Lo ocurrido en la comuna de La Florida -donde un inspector municipal fue detenido por Carabineros tras fiscalizar a un funcionario policial de civil- revela, con dramática elocuencia, la precariedad institucional en que se encuentran los equipos de seguridad municipal. El episodio abre una pregunta crucial: ¿Cuáles son las atribuciones reales de un inspector municipal?
La respuesta es tan ambigua como preocupante. Si bien los funcionarios municipales están facultados por ley para realizar cursar infracciones, carecen de herramientas jurídicas, respaldo normativo y protocolos nacionales unificados que garanticen su resguardo ante situaciones de conflicto. Son agentes públicos a quienes se les exige actuar con rigor y profesionalismo, pero sin contar con el respaldo adecuado del Estado.
En este contexto, la postergada Ley de Seguridad Municipal se vuelve más urgente que nunca. Mientras este proyecto sigue su lento camino en el Congreso, miles de inspectores recorren diariamente las calles de nuestras comunas bajo un marco normativo borroso, expuestos a agresiones, amenazas, y, como en este caso, a la humillación de ser detenidos por cumplir su labor.
Desde Cerro Navia hemos impulsado una visión de seguridad comunitaria con énfasis preventivo, territorial y humano. Pero sin una ley que reconozca, regule y proteja debidamente el rol de los inspectores municipales, cualquier estrategia local se ve limitada, fragmentada y vulnerable.
Por ello, reitero el llamado al Parlamento: no más dilaciones. El país necesita con urgencia una Ley de Seguridad Municipal que dote a los municipios de un marco jurídico claro, que brinde protección efectiva a sus funcionarios y que fortalezca el rol que estos cumplen en la primera línea de prevención del delito.
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