La ausencia de la discapacidad en la nueva propuesta constitucional
La propuesta constitucional rechazada por la mayoría del pueblo chileno el 4 de septiembre de 2022 pudo haber sido una Constitución con el mayor articulado en temas de discapacidad, al menos en América Latina y el Caribe; y si bien dicha propuesta contaba con varias menciones en este ámbito, era evidente la falta de coherencia y la incorporación de temas demasiado específicos que desvirtuaban su contenido, dejando a la luz una falta de equilibrio en relación con el abordaje de las problemáticas que presentan las personas con distintos tipos de discapacidad.
Los reconocimientos de grupos específicos y los símbolos ideológicos marcaron el desarrollo y el contenido de la propuesta que no satisfizo a la mayoría de los chilenos, aun cuando el tema de la discapacidad estuvo presente.
En la actualidad, en nuestro país se encuentra en desarrollo un nuevo proceso, cuya base es la propuesta de comisión de expertos que redactó un anteproyecto de nueva Constitución, el cual dista mucho de la iniciativa anterior, y en materia de discapacidad, su abordaje, es casi nulo.
Ardua tarea tiene el Consejo Constitucional, que debe tener muy presente que una nueva Constitución no es sólo un asunto de seguridad, migración o el tamaño del Estado, sino que también debe sentar las bases para que nuestro país continúe avanzando en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad.
A su vez, la ciudadanía debe tener presente que una Constitución no puede ser en esencia un catálogo de derechos que no tengan cumplimiento, tal como ocurre en muchos países en los que su Carta Magna es letra muerta en este ámbito. Por ello, una nueva Constitución también tiene que garantizar la forma en que los derechos tengan fiel cumplimiento, sin problemas de financiamiento.
Hoy, a diferencia de ayer, existen datos importantes que evidencian cómo es que el Estado chileno se encuentra en deuda con la inclusión de las personas con discapacidad, debido al incumplimiento total o parcial de tratados internacionales y normativas nacionales vigentes. Es aquí donde el Consejo Constitucional debe poner su atención, pues, se torna necesario fortalecer la institucionalidad en materia de discapacidad y dejar atrás los compromisos vacíos que suscribe el Estado, generando así un funcionamiento ineficiente del mismo y que con ello segrega a este grupo tan importante de la población.
Las iniciativas populares que alcanzaron el número de firmas para ser discutidas en el Consejo Constitucional y que dicen relación con los derechos de las personas en situación de discapacidad y el abordaje de los cuidados, se relacionan con un problema país, frente al cual la actual institucionalidad no ha dado una respuesta efectiva. Por su parte, el primer observatorio chileno sobre derechos de personas con discapacidad de la Fundación Chilena para la Discapacidad es un insumo técnico y objetivo para tener un diagnóstico sobre estos asuntos y trazar los lineamientos para construir un Chile más inclusivo.
La invitación es a ampliar el debate y a incorporar los temas relacionados con la discapacidad en la discusión de una nueva constitución, de manera que esta si sea la Carta Magna que satisfaga las expectativas y las necesidades de la mayoría de nuestro país.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado