveniencia de dotar de mayor estabilidad a los directivos de segundo nivel jerárquico, atendido su carácter predominantemente técnico y la necesidad de fortalecer la profesionalización y continuidad de la dirección pública.
Avanzar hacia mayores grados de claridad en los criterios de desvinculación -especialmente en los altos directivos públicos responsables de ejecutar políticas-, otorgará mayor certeza al sistema, reforzando la preeminencia del mérito. Revisar las actuales reglas de egreso es urgente para sostener y readecuar la Alta Dirección Pública a los desafíos de una mejor gestión estatal.
La decisión de la actual administración presidencial es clave para avanzar en estas modificaciones legales, que se arrastran ya por tres periodos presidenciales sin ver la luz. Estos cambios son necesarios para fortalecer el sistema, clarificar sus zonas grises, robustecer las facultades del Consejo y resguardar de mejor manera el equilibrio entre mérito y confianza política que inspira el modelo.
Cuidar la Alta Dirección Pública no es solo una cuestión administrativa; es una condición esencial para la calidad de nuestra democracia y para un mejor Estado