La disolución de la autoridad

Las redes sociales tienen muchos aspectos positivos que no se discuten. Le otorgan poder a la ciudadanía, fomentan la transparencia y fortalecen la circulación de la información.

Sin embargo, estas mismas virtudes tienen un lado que resulta parcialmente cuestionable, en la medida que no sean empleadas con responsabilidad o que, incluso, se las utilice con fines particulares que, como es lógico, no se declaran con la misma transparencia que se reclama.

Si se ven los hechos sin pasiones, algo de eso es lo que ha estado ocurriendo con los cuestionamientos a la designada subsecretaria de Educación Claudia Peirano, y a la que se está sumando la situación del subsecretario de Salud Pública Jaime Burrows.

Ambos son militantes DC y han expresado en el pasado opiniones o han realizado acciones que parecen ir contra el Programa de Gobierno. Peirano ha estado vinculada a colegios particulares subvencionados y Burrows ha manifestado dudas sobre el aborto terapéutico.

Las nuevas autoridades comprometieron una revisión exhaustiva de los antecedentes de los ministros y subsecretarios designados, por lo que es presumible suponer que estas situaciones eran conocidas y aceptadas por la Presidenta electa.

Cualquiera con acceso a Internet se hubiera enterado de las opiniones de ambos en las materias que tendrán que impulsar como subsecretarios.

A partir de Peirano, la explicación del nuevo Gobierno ha sido sucinta. Ella participó en la preparación del Programa de Gobierno, y por lo tanto adhiere a este.Seguramente, lo mismo se dirá de Burrows en caso que se considere necesario dar argumentos sobre su nombramiento.

El hecho es sintomático, sin embargo, desde otro punto de vista. A más de un mes que asuma la nueva administración, se cuestionan sus primeras decisiones a través de las redes sociales.

La pregunta esencial es, entonces ¿Quién realiza el cuestionamiento? Lo que aparece como visible es que el origen de las críticas viene de un periódico electrónico que ha llegado a destinar seis notas en un día solamente a Peirano. Ese sólo dato explica mucho.

A partir de estas publicaciones, el tema se ha viralizado a través de las redes sociales hasta que la Presidenta electa tuvo que instruir a su vocero designado para que definiera el asunto, advirtiendo con toda claridad que la decisión no se modificaría a pesar de los reparos de dirigentes universitarios, entre los que se incluye el propio hijo de la subsecretaria designada.

Recién en este punto, los demás periódicos comenzaron a cubrir el asunto, y sin destinarle mayor espacio a pesar que estos días son escasos de noticias en el ámbito de la política, aunque alguno ha dedicado portadas intuyendo el sabor que representa una disputa del pacto antes de asumir el Gobierno.

Es sabido que en el seno de la Nueva Mayoría conviven fuerzas políticas con posiciones diferentes, incluso contrapuestas, frente a algunos temas centrales del Programa de Gobierno pero que han concordado algunos lineamientos básicos para lograr un acuerdo.

Desde ese punto de vista, llama la atención que las dos personas que aparecen cuestionadas por opinar en el pasado -no han cometido delitos ni han dicho siquiera si mantienen sus opiniones- sean militantes de la Democracia Cristiana.

Es como para pensar que no se trata de buscar la pureza del gabinete ministerial, sino de resolver las diferencias.

Lo complicado de esta lucha política -pues eso es, como siempre lo ha sido- es que cada vez se usan más las redes sociales como armas y los usuarios de estas redes no están completamente conscientes que son empleados como soldados de infantería.

El empoderamiento ciudadano, la transparencia y la mayor libertad en la circulación de la información pasan a ser entonces bastante relativos y cuestionables, pero la responsabilidad no es de las herramientas sino de quienes las usan y al final no se sabe quién manda en realidad.