La historia vuelve a repetirse
En Chile, lamentablemente, la delincuencia común se convirtió en crimen organizado y alcanzó un grado de violencia sin precedentes. No son solo los asaltos y portonazos, también el enfrentamiento entre bandas rivales que disponen de armamento y tratan de destruirse mutuamente. Los tiroteos entre las patotas dejan muertes y heridos inocentes. La espiral de violencia llegó a ser alarmante.
Asimismo, crecen los delitos de cuello y corbata, entre ellos, la evasión en el pago de impuestos se hizo habitual, las estafas, coimas y el cohecho. Los fraudes y malversaciones en organismos públicos se repiten. El Ministerio Público, en consecuencia, imputa delitos a delincuentes comunes, células del crimen organizado, como también a millonarios ejecutivos y famosos abogados que tratan de hacer dinero fácil.
Además, desafortunadamente, los intereses corporativos se manifiestan en decisiones de instituciones democráticas fundamentales, como el caso del Poder Legislativo. Así ocurrió, desde mi punto de vista, en la llamada "mutualizacion" de la deuda de las isapres.
Por la vía de una indicación en el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para dar una vía de solución a la deuda de estas instituciones, obligación que emana de sus arbitrarias alzas y del dictamen sobre la materia de la Corte Suprema, legisladores de derecha y ultraderecha incorporaron una disposición que beneficia directamente a tales entidades y reduce a cerca de un tercio el monto que debe ser devuelto a los usuarios.
Esta disposición carece de legitimidad y socava en su esencia los principios básicos del régimen democrático al abandonar su tarea fundacional de resguardo del bien común y abanderizarse en la defensa de intereses corporativos, los de una exigua parte del país, los controladores de Isapres. Así, vulnera completamente los intereses de millones de sus afiliados y les arrebata sus derechos a la devolución de los cobros indebidos. La clase media es víctima de un verdadero asalto. Un delito de cuello y corbata.
Con toda razón se ha recordado el perdonazo de miles de millones de dólares otorgado por la dictadura a los bancos, a mediados de los años 80, sin Congreso Nacional, exclusivamente con el poder de las bayonetas que detentaba Pinochet.
La misión de las instituciones democráticas es salvaguardar los intereses de la nación en su conjunto, tiene presente la diversidad y complejidad de ellos en la comunidad nacional, pero no puede fragmentarse o diluirse en ellos. Si solo se imponen propósitos minoritarios presentándolos como intereses nacionales están abdicando de su tarea nacional. Esa conducta que se ha repetido tantas veces es una vía a su propia desautorización frente al país. Por eso, es tiempo para corregir.
Al imponerse los intereses corporativos de las isapres la historia vuelve a repetirse para tragedia de Chile, así se deteriora el régimen democrático. Con tales prácticas es muy difícil lograr que la ciudadanía crea nuevamente en el sistema político. Así gana la apatía y el desencanto. Hay que rectificar por Chile.
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