Un principio fundamental de toda democracia que funciona de forma adecuada es que las instituciones del Estado son organismos permanentes, que no están supeditados a los gobiernos de turno ni a intereses particulares, sino que al servicio de los ciudadanos en virtud de las funciones y atribuciones que le asigna la ley a cada una de ellas.
En una democracia defectuosa, como la nuestra, hace rato que esa frontera, que debiese ser infranqueable, se traspasa de manera grosera, sin que el propio sistema cuente con mecanismos para impedir que este principio fundamental se transgreda
El caso más evidente de esta realidad es lo que hace rato viene ocurriendo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), corporación autónoma de derecho público que desde su creación tuvo un marcado sesgo ideológico, representando los intereses de un sector político, pese a que su principal función es "promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país".
Sesgo que con el pasar del tiempo se transformó en una verdadera captura por parte de la izquierda radical, cuya inclinación se exacerbó durante el estallido de violencia de 2019, donde funcionarios de esta institución se dedicaron principalmente a hostigar y obstaculizar el actuar de Carabineros en su intento por restablecer el orden público frente a la horda que destruía todo a su paso. Incluso, desde esta entidad se avalaban imputaciones en contra de las fuerzas del orden, que con el tiempo se comprobaron falsas, pero que en su momento sirvieron para exaltar aún más los ánimos de aquellos que buscaban derrocar al gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera.
De nada ha servido que el Consejo del INDH esté conformado por personeros de distintas sensibilidades políticas, que son elegidos en diferentes instancias, porque el intervencionismo en determinadas causas que abraza la izquierda radical ha quedado al descubierto en reiteradas ocasiones, en un verdadero intento por instalar una visión limitada y coaccionada de lo que supone la genuina defensa de los derechos humanos.
El caso más reciente de esta captura del INDH, por parte, incluso de una colectividad política, como es el Partido Comunista, fue la querella presentada por el instituto en contra del candidato de Renovación Nacional a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, por posible tráfico de influencias en la designación de una ministra de la Corte Suprema, excediendo todas sus atribuciones.
No es descabellado pensar que hay una motivación electoral detrás de esta acción, considerando que el señor Desbordes le competirá el sillón edilicio a la militante comunista Irací Hassler. Vaya coincidencia, ya que quien aparentemente se vería beneficiada con este intento de daño de imagen es precisamente la actual alcaldesa. De otra manera no se explica que el INDH haya realizado esta maniobra tan torpe y evidente, deteriorando aún más al propio organismo, que hace rato perdió legitimidad frente a la ciudadanía, y su autonomía y credibilidad en el cumplimiento del mandato otorgado por ley.
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