La profunda contradicción del secreto bancario y el CAE: la llave maestra del Estado
El Estado entró a las cuentas de ciudadanos chilenos que tenían deudas con el CAE sin pedir permiso y ahora parece querer sacar una copia de la llave para ampliar su radio de recaudación a todo evento. Recientemente, 27 mil deudores del Crédito con Aval del Estado salieron con urgencia a repactar su compromiso, mientras que, a la fecha, la Tesorería General de la República (TGR) ya ha ejecutado más de 1.500 embargos a nivel nacional producto de una deuda gris y con letra chica. Esta medida de cobro apremiante, que comenzó a implementarse de forma masiva el mes de abril y se ha extendido progresivamente evidencia una lógica preocupante en la que el aparato estatal entra como James Bond: cobra y deja las explicaciones para después.
Por años hemos escuchado el mismo sermón, "levanten el secreto bancario, porque el que nada hace, nada teme". Se ha planteado como una exigencia legítima para enfrentar la corrupción, el narcotráfico, el financiamiento irregular de la política y el lavado de activos. Suena lógico y casi incuestionable en su afán de favorecer la transparencia pública. Sin embargo, esa misma arenga hoy se transforma en indignación al ver que la Tesorería ingresó a cuentas corrientes personales sin la orden de un juez, utilizando el Código Tributario para cobrar una deuda de naturaleza civil.
El proceso se ha enfocado en deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales -según el Año Tributario 2025- e incluye el retiro de dineros líquidos en cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos, e incluso la amenaza de embargo de bienes raíces y vehículos. Se han retenido sueldos y ahorros por igual, sin distinción ni proporcionalidad, dejando a personas sin un solo peso para cubrir el arriendo, la locomoción o la comida. E incluso cuando tribunales, como la Corte de Apelaciones de Valparaíso, han ratificado la legalidad de estas acciones coactivas de la TGR, el lamento por la audacia contra la propiedad privada y el temor ante el abuso de poder y la invasión a la privacidad ya se instalaron.
Aquí es donde aparece la contradicción que la clase política no quiere mirar de frente pues, quienes hoy reclaman por los embargos de la TGR son, de acuerdo a la estadística, deudores del CAE identificados con el gobierno que aseguró que acabaría con esta obligación (y de paso que le pondría la lápida al neoliberalismo) mientras que quienes ordenan y ejecutan la medida es un gobierno de derecha bajo la recurrente excusa del país en quiebra. En ese contexto, se concede la necesidad de cobrar. Pero nuestra Constitución garantiza en su artículo 19 el respeto y protección a la vida privada. El ordenamiento jurídico actual es claro: solo los tribunales de justicia pueden autorizar el levantamiento del secreto bancario, y exclusivamente ante la sospecha de delitos graves como terrorismo, fraude al fisco o lavado de activos.
Permitir que un burócrata o un político acceda a una cuenta bancaria por vía administrativa es un acto unilateral y peligroso. Al embargar cuentas por deudas civiles sin el dictamen de un juez, el Ejecutivo cae en la misma contradicción que sus adversarios. Y en el fondo, transversalmente, ningún político quiere abrir sus propias cuentas por pudor (o temor tal vez) para evitar ser el festín del bando contrario en un escenario donde el nepotismo y las brechas salariales siguen siendo el principal cisma de nuestra sociedad.
Si hoy aplaudimos que un burócrata entre al monedero de las familias chilenas por el crédito con el que estudiaron, ¿con qué argumento nos escandalizaremos mañana si otra repartición pública fisgonea, bajo meras suspicacias, en nuestras declaraciones de IVA, en los libros contables de la pyme o en el trámite de una herencia familiar?
Levantar el secreto bancario de forma deliberada equivale a copiar la llave de nuestra casa y entregársela a un extraño, en este caso, al Estado. Hoy la usaron para el CAE, pero mañana podrían emplearla para cualquier asunto que califique bajo el amplio concepto de "interés fiscal". El problema de fondo es técnico e institucional ya que si el sistema se equivoca -como ya ocurrió con fallas administrativas que vaciaron cuentas por error-, ¿quién respondería?, ¿con qué garantías quedamos los ciudadanos cuando el error de un algoritmo o el simple capricho te deja en números rojos?
Como en el mundo de las leyes: cada cual interpreta la norma como más le acomoda y defiende a su cliente con subterfugios y relatos propios. Pero si vamos a querer un Estado con llave maestra para ingresar a las cuentas sin autorización de los tribunales, entonces asumamos el costo de capitán a paje cuando esa misma llave abra las puertas que hoy preferimos mantener cerradas. Si, por el contrario, preferimos un secreto bancario blindado y con la exigencia estricta de un juez, de acuerdo, pero dejemos de exigir la apertura exprés cuando el delito es de cuello y corbata o cuando el corrupto se oculta tras cuatro firmas y una sociedad de papel.
Con una cancha sin límites claros y una pelota que se mueve según el interés del momento, son las contradicciones del propio juego las que no nos están dejando jugar con libertad en este escenario de supuesto liberalismo prometido por el Ejecutivo. La política tradicional juega su propio partido de conveniencias. El oficialismo busca cobrar con todo el rigor al deudor común, pero exige resguardos y debido proceso cuando se fiscaliza a las élites. Por su parte, la oposición exige transparencia total y cero secreto para el adversario de turno, pero estalla en defensas por la privacidad corporativa y las garantías individuales cuando le toca a los suyos.
No defendemos aquí a los deudores morosos ni a quienes, teniendo altos ingresos, "olvidaron" pagar sus cuotas estos últimos años. Tampoco justificamos los embargos sin control judicial. Lo que deseamos, perdonando la analogía mundialera, es pedirle al VAR que revise estas jugadas. Exigimos, como mínimo, un correcto rayado de cancha y una pelota detenida para poder avanzar con justicia y sentido común.