Jugando con fuego
El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha insistido en crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, pese a las objeciones formuladas por académicos y dirigentes políticos. Entre estos últimos se cuentan representantes de la oposición y de diversos sectores de la derecha. La amplitud del rechazo impide reducirlo a una maniobra contra el Gobierno. El nuevo instrumento ha sido criticado porque resulta inútil para corregir las debilidades institucionales que permiten la expansión del crimen organizado y porque contradice principios básicos del constitucionalismo democrático.
El crimen organizado plantea un problema permanente de capacidad estatal. Se expande cuando las instituciones no consiguen coordinarse y las investigaciones financieras avanzan con lentitud. También aprovecha el control que las propias organizaciones criminales ejercen dentro de las cárceles.
Chile tampoco parte desde cero. La creación del Ministerio de Seguridad y la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia entregaron al Estado una arquitectura más adecuada para enfrentar fenómenos criminales complejos. La tarea pendiente consiste en lograr que esas instituciones funcionen coordinadamente y produzcan resultados.
Un estado de excepción está concebido, en cambio, para responder a una situación extraordinaria y temporalmente acotada. La reforma confunde la gravedad del problema con la idoneidad del instrumento empleado para enfrentarlo.
Sus causales tampoco ofrecen una delimitación satisfactoria. El proyecto alude a una "amenaza grave e inminente contra la seguridad pública" o a una situación en que esta se encuentre "gravemente afectada". La fórmula no exige que el peligro provenga de organizaciones criminales o terroristas, pese a que ese es el fundamento político invocado. Tampoco obliga a demostrar previamente que las potestades ordinarias han resultado insuficientes.
Las atribuciones contempladas son considerables. El proyecto permitiría suspender o restringir la libertad personal y la de locomoción. La libertad de reunión también podría suspenderse o restringirse, mientras la libertad de asociación quedaría sujeta a restricciones. Incluso se autorizaría la intervención de documentos y comunicaciones. El Presidente podría mantener vigente este estado durante 240 días sin requerir la aprobación del Congreso.
La concentración de poder resulta difícil de justificar. El Presidente determinaría la existencia de la amenaza y el territorio sometido al régimen excepcional. También decidiría las medidas aplicables. El Congreso conservaría sus facultades generales de fiscalización, aunque no podría pronunciarse sobre la declaración ni sobre su primera prórroga.
El proyecto obliga al Presidente a informar acerca de las medidas adoptadas, pero no fija la periodicidad ni el plazo para hacerlo. Aspectos importantes del control y de la rendición de cuentas quedarían entregados a una futura ley orgánica constitucional.
El diseño se aleja de las condiciones que limitan toda excepcionalidad constitucional. Las medidas deben ser indispensables para enfrentar hechos determinados y guardar una relación razonable con su gravedad. Su vigencia debe reducirse al tiempo estrictamente necesario. Estas exigencias aparecen recogidas en los Principios de Siracusa, incluidos en un documento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que también destaca la importancia del control sobre las autoridades.
Existe además una prueba política elemental. Las potestades extraordinarias deben juzgarse pensando en que mañana podrían quedar en manos del adversario. Quien las considere abusivas bajo un gobierno contrario tampoco debería promoverlas cuando ocupa el poder.
La revisión judicial de medidas particulares no resuelve el problema. El artículo 45 de la Constitución impide a los tribunales calificar los fundamentos y las circunstancias de hecho invocados para declarar un estado de excepción. La decisión que activa el régimen queda entregada principalmente a la apreciación presidencial. La reforma amplía considerablemente las potestades del Ejecutivo sin fortalecer las capacidades que el Estado necesita para combatir el crimen organizado. La insistencia gubernamental requiere, por tanto, una explicación política.
Pulso Ciudadano muestra la magnitud del deterioro sufrido por el Gobierno durante sus primeros meses. La aprobación presidencial cayó desde 47,5% en marzo hasta 25,6% a fines de julio, cuando la desaprobación alcanzó 58,9%. La situación económica contribuyó a ese debilitamiento. El PIB disminuyó 0,2% interanual durante el segundo trimestre y el primer semestre acumuló una contracción de 0,3%.
El Imacec de julio reafirmó el cuadro negativo. Cayó 1,5% en 12 meses y 1,7% respecto de junio en términos desestacionalizados. Aunque el resultado estuvo parcialmente influido por factores climáticos y por la menor producción minera, también retrocedieron los servicios y la industria. Para un Ejecutivo que prometió resultados rápidos, este escenario aumentó la presión por recuperar iniciativa en otro ámbito.
La medición de agosto de Pulso Ciudadano entregó un alivio. La aprobación aumentó 8,2 puntos porcentuales y llegó a 33,8%, mientras la desaprobación descendió 4,5 puntos y se situó en 54,4%. La mayoría continúa rechazando la gestión presidencial y la diferencia entre ambas cifras permanece por encima de veinte puntos.
El repunte no puede atribuirse exclusivamente a la reforma de seguridad. En una encuesta confluyen numerosos acontecimientos y resulta difícil aislar el efecto de una sola iniciativa. La cercanía temporal entre el lanzamiento de la agenda y la recuperación del Gobierno vuelve plausible esa hipótesis, pero no demuestra una relación causal.
Lo decisivo será la interpretación que prevalezca en La Moneda. Si el Ejecutivo concluye que el endurecimiento de su agenda contribuyó a la recuperación, aumentarán los incentivos para mantener la reforma a pesar de las críticas.
La seguridad ofrece un terreno especialmente atractivo para esa estrategia. Sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y ocupa un lugar central en la identidad de Republicanos. Al instalarla en el centro del debate, el Gobierno recupera iniciativa y proyecta una imagen de firmeza. El efectismo político consiste precisamente en privilegiar ese impacto inmediato por sobre la capacidad de una medida para producir resultados.
En este caso existe una relación débil entre el instrumento propuesto y el problema que se pretende resolver, pese a su gran visibilidad. Los beneficios comunicacionales pueden ser inmediatos. Los costos institucionales y la insuficiencia de los resultados solo se harán perceptibles con el paso del tiempo.
El riesgo supera el destino de este proyecto. Si el Gobierno interpreta el repunte de agosto como una confirmación de su estrategia, puede consolidarse un estilo político. Frente a una nueva caída de popularidad volverá la tentación de impulsar medidas similares, invocando la migración irregular o alguna alteración del orden público. Incluso una emergencia real podría utilizarse con ese propósito.
Cuando los resultados no llegan, siempre es posible sostener que las atribuciones concedidas fueron insuficientes. Así se abre paso a una iniciativa todavía más intensa. Cada fracaso prepara un nuevo endurecimiento y la excepcionalidad comienza a transformarse en un recurso ordinario de la competencia política.
La motivación inmediata que parece predominar en el Gobierno se encuentra más cerca de la recuperación de apoyo que de la ejecución deliberada de un proyecto "iliberal". Esta explicación constituye una hipótesis y debe mantenerse en ese nivel. Los efectos objetivos de la reforma admiten un juicio más concluyente: su aprobación debilitaría los límites al poder presidencial.
La insistencia gubernamental ya está produciendo costos. Diversos sectores de la derecha han tomado distancia y la oposición ha encontrado en el rechazo al nuevo estado de excepción un punto de convergencia. El debate empieza a presentarse como una disyuntiva entre seguridad y libertades públicas, pese a que ambas deben ser protegidas por un Estado democrático. Esa forma de plantear el conflicto favorece la polarización y desplaza la discusión sobre las capacidades estatales que realmente necesitan fortalecerse.
El deterioro del Gobierno puede aumentar las posibilidades electorales de la oposición, pero no demuestra que la ciudadanía vuelva a confiar en ella. Tampoco acredita que la considere preparada para gobernar. Una victoria construida principalmente sobre el rechazo al oficialismo dejaría intactas las causas del distanciamiento ciudadano frente a la política.
Los nuevos gobernantes llegarían con apoyos frágiles y podrían comenzar a desgastarse antes de producir resultados. Al cabo de pocos años, una parte considerable del electorado volvería a buscar una opción situada en la dirección contraria. La alternancia forma parte de la democracia. Se vuelve problemática cuando cada mayoría nace de la decepción con la anterior.
Recuperar credibilidad exige comenzar desde ahora a formular alternativas sólidas de política pública. La oposición necesita un programa construido a partir de un diagnóstico realista de los problemas del país. Las restricciones fiscales obligarán a ordenar las prioridades.
Ese programa deberá estar respaldado por equipos capaces de convertir sus decisiones en políticas efectivas. Sus propuestas deben conocerse y discutirse antes de la campaña. Las consignas pueden entregar ventajas electorales, pero no resolverán la inseguridad ni las dificultades económicas y sociales. Tampoco ayudarán a superar la prolongada crisis de representación que afecta a Chile.
El Gobierno y la oposición pueden verse atraídos por el efectismo, aunque sus conductas no poseen igual gravedad. El primero utiliza el poder estatal para promover una reforma que restringiría derechos y debilitaría los controles constitucionales. La segunda adoptaría una estrategia cortoplacista si confiara en que el desgaste presidencial basta para devolverle el poder.
El Gobierno juega con fuego cuando convierte la excepcionalidad constitucional en un instrumento de recuperación política. La conducta es particularmente grave porque utiliza el poder que ya posee para debilitar los límites destinados a contenerlo. La oposición debe recuperar su credibilidad y demostrar que dispone de alternativas consistentes. De lo contrario, una nueva alternancia preparará la próxima frustración. El movimiento pendular continuará y la distancia de la sociedad frente a la política será todavía mayor.