La universalidad de los derechos sociales
Una realidad que tiene poca visibilidad en Chile es la que enfrentan miles de hogares que tienen algún familiar con dependencia severa. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la prevalencia alcanzaría al 8,3% de la población nacional, lo cual arroja una cifra de más de 112 mil personas, la mayor parte de ellas en el rango de los 21 a 40 años.
Nuestra comuna, Cerro Navia, tiene una prevalencia de la discapacidad que duplica a la media nacional, con al menos 1.000 casos de dependencia severa, según los datos municipales. Esto supone un enorme desafío desde el punto de vista del cuidado y apoyos que requieren estos grupos familiares para sobrellevar una enfermedad compleja, además con ingresos económicos limitados.
Según el Índice de Prioridad Social de Comunas del Ministerio de Desarrollo Social que se publica desde 1995, Cerro Navia se encuentra entre los municipios más vulnerables de la Región Metropolitana, lo que nos ha obligado como gobierno local a diseñar programas innovadores, eficientes, oportunos y que resuelvan de manera concreta problemas sociales de las familias en ámbitos tan críticos como la alimentación, la salud o la educación.
En esa línea, este 2 de mayo lanzamos el "Plan (In)Dependencia", para entregar apoyo permanente a personas en situación de dependencia severa y sus cuidadoras (no olvidar la feminización del cuidado), a través de acompañamiento telefónico, asistencia de salud, social, económica, jurídica o en mejoras habitacionales. La plataforma nos permite hacer derivaciones a distintas reparticiones municipales y dar servicios como podología, entrega de pañales, colchones anti escaras y catres clínicos.
Pero más allá de la descripción de este programa, que de paso hay que decir que es único en el país, lo realmente relevante es destacar cómo estamos interviniendo desde una aproximación más compleja la vulnerabilidad en comunas donde hay tantas y tan variadas necesidades. La dignidad es uno de nuestros sellos de la gestión social, apuntando al hecho de que la acción pública debe acompañar a quienes más lo necesitan y que están en desventaja.
La acción del Estado debe verse y concertarse en este tipo de situaciones y es ahí donde el debate sobre la universalidad de los derechos sociales cobra tanta relevancia ya sea en relación con el trabajo que está haciendo el Gobierno, el Congreso como la Convención Constituyente. Cuesta entender que aún haya sectores que se oponen a que la Carta Fundamental establezca una línea base para la acción de política pública que asegure estándares mínimos de desarrollo humano, de acompañamiento a la vulnerabilidad y de apoyo a los que han tenido menos oportunidades. Pero aún vemos resistencia. Esto se agrava por el hecho de que muchos de los que sufren de este tipo de postergaciones simplemente o tiene la voz y la influencia ante los medios de comunicación o las redes sociales, en donde prevalecen las voces técnicas que hablan de un Estado aséptico.
Chile no superará sus diferencias, su nivel de tensión social y su inconformidad con el modelo si no ve que efectivamente la cancha se nivela, si no ve que los derechos son materializados y protegidos desde la más alta legislación. Ya han sido muchos los abusos y muchos los años de espera de miles de familias por un colchón, un bono de atención médica, una canasta de comida o una simple voz al otro lado del teléfono para sentirse que no están solos o solas en medio de tanta adversidad. Desde abajo acá se construye un Estado de Derechos.
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