La Moneda en la duda ¿Hasta cuándo?

Camilo Escalona

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El lunes 7, fue la tardía ceremonia de asunción del nuevo General Director de Carabineros, momento que el gobierno había diseñado como punto definitivo de superación de las repercusiones políticas e institucionales generadas por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, pero no ocurrió así y en el debate público hubo nuevamente fuertes tensiones por las responsabilidades políticas del caso, concentradas esta vez en la persona del ministro del Interior.

Así, el discurso presidencial quedó relegado otra vez a un segundo o tercer lugar en la atención del público y fue el conocimiento de la declaración judicial del ex general Mauro Victoriano el factor que desplazó al gobernante.

Un día después debió acortar su gira a la Región de Magallanes y volver a socorrer al ministro, confirmándolo en el cargo ante su dramática debilidad política.

La declaración judicial del general en retiro no es desmentida por el ministro del Interior, allí señala que al saber los hechos se trasladó a Temucuicui y desde el sitio del crimen le informó que la patrulla de carabineros había disparado a personas que no portaban armas, de modo que era claro la inexistencia de “fuego cruzado” en el lugar; es decir, la autoridad política fue informada, pero señala no haber tomado nota de ello por las “interferencias” en la comunicación, lo que no tiene ninguna consistencia.

Pero, si tenía dudas o no escuchaba, el ministro del Interior no cumplió con su obligación de retomar la comunicación ante cualquier decisión a tomar en esos minutos decisivos: no confirmó si hubo o no hubo enfrentamiento y aún así se dirigió al país, sin esa confirmación, en rigor, esencial de lo sucedido, lo que llevó a error al propio Presidente en sus palabras en el exterior.

Su responsabilidad política radica en decir al país que se registró “un intercambio de disparos” cuando lo que debía hacer era despejar cualquier insinuación o duda sobre el actuar pacífico y la inocencia de ambos comuneros mapuche, su obligación era informar al país que no iban armados, que la muerte de Camilo Catrillanca y la detención del joven de 15 años que lo acompañaba no era resultado de un enfrentamiento con grupos civiles de carácter paramilitar.

En la situación creada lo central, para cualquier decisión del Estado, era desmentir la sombra eventual de lucha armada o acciones sistemáticas de violencia armada en la Araucanía.

Al no hacerlo, terminó arrastrando al propio gobierno a una sucesión de errores garrafales que pudieron tener un impacto aún más grave y violento, de lo que ya había ocurrido, en la paz social de la Región y del país. 

Fue la tenacidad de la comunidad mapuche y la familia Catrillanca, así también la firmeza de organismos autónomos como el Instituto de Derechos Humanos, los que permitieron abrir una vía a la verdad y contener el descontrol inicial de la acción gubernativa.

En el nivel de responsabilidad política que tiene el ministro del Interior, sus erradas decisiones en el ejercicio del cargo arrojan un claro balance negativo, que constituye un obstáculo para el cumplimiento de las facultades que corresponden a sus funciones institucionales y debiese dar el paso al costado que se espera de una persona de su experiencia política.

Sin embargo, no lo ha hecho y ha recibido el respaldo del Presidente de la República, esto viene a señalar que en la conducción del país prevalece un criterio de corto plazo, de sesgo coyuntural.

Se dijo que se hacía así para no darle un triunfo político a la oposición, cuando lo que en rigor debiese medir es si el ministro está o no en condiciones de seguir ejerciendo el cargo, si ha sufrido o no un deterioro que lo anula o afecta gravemente para hacerlo.

Lo anterior se confirma con sus afirmaciones en la Araucanía, el jueves 10, al señalar que “nunca está descartado”, refiriéndose a la declaración de un Estado de excepción constitucional.

El país sabe perfectamente bien que la medida de establecer el Estado de Sitio u otro similar, involucrando al Ejército de Chile hoy en la situación que se vive, sería apagar el incendio con bencina.

Una mirada desapasionada al escenario nacional indica que el ministro, entre otros factores, está ofuscado y no es idóneo en la situación que se vive, porque permanece en el centro nervioso de las comunicaciones institucionales entre la autoridad civil y la policía uniformada y nadie podrá negar que el actual ministro representa el más grave incidente y desajuste institucional de las últimas décadas en este ámbito.

En todo caso, el receso veraniego le permitirá al Presidente y al ministro hacer un balance más frío de la situación, porque insistir en tener un cargo tan sensible sin las condiciones para ello, no ayudarán ni al gobierno ni al país.

Nadie está obligado a lo imposible y el gobierno no debiese sentirse obligado a mantener en el cargo a quien le resulta imposible ejercerlo como se debe.