Devolución del IVA a los medicamentos: ¿Paliativo o tratamiento?
La discusión tributaria ha vuelto a poner en el centro una demanda social evidente: aliviar el costo de la vida. En ese contexto, la propuesta de devolver el IVA a medicamentos y pañales resulta políticamente atractiva. Es una medida de implementación simple, con alto rendimiento comunicacional y capacidad de generar empatía inmediata.
Sin embargo, conviene distinguir entre medidas de alivio transitorio y soluciones estructurales. En el caso de los medicamentos, el problema de fondo en Chile no es tributario, es de diseño del sistema de salud. Mientras los fármacos permanezcan mayoritariamente fuera de los planes de salud -tanto en el ámbito público como privado- su financiamiento seguirá recayendo, de manera predominante, en los hogares.
Y en ausencia de cobertura, el gasto de bolsillo no es una anomalía: es el resultado esperable. Este punto es crítico, porque los medicamentos constituyen, en múltiples patologías, la intervención que determina el resultado en salud. No son accesorios del proceso terapéutico, sino la condición que permite que éste sea efectivo. Sin embargo, pese a ese rol determinante, no están plenamente incorporados en el sistema.
Y las cifras reflejan con claridad esta asimetría. En Chile, el financiamiento público representa aproximadamente el 17% del gasto total en medicamentos, como reveló la segunda versión del estudio "Caracterización del Gasto Público en Medicamentos", desarrollado por la Escuela de Gobierno UC con apoyo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica. En contraste, en países que han logrado contener de manera sostenida el gasto de bolsillo, dicho porcentaje supera el 70%, a través de esquemas de cobertura explícita y aseguramiento.
Desde una perspectiva macroeconómica, la brecha es igualmente significativa. Chile destina alrededor de 0,46% del PIB a financiamiento público de medicamentos, mientras países como Portugal y España superan el 1,6%. Esta diferencia no es marginal: da cuenta de una distinta asignación de riesgos financieros entre el sistema y los hogares.
La evidencia comparada es consistente en este punto. Los sistemas de salud que han logrado reducir sustancialmente el gasto de bolsillo lo han hecho a través de la incorporación de los medicamentos en los planes de beneficios, con financiamiento predecible, mecanismos de priorización y herramientas de gestión del gasto, tales como compras centralizadas o acuerdos de riesgo compartido.
Más aún: una política centrada solo en precios suele confundir síntomas con causas. Si una persona debe financiar mensualmente tratamientos para diabetes, hipertensión, cáncer o salud mental con recursos propios, el problema no es el IVA a los medicamentos, es la ausencia de cobertura.
Chile necesita mover la conversación desde el precio hacia la protección financiera. Desde la farmacia hacia el diseño del sistema de salud.
Desde esta perspectiva, el desafío para Chile no es marginal. Requiere una redefinición de la arquitectura del sistema, orientada a integrar los medicamentos como parte constitutiva de la cobertura, y no como un gasto asumido por las personas. Ello implica avanzar en la ampliación de coberturas en Fonasa e isapres, fortalecer instrumentos existentes como el GES y la Ley Ricarte Soto, e incorporar mecanismos que permitan conciliar acceso, eficiencia y sostenibilidad fiscal.
En síntesis, transitar desde un esquema que financia prestaciones individuales hacia uno que asegura tratamientos completos. Porque, en última instancia, la reducción efectiva del gasto de bolsillo no se logra mediante ajustes en el punto de venta, sino a través de decisiones estructurales de cobertura.
Y en salud, el acceso real a los medicamentos no se define por su precio, sino por su inclusión en el sistema de aseguramiento.