La táctica del gobierno: cárcel, hospital y cementerio
La estrategia es burda y se encuentra condenada al fracaso de antemano. La desesperación de la clase política es tan grande que veremos muchos intentos de frenar los procesos de transformación social iniciados en Chile hace décadas, pero precipitados desde octubre.
En momentos de crisis, el tiempo histórico se acelera y se conjuran las viejas estrategias y los viejos próceres. La crisis social de 1924, la salida pactada de la dictadura en 1989 se aparece ante la memoria social, no como un acabado conocimiento histórico, sino como el convencimiento de la continua traición de la clase política.
Ya se han presentado dos querellas en contra de personas que han sido agredidas por Carabineros. La institución policial, convertida en bastión de la derecha, se encuentra en una crisis terminal.
Hace meses debió renunciar el General director, pero el gobierno, en cambio, ha dado la espalda a la ciudadanía y apoyado el actuar de su personal.
Las marchas del rechazo donde se ve a un puñado de encapuchados y “primeras líneas” siendo prácticamente escoltados por Carabineros es la constatación de la parcialidad policial.
¿Puede existir algo más irresponsable que un gobierno que consiente este nivel de negativa exposición de una institución que señala necesaria?
La estrategia que se ha puesto en marcha se sustenta en la tesis elaborada por intelectuales orgánicos como Carlos Peña que sostienen que el Estado, antes que cualquier cosa, debe garantizar el orden social.
La vieja tesis portaliana del “peso de la noche” ha sido convocada en auxilio de quienes están siendo vomitados por la ciudadanía casi completa.
Es más que evidente que la transversalidad del “apruebo” aplastará a la tozuda e ideológica posición del “rechazo”. Esto causa pavor en la élite y la hace invocar sus inmemoriales prácticas de apoyar la violencia propia para generar un clima social donde se haga necesaria la intervención militar.
El proyecto de “infraestructura crítica” y otras iniciativas de control social son la evidencia del fracaso de este gobierno en materia de orden público. Un proyecto sencillamente delirante y mal hecho. En todo caso, este fracaso lleva más tiempo que el estallido social. Sencillamente, no cumplieron su promesa de reducir la delincuencia.
El gobierno también está quebrado en materia de orden público y pretende apagar el incendio con bencina.
Pero la tesis de imponer el orden a cualquier precio está fracasada. En primer lugar, porqué los esfuerzos deberían ir en el sentido de dar conducción al proceso de construcción de la nueva Constitución. La de 1980 ya está muerta. Esto no tiene vuelta atrás. Ya se hizo hegemonía en este campo. Ingresó al sentido común el hecho de que está hecha para favorecer los intereses de la élite. Ya se movió esa frontera. Por más palos, cárcel y cementerio que le den a la gente, esto no cambiará.
En segundo lugar, porque la fuerza social que acompaña a este movimiento no tiene precedentes y es suficientemente transversal y poderosa para seguir teniendo en jaque al gobierno. La masividad del movimiento social no cesará ni por miedo al coronavirus. El camino portaliano es un callejón oscuro en el cual el gobierno pretende meter a militares, policías y al mismo congreso. Todos juntos de la mano en contra de una ciudadanía que se cansó de esperar justicia social.
¿Qué raro que los ojos perdidos y las muertes perpetradas por los agentes del Estado sean, en su mayoría, de personas comunes que protestaron por un país mejor y no de delincuentes que saquearon y quemaron lugares?
Este pésimo gobierno está abriendo las puertas del infierno y quiere meternos a todos adentro.
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