Podemos establecer que es necesario tener una capacidad para revisar a las entidades públicas mucho más eficiente, pero ¿cómo podemos luchar con una cultura que menosprecia las auditorías internas y las fiscalizaciones de la contraloría? Max Weber habló de la burocracia, enfocándose en la modernización de sus estamentos, pero en Chile aún se habla y no se moderniza, teniendo estructuras del siglo pasado.
Por mucho tiempo hemos hablado en Chile de realizar una modernización del Estado. Tal vez, la última realizada fue a mediados del siglo pasado. Luego hemos entrado en crisis democráticas y estancamientos que lo único que han generado es la permanencia de un Estado en la era del papel. Pero las entidades privadas no han realizado mucho para diferenciarse del Estado. Hace muy poco, en los '90, se miraba a los auditores internos como personas que molestaban pidiendo documentos y estableciendo riesgos que nunca ocurrían. La cultura era vender y no preocuparse por la seguridad y los riesgos económicos o medioambientales, situaciones de riesgos que cuando ocurrían simplemente eran negadas o escondidas bajo la alfombra. Actualmente hay un esfuerzo de cambiar eso mediante normativas, pero son solo dirigidas a las empresas más grandes del país, asumiendo temas que no son solamente financieros (al parecer los negacionistas del cambio climático se han dado cuenta de que es una realidad).
Por parte del Estado el problema es más profundo, y se observa que ha quedado atrás, muy atrás, bajo los escándalos de los dineros de las FF.AA. y de Orden, que han dejado al descubierto un tema muy profundo que tiene que ver con la vulnerabilidad del Estado en su conjunto. Otra arista del mismo problema es la situación de la estructura de financiamiento a fundaciones, que no solo vulnera la solidez de la estructura de gobernanza del país, sino que además deja al descubierto la posibilidad de que gran parte de las unidades del Estado tengan problemas de control, seguridad y supervigilancia. La magnitud de las situaciones que he comentado deja entrever la estructura de un país inseguro no solo respecto a otros países. Vulneraciones de narcotráfico, terrorismo, fugas de recursos o información son las que pueden afectar a millones de ciudadanos. Por ejemplo: ¿quién nos aseguran que nuestros datos no son vendidos?
Lo que pasa en el Estado chileno no es más que el menosprecio de las auditorías preventivas y de los organismos de supervigilancia. Recordemos que años atrás a la unidad de contraloría de algunos organismos públicos se le llamaba "la huesera", ya que al buen funcionario se le trasladaba de su trabajo habitual para cumplir como auditor, no importando su capacidad y conocimiento, sino para que pasara sus últimos años tranquilo. Hoy no sé si alguna unidad del Estado estará realizando la práctica antes indicada, pero la estructura de la Contraloría tiene muchas falencias: el contralor no debe ser único; se debe contar con un comité centralizado, por ejemplo, como es el caso de la CMF. Por otra parte, en el caso de la Controlaría General de la República, por ley es un abogado el contralor, no menospreciando la carrera, para mi entender eso debería ser remplazado por un conjunto de al menos 3 a 5 miembros de diversas profesiones (no solo como un comité asesor) que se encarguen de los riesgos sistémicos y que puedan observar problemas futuros, como pueden ser, por ejemplo, hackeos, entidades que no estén preparadas frente a desastres naturales (terremotos, sequias, cambio climático, etc.).
La Contraloría no sólo debe visar documentos legales, como era en el tiempo de pelucas blancas, sino tener una estructura más sólida que observe lo complejo de una sociedad y Estado en constante cambio. Tal vez lo que estoy pidiendo es la fusión del Consejo de Auditoría de Interna de Gobierno (CAI) y la Contraloría, no dependiendo del Presidente, como es el caso del actual CAI. Pero creo, tristemente, que para la modernización del Estado y la modificación de la Contraloría deberemos esperar mucho tiempo.
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